Caracas.- Niñas, niños y adolescentes son víctimas directas de la violencia. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV), Cecodap y otras organizaciones elaboraron un informe sobre las muertes violentas en la población más frágil en 2018.
Los datos son más que alarmantes. Son 1.484 muertes en solo un año. Es decir, cuatro niños o adolescentes muertos cada día de ese año.
120 niños, niñas y adolescentes muertos cada mes, el equivalente a cuatro salones de clase asesinados cada mes del año, según el OVV, que también estima que eso representa el 6% del total de muertes violentas en el país.
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El informe presentado muestra que las más altas cifras de muertes de
niños y adolescentes corresponden a homicidios, declarados como tales: 840 homicidios, de los cuales, 730 son muertes de adolescentes y 110 muertes de niños y niñas menores de 12 años de edad.
“La represión se ha convertido en una política de Estado”, sostiene Carlos Trapani.
Muertes extrajudiciales
Una de las cifras más preocupantes son las muertes extrajudiciales en esta parte de la población.
El estudio revela que un total de 287 muertes son por “resistencia a la autoridad”, es decir, muertes ocurridas por la actuación de funcionarios y cuerpos de seguridad del Estado.
Es un dato que duplica la cifra de 2017 cuando se registraron 108 casos.
Otros números alarmantes son las muertes etiquetadas como “muertes en averiguación”: 357 niños, niñas y adolescentes.
Violencia familiar
Otros aspectos del informe destacan la violencia familiar, la violencia en las escuelas, explotación sexual y justicia.
En relación con la violencia familiar, se registró un aumento. Sin embargo, como en todos los aspectos del informe, la opacidad estadística impide manejar cifras concretas, por lo que han tenido que recurrir a métodos cualitativos.
El Programa de Orientación y Fortalecimiento Familiar (Profam) ha determinado que la violencia familiar “se modificó y aumentó. Antes, si un niño llegaba con una marca de correa, ahora llega con las piernas golpeadas”.
También determinaron que “mamá y papá son los principales victimarios”.
Explotación sexual en aumento
La explotación sexual también ha ido en aumento exponencial a la necesidad de sobrevivencia.
El Estado tiene responsabilidad en la violencia contra niños, niñas y adolescentes al no contar con instituciones fuertes que velen por los derechos de esta población.
Otro factor que registra el informe es la negligencia por parte de los padres o responsables.
Mercedes Muñoz, directora para la educación sexual de Avensa, reporta que 27 % de los partos son de adolescentes.
El cóctel compuesto por la casi inexistente educación sexual sumada a la escasez de métodos anticonceptivos, que puede llegar a 90 %, empeora un panorama ya crítico.
En cuanto a las agresiones sexuales, el 39 % de los Consejos de Protección en zonas rurales asegura que no reciben denuncias.
Los Consejos de cinco de las principales ciudades están prácticamente cerrados por razones presupuestarias.
Muñoz además señala que el sistema se encarga muchas veces de buscar al victimario y no de la víctima. “Hay miles de formas de abuso que no necesitan la presencia del menor”, dice.
La mayor incidencia de abuso sexual ocurre en zonas fronterizas o turísticas como Maracaibo, La Guaira, Barcelona y en el Arco Minero.
La violencia en el sistema penal es aún más complicada de determinar. Se desconoce -y no hay forma de saber- cuántos adolescentes están detenidos. Pero sí se saben que no reciben el trato que la justicia indica. Son aislados y mezclados con población penal adulta.
El estudio indica que “se ha perdido la especialización en la jurisdicción penal adolescente”.
Detenciones de adolescentes
Los peores casos registrados son aquellas detenciones de adolescentes durante protestas, quienes son sometidos a tratos crueles y degradantes.
Durante las protestas, en especial las ocurridas en 2019, se ha visto cómo la mayoría de asesinados fueron menores de edad. “El sistema penal se ha convertido en una gran caja negra”, indica Trapani.
Finalmente, las distintas organizaciones que trabajaron en el informe hacen un llamado a reconocer que hay un problema de violencia compleja y que se requiere de un programa de políticas públicas para abordarlo.
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