Caracas.- La muerte de la joven Daniela Figueredo por un “disparo accidental” de un funcionario de PoliZamora que intentaba abusar de ella revela el extenuante drama al que están expuestas las mujeres en los calabozos de Venezuela.
Hacinamiento, violación de derechos humanos, propagación de enfermedades y retardo procesal han sido denunciado constantemente por diversas ONG y familiares de las reclusas. La mayoría ha tenido que ofrecer “favores sexuales” a cambio de beneficios tan básicos como agua o comida, según informes de la ONG Una Ventana a la Libertad (UVL).
Ya desde 2020, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) daba cuenta que el hacinamiento en las cárceles de mujeres es del 117%.
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El hacinamiento en algunos centros es más extremo que en otros. Un reporte de septiembre de 2020 de la OVP reseña que tres mujeres detenidas en una celda de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en Yaracuy conviven entre heces y gusanos y sin acceso a agua para asearse. Además, familiares denuncian que tampoco les entregan los alimentos que les llevan a las reclusas.
En el estado Bolívar el OVP reveló que la mayoría de las mujeres se encuentran detenidas en centros policiales no aptos para reclusiones –su función original era la de ser centros de detención preventiva, por lapsos de hasta 72 horas–. Allí deben tolerar intentos constantes de abusos sexuales por los custodios, en su mayoría hombres, contraviniendo toda norma internacional que establece que deben ser custodiadas por mujeres.
“Yo estuve detenida una semana en el Cicpc y no podíamos dormir en las noches, solo en el día, porque en las noches los funcionarios entran a las celdas e intentaban abusar de nosotras”, relató a El Pitazo una exdetenida que prefirió no identificarse por temor a represalias.
La falta de atención y acceso a insumos básicos, como alimentos o medicinas, también son parte del día a día de las reclusas en Venezuela.
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En octubre de 2020 una reclusa de la cárcel de Santa Ana, en Táchira, falleció con un cuadro de desnutrición. La detenida, una colombiana de 61 años, había perdido 20 kilos y a pesar de que las custodias estaban al tanto de su situación, nunca recibió atención médica ni alimentos suficientes.
En ese mes, se supo del caso de una reclusa del Instituto Nacional de Orientación Femenina (Inof), en Los Teques, a quien le detectaron cáncer de seno y en un año solo se le permitió realizarse un examen médico.
Un reportaje publicado por El Pitazo reveló que ese centro de reclusión no cuenta con servicio médico desde hace dos años, vulnerando un derecho fundamental establecido en el artículo 83 de la Constitución de la República.
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