Caracas.- Veinticuatro años y tres meses de prisión es la condena que confirma la Sala 1 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Zulia en contra de ocho exfuncionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) que están señalados por los delitos de violación y tratos crueles en contra de un joven zuliano que fue detenido de manera arbitraria en las manifestaciones antigubernamentales del año 2017.
La información la precisó la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, Codhez, que precisa que la defensa de los condenados había interpuesto un recurso para apelar la sentencia que se dictó el pasado 11 de mayo por el Juzgado Tercero de Control del Circuito Judicial Penal del estado Zulia. Ante esto, la Corte desestimó la apelación y ratificó la condena.
Los exfuncionarios que deberán pagar esta sentencia son: Alvis Labarca, Joxi Quiroz, Kendry Osorio, Paúl Bautista, Rolando Baleta, Carlos Contreras, y Manuel Chacón. También recae sobre Lizusjey Niebles, quien está en condición de arresto domiciliario.
La Comisión para los Derechos Humanos también precisa que la sentencia es extensiva para Michael González y Leonardo López, quienes están evadidos y con una orden de captura por parte de la Interpol.
Este caso, representado por Codhez, comprende una serie de hechos que vulneraron derechos fundamentales de la víctima y que se configuran como graves violaciones de derechos humanos.
En el informe, Codhez precisa: “Durante su privación de libertad de manera arbitraria, el joven fue torturado con violencia sexual, razón por la cual Codhez alegó en su defensa tener convicción suficiente para juzgar a los acusados por el delito de tortura, dada la gravedad de los hechos y el daño ocasionado. Sin embargo, el alegato fue desestimado tanto por el Ministerio Público como por el Tribunal Tercero de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Zulia”.
Tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes
Los hechos ocurrieron el pasado 20 de julio de 2017, en una protesta que se desarrollaba en las adyacencias de la sede de Corpoelec en Maracaibo, en el sector Amparo. “En este caso se destaca la detención arbitraria de la víctima, en perjuicio de sus derechos a la libertad personal y a la protesta pacífica, y la violación a su derecho a ser presentado ante el juez natural y debido proceso, puesto que el joven fue presentado ante tribunales militares contraviniendo lo dispuesto en la Constitución venezolana. Mientras estuvo privado de libertad, el joven fue víctima de abuso sexual por parte de los funcionarios custodios”, refiere el texto.
El primer informe emitido por la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, en septiembre de 2020, documenta este caso junto a otra serie de hechos suscitados el mismo día y que involucran a otras víctimas.
“Hay motivos razonables para creer que se cometieron actos de violencia sexual y de género, incluida la violación contra C1EE09 (hombre) y otras formas de violencia sexual contra una niña de 13 años y una mujer, lo que equivale a tortura y tratos crueles, inhumanos o degradantes”, concluyó el informe de este mecanismo de las Naciones Unidas.
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