La Guaira.- Con un nuevo paro, esta vez por 48 horas, durante los días lunes 6 y martes 7 de febrero, el Comando Intersindical de Docentes Estadales de Vargas intensifica la protesta ante la querella que mantiene con el gobernador de esa entidad, Jorge Luís García Carneiro, ante su negativa a reconocer deudas pendientes con los educadores, correspondientes a incidencias, bonos y aumentos presidenciales.
Los docentes aseguran que el paro busca lograr la homologación absoluta del Contrato Único y Unitario, que entró en vigencia el 1º de marzo de 2016, los aumentos decretados por la Presidencia de la República y los pagos correspondientes a su contratación colectiva.
“Reclamamos el retroactivo de la homologación desde marzo hasta octubre del año 2016 y su incidencia en las vacaciones de agosto del 2016. No se nos reconoce el aumento del 20% del decreto presidencial de noviembre del 2016, ni tampoco se nos reconoce el 50% del decreto presidencial de enero del 2017, anunciado por el Ministro Elías Jaua. Entonces, ¿cómo puede decir el gobernador García Carneiro que no nos debe nada?”, se pregunta la docente Carmen Monasterios, presidenta del Sindicato de Trabajadores de la Educación del Estado Vargas, vocera de los cinco sindicatos que integran el comando.
Sanciones para maestro que se una al paro
Sin embargo, la postura del patrono, en este caso la gobernación de Vargas, asegura que han honrado los compromisos con los educadores. Así lo precisó el Procurador de Vargas, Pedro Rodríguez, quien en compañía de la secretaria sectorial de Educación, Katiuska Hernández, y la jefe de recursos humanos, Mayorit Loreto, aseguró que “se ha venido honrando los compromisos en el sector desde el mes de octubre de 2016, haciendo uso de recursos propios, con un aumento salarial de un 132%, no sólo en sueldo sino también en primas, lo cual posiciona a los educadores de Vargas entre los mejores pagados en todo el país”.
Rodríguez rechazó las declaraciones emitidas por el Comando Intersindical y alertó a los docentes a no caer en la convocatoria a paro, haciendo referencia a la apertura de procedimiento administrativo de los cuales fueron objeto 37 educadores que el pasado 30 de enero se sumaron a la paralización de actividades y se negaron a recibir a los alumnos en las aulas de clase.
“Las sanciones van desde la suspensión de pago hasta el despido”, advirtió Rodríguez.
Los líderes sindicales aluden a otra realidad: “Si somos los mejor pagados del país, ¿por qué el sueldo base del Docente I en Vargas es de 30.017,25 desde el 25 de octubre de 2016, pero un maestro del mismo rango en el Ministerio de Educación supera los 50 mil bolívares?. Esos aumentos que dice el Procurador Rodríguez que hemos percibido, los incorporaron 7 meses y medio después de su aprobación, cuando el dinero ya estaba devaluado, y no nos cancelaron retroactivo. Después de esos aumentos entraron en vigencia un 20% en noviembre y un 50% en enero por decreto presidencial, y a partir del 1º de Febrero entró en vigencia un 25% de aumento por el contrato colectivo unitario del Ministerio de Educación. Entonces ¿quién está en desacato?, ¿quién le está incumpliendo a los maestros?. El sueldo mínimo en Venezuela es de 40.638,00 bolívares y los maestros de Vargas no logramos cobrar en un mes ese monto”, explica el Secretario General de Sitravargas, Raúl Yemiñame.
Denuncian parcialidad de Inspectoría del Trabajo
Otro de los aspectos que enfrentan a la gobernación y a los maestros varguenses es la actuación de la Inspectora del Trabajo, Liseth Noda.
La Procuraduría asegura que el paro de docentes es ilegal, pues no se ha iniciado ningún pliego conflictivo con el aval de la instancia laboral. Los sindicalistas docentes explican que desde hace tres meses han introducido toda la documentación exigida.
“La Inspectora Noda nos ha dicho ya en cinco ocasiones que no ha tenido modo de entregar a la gobernación los oficios de citación a las solicitudes incoadas en su despacho. Esto es inconcebible. No es una mediadora imparcial, sino alguien dispuesto a ceder los derechos de los maestros como trabajadores en beneficio de la gobernación”, cuestiona Sergio Álvarez de Sinafum.
“Sobran las razones para realizar el paro. No solo son los pagos, sino el irrespeto constante. Desde julio del año pasado les deben las prestaciones sociales a 62 educadores que salieron jubilados. Existan 262 cargos de titularidad disponibles para ser entregados, y no lo hacen para tener a los contratados bajo el terror de un despido. En Vargas hay en estos momentos 372 educadores contratados y 232 educadores suplentes, los primeros cobrando menos del salario mínimo y los segundos cobrando por día trabajado sin la retribución en la Seguridad Social. Nosotros le preguntamos al Procurador Rodríguez, ¿qué es más contrarrevolucionario, exigir que se cumpla la Constitución, las leyes de la República y las convenciones colectivas o que por impericia, negligencia, incapacidad e indolencia se incumpla la homologación en detrimento de más de tres mil docentes? Es por ello que el paro se realizará a pesar de las amenazas”, dijo Álvarez.
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