Ciudad Guayana.- Tres médicos fueron privados de libertad por supuesta mala praxis de una paciente en el hospital Raúl Leoni de San Félix en el estado Bolívar. Estos fueron imputados por tres cargos: agavillamiento, homicidio intencional y violencia obstetricia.
María de los Ángeles Gutiérrez murió producto de una hemorragia causada por la complicación de una cesárea que le fue realizada, aseguran que murió en la sala de parto del hospital.
Por esto el gremio médicos del estado realizó una asamblea para rechazar y fijar posición con respecto a este caso, en el que aseguran que los médicos Mauricio Pérez, anestesiólogo; Albán Doré y María Hurtado, ginecobstetras, hicieron todo lo posible por salvar la vida de la paciente, pero la falta de insumos en el centro de salud les impidió realizar todas las maniobras adecuadas.
“Esto ocurrió a pesar de todas las medidas que tomaron los colegas y a esto se sumó las situaciones que estamos viviendo actualmente en los centros de salud. No se le puso una transfusión sanguínea a tiempo porque no hubo para ponerle un precipitado o un plasma congelado en el momento que lo necesitaba. Estamos sufriendo de estas penurias en los hospitales y cuando ocurren cosas como estas, injustamente el médico es el acusado”, señaló Hugo Lezama, presidente del Colegio de Médicos, seccional Ciudad Guayana.
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El día jueves los médicos fueron citados al Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) para declarar, después de la denuncia interpuesta por los familiares de la víctima. La citación no les aclaraban si era como testigos o en calidad de imputados, una vez terminadas las declaraciones les anunciaron que quedarían detenidos.
“Dentro del dolo que están pasando no lograron entender toda la situación que está pasando se sienten tan impotentes como se sintieron todos los médicos en este acto porque son cosas que sobrepasaron nuestras manos”, comentó María Amaral de Doré, médico pediatra y esposa de uno de los ginecobstetras detenidos.
Indicó que esperan que esta situación les haya traído paz a los familiares de la víctima, porque entienden su dolor. Pero la próxima acción a tomar, legalmente, será la de apelar la decisión de los tribunales de Puerto Ordaz.
“Esperemos que esto haga entender a la población de la situación que se están viviendo en nuestros centros de salud. Y que de ahora en adelante por maldad y no por dolo nos haga denuncias injustificadas, a pesar del dolor de los familiares es una denuncia injustificada”, sentenció Amaral.
Un grupo de médicos tendrá la oportunidad de asistir a la fiscalía este miércoles, en una audiencia con el fiscal a cargo del caso, esta es una de las medidas y acciones que seguirán tomando los galenos en apoyo a sus compañeros y al gremio en general.
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