La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, informó que el Ministerio Público presentará en las próximas horas ante los tribunales de control del área metropolitana de Caracas a 19 personas que fueron detenidas durante el operativo emprendido por los cuerpos de seguridad del Estado venezolano en la Cota 905.
Tras encabezar la Jornada de Reflexión sobre el Esequibo, efectuada este miércoles 15 en el auditorio de la sede principal del Ministerio Público, Ortega Díaz precisó que estas detenciones se sustentan en la presunta comisión de varios delitos, entre los que destacan homicidios, robo y hurto de vehículos, y el tráfico ilícito de drogas.
«Hay un equipo técnico de la Unidad Criminalística Contra la Vulneración de Derechos Fundamentales que constata el estado de salud de los detenidos en este operativo e igualmente hará el reconocimiento post mortem de los fallecidos», puntualizó.
Indicó que 18 fiscales de la institución fueron desplegados para el mencionado operativo, en el cual se recuperaron 30 vehículos solicitados, siete de los cuales ya se entregaron a sus propietarios. En las próximas horas, tras las experticias técnicas de rigor, serán devueltos los otros vehículos.
Ortega Díaz también dijo que se habían recolectado evidencias de interés criminalístico como armas de fuego y municiones.
A su juicio, el Estado actúa conforme a lo que establece la Constitución y las leyes, en estricto apego al respeto de los derechos humanos.
Por su lado, el Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, adelantó que el organismo que lidera está abierto a recibir cualquier denuncia de los familiares de los posibles afectados por el dispositivo de seguridad efectuado en la Cota 905.
«Recientemente durante estos meses del año 2015 la Cota 905 se convirtió en un territorio vedado para los ciudadanos decentes de esta país, llegando a ocurrir circunstancias graves como funcionarios policiales acribillados, les quemaron motos», expresó.
Estima que los funcionarios policiales también tienen derechos humanos que deben ser garantizados y defendidos. «El Estado venezolano actuó en los términos donde revela la parte oficial que hubo una circunstancia de violencia grave, fueron repelidos cuando tomaron esa zona».
Explicó que el Ministerio Público deberá investigar los casos y la Defensoría está abierta a cualquier asesoramiento de familiares que requieran la asistencia.
Para el Defensor, el tema debe ser visto de manera objetiva y no distorsionarlo como parte de la diatriba política.
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