Una coalición de grupos venezolanos del exilio en Miami (Florida) expresó este miércoles su respaldo al proyecto de ley que podría dar residencia permanente en EE.UU. a los venezolanos que hayan tenido que abandonar su país.
«El proyecto de ley busca resolver los problemas de miles de venezolanos que han llegado a Estados Unidos y se están integrando» y que, de ser devueltos al país, sufrirían la «violación de sus derechos humanos», señaló el comunicado emitido por el grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex).
La medida afectaría a miles de venezolanos que llegaron a territorio estadounidense «huyendo de la persecución política del régimen que impera en Venezuela», explicó el grupo en el comunicado.
A la nota se adhirieron Helen Villalonga, presidenta de Amavez; José Hernández, secretario de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD-Miami); Jesús Bello, de la Organización Se Habla Venezolano; Carlos Pereira, presidente del Club de Venezolanos Demócratas, y Alejandra Romero, del grupo Finding Venezuela.
El proyecto, patrocinado por los republicanos Ileana Ros-Lehtinen y Carlos Curbelo y los demócratas Alan Grayson y Debbie Wasserman Schultz, beneficia a los venezolanos que llegaron a EE.UU. antes del 1 de enero de 2013, siempre y cuando no tengan antecedentes penales ni estén buscados por la Justicia.
«Durante la última década, miles de venezolanos se han visto obligados a huir de la brutal dictadura de (Hugo) Chávez -presidente de Venezuela de 1999 a 2013-. La situación no ha mejorado bajo su sucesor elegido a dedo, Nicolás Maduro», apuntó Curbelo esta semana en un comunicado.
«Los únicos responsables de esta situación son los personeros y funcionarios venezolanos del régimen liderado por Chávez primero y luego por Maduro, quienes han convertido a Venezuela en un estado al margen del fuero internacional que viola los derechos humanos de sus connacionales dentro y fuera del país», destacó el comunicado.
La coalición dijo «comprometerse a seguir realizando todos los esfuerzos necesarios para beneficiar a miles de venezolanos en los Estados Unidos» que, de verse obligados a regresar a Venezuela, «estarían condenados literalmente a la muerte», tanto «ellos como sus familiares».
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