Caracas.- Los especialistas en nutrición, salud y causas sociales Susana Raffalli, Julio Castro y Janeth Márquez, respectivamente, acordaron en la necesidad para Venezuela de que, finalmente, se apruebe el fondo de protección social que se concertó en noviembre del año pasado en medio del diálogo político y que administraría las Naciones Unidas.
Para la directora de Cáritas de Venezuela, Janeth Márquez, es importante la creación de una mesa social compuesta por organizaciones sociales y otros actores para, desde allí, trabajar en la confianza e idear estrategias para darle respuesta a los venezolanos. Destacó que, hasta ahora, el único problema para utilizar el fondo es el factor político.
«Si hay un dinero de los venezolanos no puede ser posible que los ciudadanos estén pasando por tantas necesidades cuando hay dinero protegido. Si es necesario sentarnos y eliminar esa desconfianza para priorizar el fondo», añadió Márquez en una webinar realizada por Acción Solidaria sobre la necesidad del Fondo de Protección Social.
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Administración del fondo
La nutricionista especializada en gestión de la seguridad alimentaria, Susana Raffalli, se mostró optimista en cuanto a las posibilidades que puede dar ese fondo. Dijo que ese tipo de mecanismos dan buenos resultados, construyen confianza y legitiman a los actores que están involucrados.
No obstante, resaltó que es necesaria una buena gobernanza y administración del dinero para que la implementación del fondo no sea costosa, por lo que precisó la importancia de la regulación, la asesoría y las auditorías.
Por otro lado, mostró preocupación por el hecho de que un fondo con dinero venezolano signifique que ese dinero vaya a sustituir el compromiso que las agencias internacionales habían hecho al país de ayudar, por ejemplo, a niños, a educación, entre otros. Recordó que cuando estas agencias contraen responsabilidades deben cumplirlas a pesar de que el país tenga dinero propio.
Para el médico infectólogo Julio Castro también es importante el manejo del dinero para evitar la corrupción o que el dinero se pierda y no se destine a la comunidad realmente necesitada. Subrayó que el fondo implica un ejercicio administrativo, logístico y de gobernanzas.
Prioridades para el fondo de protección social
Sobre los sectores prioritarios para el uso del dinero, tanto Raffalli como Castro concordaron en que la alimentación sería la número uno. Para el infectólogo también es importante la creación de programas de salud, así como una metodología para definir qué se va a hacer con el dinero que se tiene.
Para Raffalli también es prioridad invertir en el seguimiento de los infantes, poniendo el ojo en los primeros mil días del bebé. Detalló que para ello es necesario inmunizar, fortalecer la nutrición y ofrecer acceso a servicios básicos, entre otros factores.
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Cifras que siguen generando alarma
Para que los asistentes a la webinar comprendieran la magnitud de la Emergencia Humanitaria Compleja en el país, los ponentes aportaron cifras de sus respectivos sectores. Las catalogaron de alarmantes, aunque mejores que las de los años 2016-2017-2018 cuando la crisis se acentuó de manera grave.
Raffalli indicó que, aproximadamente, 4.8 millones de personas en Venezuela están en una situación de inseguridad alimentaria moderada y severa. Mientras que en términos de desnutrición aguda se registran entre un 9 % y 12 %.
Aseguró que, actualmente, las condiciones en Venezuela son más complejas que en 2016 porque ahora entra el factor del desgaste en la población, además de fallas que impiden llegar a los sectores más vulnerables que están recónditos o intervenidos por grupos irregulares. «Estamos en una escala humanitaria de mucho más difícil acceso«, agregó.
En cuanto al sector salud, Castro detalló que el índice de desabastecimiento en las emergencias de 40 hospitales está en 50 %. Dijo: «Estamos menos mal que en 2019, pero estamos muy lejos de estar normal».
Otro indicador que se ha seguido es el de las personas que morían durante un apagón. Aseguró que este año han disminuido en casi 90 %, en comparación con 2019, el año del apagón nacional.
Por su parte, Feliciano Reyna, director de la ONG Acción Solidaria, puso énfasis en la necesidad de elevar a instancias internacionales la compleja situación en Venezuela. Aconsejó enviar una comunicación a las agencias internacionales para que se impliquen y a otros actores que tienen responsabilidad con Venezuela.
El Fondo de Protección Social se acordó entre el gobierno y la oposición como parte de un acuerdo humanitario que pretendía financiar proyectos de electricidad, agua, salud y educación y el cual administraría las Naciones Unidas. Se trata de 3.000 millones de dólares. Sin embargo, las negociaciones políticas se detuvieron y con ellas el dinero para atender las necesidades venezolanas.
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