Caracas.- Ejecutado. Así se presume que murió Óscar Pérez, el expiloto del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que fue arrinconado junto a seis compañeros por funcionarios policiales y militares en un chalet ubicado en El Junquito, el 15 de enero de 2018. El diario español El Mundo, a casi dos años de lo sucedido, mostró más fotos de las víctimas y reveló que Sondas Cortés, un compañero de Pérez en el cuerpo policial, fue el encargado de filtrarlas. El exdiputado Wilmer Azuaje llevó las gráficas este lunes a la Corte Penal Internacional, en La Haya.
El pasado 15 de marzo la fiscal de la República, Luisa Ortega Díaz, fue la primera en difundir ante la opinión pública fotos del cadáver de Pérez. En las fotografías se observó como la víctima fue alcanzada por, al menos, 12 disparos, el más imponente: uno que le impactó en la nuca.
Este 8 de diciembre, el diario español publicó un reportaje con las gráficas de los cadáveres de las siete víctimas: Óscar Alberto Pérez, Daniel Soto Torres, Abraham Lugo Ramos (funcionario sublevado de la GNB), Jairo Lugo Ramos (funcionario sublevado de la GN), Abraham Israel Agostini, José Díaz Pimentel (funcionario sublevado de la Dgcim) y Lisbeth Andreína Ramírez Montilla. Las fotos muestran que todos recibieron disparos en la cabeza; a Lisbeth un tiro le impactó entre ceja y ceja.
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El dato principal de la publicación, además de la difusión de las fotos, fue nombrar a la persona que se encargó de filtrarlas. A pesar de que muchos sospecharon que habrían salido de la medicatura forense de Bello Monte, sitio donde estuvo el cuerpo de Pérez y compañía durante siete días y donde diputados de la Asamblea Nacional y sociedad civil exigieron que fueran entregados a sus familiares, las imágenes se extrajeron del Cicpc.
Un hombre identificado como Sondas Cortés, un excompañero de Pérez en el Cicpc, tuvo acceso al registro gráfico y en febrero de 2019 huyó a Colombia. El Mundo asegura que cuando llegó al vecino país se puso en contacto con el exdiputado Wilmer Azuaje y este se las mostró a Ortega Díaz, quien al tener acceso al primer lote de fotos tomó la decisión de presentar un informe ante la Corte Penal Internacional que llama la masacre de El Junquito.
Ortega Díaz dijo el 14 de marzo que tenía en su poder más de 300 fotos y el informe forense que «certifica la ejecución de este grupo de venezolanos a manos de funcionarios y paramilitares que sirven a la tiranía”.
La denuncia tuvo una segunda parte, pues la mañana de este 9 de diciembre el exdiputado Azuaje indicó a través de su cuenta de Twitter que asistió a la Corte Penal Internacional, en compañía de más de 400 fotos, que probarían que en El Junquito ocurrió una masacre.
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Un operativo con órdenes y contraórdenes
El 15 de enero de 2018 se llevó a cabo un procedimiento organizado por funcionarios de la Guardia Nacional, la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), el Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) y las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana para rodear un chalet ubicado en el sector El Cujicito, en el kilómetro 16 de El Junquito. La vivienda servía de escondite a siete personas: Óscar Pérez y seis acompañantes, entre ellos una mujer.
El operativo policial y militar fue nombrado por el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, como Operación Gedeón, tuvo una duración de siete horas aproximadamente (de 5:00 am a 12:00 m) y dejó siete víctimas civiles. Además murieron dos funcionarios de las Faes: el supervisor Andrew Ugarte -quien tenía doble identidad y recibía el nombre de Heyker Vásquez, líder del colectivo Tres Raíces- y el oficial agregado Nelson Chirinos.
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Luego del hecho, la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional fue el primer ente en investigar caso. El 15 de marzo de 2018 los diputados difundieron un informe en el que señalaron que los siete integrantes del Movimiento Equilibrio recibieron disparos a la cabeza; que en el operativo hubo órdenes de preservarles la vida y contraórdenes para matarlos; que se violaron leyes y disposiciones constitucionales relativas al resguardo del sitio del suceso y de los cuerpos (el chalet fue destruido por el Estado y en el área solo quedaron escombros). También informaron que los familiares y conocidos de las víctimas fueron objeto de violación de derechos humanos, persecución, detenciones arbitrarias y torturas días antes y después del suceso.
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