Caracas.- Diez gerentes de automercados y 15 dueños de comercios han sido detenidos luego de las medidas económicas anunciadas por el presidente Nicolás Maduro el pasado 17 de agosto. Los operativos han sido protagonizados por funcionarios del Faes, Cicpc, Ministerio Público y Sundde. Una realidad similar a la de Zimbabue, donde en 2007 fueron detenidos 7.500 comerciantes y empresarios por negarse a bajar los precios de sus productos.
La primera detención se generó el 20 de agosto en Yaracuy, donde efectivos de la Policía estadal detuvieron al gerente de la cadena de farmacias Farmatodo, pues según funcionarios de la Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde) en el establecimiento se habría incurrido en remarcaje en el costo de medicamentos, artículos de aseo y del hogar. La identidad del detenido no fue revelada, pero se conoció que fue puesto a la orden del Ministerio Público.
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El 22 de agosto continuaron los arrestos.
En Anzoátegui fueron sancionadas dos sedes de la cadena de supermercados Le Marché, ubicados en la ciudades de Barcelona y Lechería, por los delitos de boicot, acaparamiento, especulación y ausencia de habladores de precios en los productos para la venta al público. Funcionarios policiales se llevaron a los dos gerentes de los establecimientos.
En la Gran Caracas, efectivos del Faes encarcelaron a Alejandro Quintana y Graziano Da Rosa, quienes se desempeñan como gerente y subgerente del hipermercado Plan Suárez, respectivamente, con sede en El Cafetal. Néstor Reverol, ministro de Interior, indicó que serán procesados de acuerdo a las sanciones expresadas por la Ley de Precios Justos. El funcionario detalló que “tras denuncias hechas por aumento especulativo de precios contra el pueblo, las comisiones constataron remarcaje de precios en un 200 %”.
También otra sede del automercado fue inspeccionada en La Trinidad, y allí fueron detenidos la gerente, Elena Beleño, y el subgerente, Carlos Sánchez, por los delito de usura, acaparamiento y boicot al pueblo. Según Reverol, en los depósitos del comercio había ocho toneladas de productos de la cesta básica «acaparados».
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En Carabobo fueron detenidos los dos gerentes de la compañía Cartones Nacionales Molino, del grupo Smurfit Kappa Cartón de Venezuela S.A, en un operativo encabezado por el ministro del Trabajo, Eduardo Piñate; William Contreras, director de la Sundde; miembros de la Zona Operativa de Defensa Integral (Zodi) y funcionarios del Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laborales (Inpsasel). A los comerciantes se les imputaron los delitos de especulación, boicot, desestabilización de la economía y contrabando de extracción en el sujeto de aplicación. Se conoció que por 90 días el Estado inspeccionará los pedidos, materia prima recibida, costos y gastos de la empresa.
En Táchira, específicamente en San Cristóbal, Dioney Delgado, gerente del Hipermercado Baratta, fue detenido este 23 de agosto por funcionarios de la Sundde, efectivos de la Zodi y miembros de la Policía del Táchira. El trabajador fue señalado por el delito de especulación.
Por su parte, en el estado Lara, 15 personas y siete establecimientos comerciales fueron sancionados tras un operativo presidido por funcionarios del Sundde, el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera (Seniat) y la policía estadal en el sector San José de Barquisimeto. Las autoridades argumentaron sobreprecio en la venta de carne porque «pasaron de 40 a 180 bolívares soberanos»; aunque la lista de precios acordados se establece que el precio de la carne debe ser de 90 BsS.
Serán considerados presos políticos
Gonzalo Himiob, abogado y director del Foro Penal Venezolano, considera que la detención de gerentes, empleados o dueños de negocios como una acción sin base jurídica, solo «para que sirvan de chivos expiatorios que permitan sustentar la narrativa o el discurso del Gobierno venezolano», lleva a que estos ciudadanos sean incluídos en la lista de presos políticos, la cual a mediados de agosto era de 248.
Una realidad similar a la Zimbabue
En 2007, al menos, 7.500 comerciantes y empresarios de Zimbaue fueron detenidos en un período de seis semanas por el gobierno que presidía Robert Mugabe, tras negarse a bajar los precios de sus productos.
El 26 de junio de ese año, el expresidente declaró que clausuraría todo aquel negocio o reduciría el nivel de producción de las empresas que no respetaran su orden de reducir el precio de todas las mercancías a la mitad para controlar la inflación de Zimbabue; la cual estaba situada en ese momento en 4.500 %.
En aquel momento la tasa inflacionaria del país africano era la mayor en todo el mundo; al punto que el Fondo Monetario Internacional advirtió que la tasa alcanzaría el 100.000 % al término de ese año.
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