San Félix.– Este lunes de Carnaval fue de luto para los familiares de la masacre de Cicapra, una de las minas más importantes del estado Bolívar, al sur de Venezuela. Familiares y políticos de la región no tienen tapujos en calificar de “masacre” lo que el Ejército nacional llamó “enfrentamiento”, luego de ver los cadáveres. Mientras tanto, los gobiernos regional y nacional guardan silencio.
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Mediante registro fotográfico y testimonio de los allegados de las víctimas se evidencia que los 18 murieron con disparos en la cabeza y en el tórax. Angelys Rodríguez Cuevas, la única mujer entre las víctimas, también tenía disparos en ambos pechos.
Desde el sábado 10 de febrero, cuando ocurrió el suceso, se difundió la versión de que Angelys Rodríguez era la líder de la mina Cicapra, que quedó al mando, luego de que su hermano, Anderson Cuevas, fuera asesinado en Puerto Ordaz en febrero de 2017, en un ajuste de cuentas. Este lunes se conoció que Angelys era la dueña del molino en el yacimiento y tenía una empresa registrada para la extracción del metal precioso.
“Ella se había reunido cinco días antes (el 5 de febrero) en Caracas, en el Ministerio de Minas, para incorporar su empresa al Arco Minero del Orinoco… cómo se explica que después entre el Ejército a la mina y ocurra esto”, cuestionó Rachid Yasbek, diputado a la Asamblea Nacional (AN) por el estado Bolívar, quien ha acompañado a los deudos, mientras entregaban los cadáveres en el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) de San Félix.
Entre las 18 víctimas estaban el esposo de Angelys Rodríguez, Yurbi Durán, y su hijo, Hiulis Rodríguez. Sus actas de defunción especifican que murieron por “shock hipovolémico, hemorragia interna y herida por arma de fuego en el tórax”, omitiendo los disparos que recibieron en el cráneo.
Del total, solo han sido identificados 12, pues son oriundos de varias poblaciones del estado Bolívar. Los otros seis esperan que sus familiares lleguen de otros estados de Venezuela. Para leer la lista completa, puede pulsar en este enlace.
Con tiros en la cabeza
“Lo primero que nos preguntamos es cómo el Ejército reporta un enfrentamiento en donde mueren 18 de un lado, pero no hay ni un herido del otro… Además, por qué el Cicpc no hizo la prueba de parafina para probar si, de verdad, las víctimas dispararon las armas que se dice que incautaron”, detalló Yasbek, al recordar que el parte oficial revela la incautación de fusiles de guerra, una granada y varias pistolas con municiones.
Entre los documentos a los que El Pitazo tuvo acceso, solo el acta de defunción de César Manuel Ramírez (43), otro de los ajusticiados, especifica que murió por hemorragia cerebral, fractura de cráneo y herida por arma de fuego en la cabeza.
El diputado a la AN por los municipios del sur de Bolívar, Américo De Grazia, reveló, vía Twitter, que en Upata enterraron a dos de las 18 víctimas de la masacre de Cicapra: Giovanni Vera (34) y Jhojan Contreras (38), cuñados, quienes no eran mineros, sino que transportaban combustible –de manera ilegal- hacia las minas del municipio Roscio.
Lo mismo reportaron del caso de Tygue Linares (34), quien también repartía gasolina. Fue enterrado este lunes por sus familiares en Ciudad Bolívar.
El Pitazo intentó contactar a familiares de varias de las víctimas de Cicapra, incluyendo a la de Anyelis Rodríguez Cuevas, pero ninguna contestó. El Ministerio Público designó al fiscal Francisco Abreu para investigar el caso.
Antecedentes
Yasbek recordó que en 2015 ocurrió una primera masacre en la mina Cicapra, en la que murieron 40 personas en presuntos enfrentamientos entre bandas armadas por el control del yacimiento aurífero del sur de Bolívar. La investigación de este hecho nunca fue publicada.
Las minas del sur del estado Bolívar han estado en manos de bandas criminales desde hace varios años. La masacre de Tumeremo, en 2016, reveló la crueldad de estos grupos parapoliciales, en el suceso en el que 17 mineros fueron asesinados y enterrados en una fosa común, en manos de asesinos de la banda de Jamilton Ulloa, alias “El Topo”.
Los ajusticiamientos por parte de militares tampoco son nuevos. En 2006, un comando del Ejército mató a cuatro personas en una mina del Alto Paragua, lo que se conoció después como la masacre de La Paragua. Aunque en un principio el Ministerio de Defensa negó el hecho y lo calificó de “enfrentamiento”, la presión de los familiares y la declaración de un sobreviviente empujaron la investigación del Cicpc, que determinó que los occisos no dispararon. 14 castrenses fueron imputados por homicidio.
Yasbek y la fracción parlamentaria del estado Bolívar solicitarán a la plenaria de la AN investigar la masacre de Cicapra.
En el ínterin del dolor y desesperación de 18 familias que lloran a sus allegados ajusticiados, el gobernador del estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, el ministro del Interior, Néstor Reverol, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, y el fiscal general de la República, Tarek William Saab, guardan absoluto silencio sobre el cruento suceso que vuelve a manchar de sangre los predios del Arco Minero del Orinoco.
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