Almarina Ferrer, quien se presentó este martes, 3 de mayo, como defensora privada de Barbra Peraza, Rorayma Camacho y Roytmar Camacho, tres de los cuatro médicos presos por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), dijo que los profesionales trabajan con niños quemados y con labio leporino en el hospital pediátrico Agustín Zubillaga, de Barquisimeto.

“Ellos atienden a los pacientes pediátricos y ahora el hospital no tiene a estos médicos allí; queda un área sin especialistas. Sabemos que en el país, quien médico y docente lo hace como un apostolado, como parte de su labor social, no por el pago”, apuntó Ferrer a El Pitazo en compañía de familiares y amigos de los médicos, en las inmediaciones de la plaza de la Justicia.

La defensora aseveró que a los especialistas imputados por el Ministerio Público, por los delitos de estafa continuada, oferta engañosa, lesiones gravísimas con multiplicidad de víctimas y asociación para delinquir, les violaron las garantías de ley durante la aprehensión.

La abogada señaló que la presunción de inocencia establecida en la Constitución no fue garantizada y tampoco se cumplieron dos decisiones de la Sala Constitucional, en su sentencia 754 del mes de septiembre de 2021, ratificada el 30 de marzo de 2022.

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“En dicha sentencia se prohíbe al Ministerio Público, a todos los jueces y tribunales del país, acordar órdenes de aprehensión sin que se hubiere cumplido la garantía de que la persona haya sido sido llamada tres veces por órgano investigador para comparecer y esta se haya negado. Eso no ocurrió en este caso”, precisó Ferrer.

Almarina Ferrer denunció que los médicos fueron interceptados por las comisiones del Cicpc, llevados bajo engaño a la sede del cuerpo policial para declarar, y estando allí fue cuando les notificaron la privativa preventiva de libertad. “Por ejemplo, en el caso de la doctora Barbra, hubo una intempestiva intercepción (de su vehículo) en la avenida Lara”, acotó la abogada.

Denunciados hace cinco meses

La representante legal mencionó que la primera denuncia en contra del equipo médico fue el 20 de diciembre del año 2021, aunque no quiso ofrecer mayores detalles debido a que la causa se encuentra en litigio.

“No se cumplieron los canales regulares. Nunca hubo un llamado para que se presentaran, a pesar de que la primera denuncia fue hace casi cinco meses y los médicos, en esa oportunidad, fueron hasta la Fiscalía Sexta para que fuese escuchada su versión. Por eso no se justifica que en menos de 15 días se solicite una privativa preventiva de libertad”, explicó Almarina Ferrer.

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Durante el allanamiento a la clínica Las Mercedes de Barquisimeto —refiere la abogada—, el viernes 22 de abril, los médicos estaban en el lugar y les pidieron a la fiscal que lleva el caso que escuchara su versión. Esta respondió que los iban a llamar para que comparecieran, pero no fue así.

Hasta ahora, cinco pacientes han denunciado al equipo de médicos por complicaciones postoperatorias graves e incluso por la realización de procedimientos que no estaban acordados con la cirujana principal. Otras presuntas víctimas anexarán sus denuncias próximamente, según indicaron las fuentes periodísticas a El Pitazo.