Mérida.- En libertad condicional están los estudiantes de la carrera de Derecho en la Universidad de Los Andes (ULA), Michel Labrador y Jhoan Lobo, a quienes el Estado los acusó de incitación del odio agravado, porte ilícito de arma de fuego y resistencia a la autoridad.
Los estudiantes fueron aprehendidos, presuntamente en flagrancia, el pasado 5 de marzo de 2018 al salir de la sede de la Televisora Andina de Mérida (TAM), desde donde reclamaron al Gobierno nacional solución a la crisis del transporte, por la cual en Mérida había en ese momento un paro de este sector.
La Audiencia de Presentación se realizó el 8 de marzo de 2018, fecha en la que quedaron privados de libertad y fueron recluidos en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), ya que el Tribunal de Control, y a solicitud del Ministerio Público, los imputó por el delito contenido en el artículo 20 de la Ley Contra el Odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia.
Dicho artículo señala que “quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública, fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, expresión de género o de cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de 10 a 20 años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados”.
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Fueron encarcelados por manifestar su descontento
Tras permanecer casi tres meses detenidos, la audiencia preliminar de los estudiantes se realizó el pasado 24 de mayo de 2018, fecha en la que recuperaron su libertad con una medida cautelar sustitutiva, consistente en la presentación de dos fiadores por cada uno de los acusados.
Fernando Cermeño, coordinador en Mérida del Foro Penal, organización que asistió jurídicamente a los estudiantes, informó de la libertad condicional de los jóvenes.
Dijo el abogado que el Tribunal de Control del Circuito Judicial Penal del estado Mérida, después de haber escuchado las partes, decidió declarar la nulidad total de la acusación fiscal, remitir la causa penal a la Fiscalía Segunda del Ministerio Público para que continúe la investigación y dicte nuevo acto conclusivo, otorgar la medida cautelar sustitutiva de la privativa de libertad y declaró sin lugar el sobreseimiento de la causa.
Al término de la audiencia, el equipo de abogados del Foro Penal consignó, bajo protesta, los recaudos de los fiadores, los que una vez verificados positivamente, darán lugar a la libertad condicional de los estudiantes, “quienes seguirán sometidos al proceso penal injusto que se les sigue, pero en libertad”, resaltó Cermeño.
En pocos días, aseguró el coordinador del Foro Penal en Mérida, los estudiantes de Derecho en la ULA podrán reunirse con sus familias después de más de dos meses y medio encarcelados por manifestar su descontento con el Gobierno nacional.
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