Los privados de libertad en Venezuela con el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) se encuentran en situación de vulnerabilidad al no tener los medicamentos antirretrovirales que requieren ni atención médica para hacerle seguimiento a la enfermedad. Además, no cuentan con una alimentación adecuada que garantice la salud de cada uno, de acuerdo con Juan Rodrigues, miembro de Unidad de Exigibilidad en Derechos Humanos de Acción Solidaria.
Aclaró, en rueda de prensa el 21 de octubre, que en Venezuela existe un solo esquema de tratamiento para el VIH disponible. Cuando las personas no tienen buena adherencia a los componentes, se ven obligadas a utilizar el único que hay en el país. La situación comenzó a agravarse desde que el Estado venezolano no realiza compras de medicamentos antirretrovirales desde el año 2016, según explicó.
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Juan Rodrigues puntualizó que el 2017, 2018 y 2019 fueron los peores años de abastecimiento de tratamiento antirretroviral para personas con VIH en Venezuela. Aseguró que las medicinas por jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) tienen que ser entregadas de forma gratuita y universal por el Estado. Por lo tanto, sería el único responsable y encargado de comprar el tratamiento y distribuirlo entre las personas con la enfermedad.
En el caso de los privados de libertad, consideró que la situación es más grave. No tienen posibilidades de buscar el tratamiento en las farmacias de Alto Costo del Instituto Venezolano de Seguros Sociales (Ivss). Indicó que a los detenidos se les debe brindar atención especial debido a que están expuestos a enfermedades que proliferan por las condiciones de hacinamiento y poco acceso al servicio de agua.
Cidh otorgó medida cautelar a privado de libertad con VIH
El 9 de octubre de 2022, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) emitió la Resolución 52/22, mediante la cual otorgó medidas cautelares a favor de una persona portadora de VIH privada de libertad. La providencia se solicitó desde la organización Defiende Venezuela el 16 de agosto de 2022.
La Comisión aprobó la medida de protección ante la situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable de los derechos de la persona con VIH. El beneficiario tiene la enfermedad desde el 2012.
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En marzo de 2020 fue detenido y recluido en la sede del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), ubicado en Plaza de Toros, en la ciudad de Valencia. Desde ese momento perdió el acceso a los medicamentos necesarios para controlar el VIH. Por este motivo actualmente su integridad y vida se encuentran en riesgo, según comentó Ezequiel Monsalve, coordinador de Litigio Internacional de Defiende Venezuela.
«Ante el grave contexto carcelario que hay en Venezuela, esta persona no tiene acceso al derecho a la salud. Eso implica no solamente el acceso a los medicamentos, sino que también a condiciones mínimas que puede tener un privado de libertad como acceso al sol, agua potable, un baño higiénico. Por el contrario, él ha sufrido discriminación», explicó Ezequiel Monsalve.
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De igual manera, comentó que aunque la Fiscalía aprobó el traslado de la persona a centros médicos, la sede del Cicpc de Plaza de Toros se niega a ejecutar esta medida.
Las organizaciones Defiende Venezuela y Acción Solidaria hicieron un llamado al Estado venezolano a proteger la integridad de las personas con VIH. En especial piden prioridad al beneficiario, quien se encuentra actualmente detenido, pues su salud y vida se encuentran en riesgo.
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