Caracas.- Ni una medida cautelar de la Comisión Interamericana de Derecho Humanos (Cidh) pudo obligar al Estado venezolano a garantizar el acceso a un tratamiento adecuado para Andrés Fernández. El adolescente de 16 años de edad, uno de los 80 pacientes del hospital de niños José Manuel de los Ríos que están amparados por una disposición del organismo, falleció la tarde de este lunes tras sucesivas interrupciones de la diálisis a la que debía someterse, como tratamiento para la insuficiencia renal que padecía y que le afectó los riñones desde los 6 años.
Fernández era un sobreviviente. En su historial médico en el J.M. de los Ríos destacan las tres intervenciones quirúrgicas para cambio de catéter, dispositivo con el que se aplicaba la terapia de sustitución renal y que debía ser cambiado regularmente para disminuir riesgo de contaminación. La última realizada a finales de 2018 tras más de cuatro meses de espera se hizo en medio del apagón masivo que afectó a 19 estados el país, el pasado 22 de julio.
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También sobrevivió al brote infeccioso, causado por una bacteria que contaminó áreas y equipos del servicio de hemodiálisis del centro pediátrico y que, entre mayo de 2017 y noviembre de 2018, causó la muerte de 19 niños, muchos de los cuales no pudieron acceder a los antibióticos para tratar las consecuencias de la fuerte infección.
Ese brote fue una de las consideraciones que llevó a la Cidh a dictaminar, el 21 de febrero de 2018, una medida cautelar de protección para los pacientes del área de Nefrología del J.M. de los Ríos, en la que se solicitó al Estado venezolano “adoptar las medidas necesarias para garantizar la vida, integridad personal y salud de las niñas y los niños pacientes”.
Negligencia
Las muertes por deficiencias en los servicios del centro de salud fueron denunciadas reiteradamente por su madre, Vicky Fernández, quien junto a otros representantes y familiares de recluidos en el hospital exigió la dotación de suministros médicos, así como la reactivación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo.
La aplicación de la medida no coercitiva, pues depende de la buena fe de los Estados para su plena vigencia, fue asumida como un acto de justicia por los familiares de los beneficiados, en total 60 niños en consulta y 20 en tratamiento de diálisis. Sin embargo, Carlos Trapani, coordinador del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap) y uno de los representantes legales de los niños y adolescentes ante la Cidh, advirtió que de no acatarse en lo inmediato, las muertes por negligencia del Estado continuarán.
Trapani lamentó que tras un año y medio los tratamientos continuaron con fallas y las complicaciones asociadas al padecimiento no recibieron una atención oportuna por parte de las autoridades de salud.
“Las autoridades del Ministerio de Salud tienen responsabilidad penal y administrativa en cada uno de estos casos que se han denunciado en instancias nacionales e internacionales. El Estado no puede seguir evadiendo su responsabilidad”, señaló.
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