Caracas.- La organización no gubernamental Acción Solidaria presentó este martes, 20 de septiembre, el segundo informe Salud en emergencia: el caso de Venezuela, el cual recopila 1.314 violaciones al derecho a la salud, documentadas por la Unidad de Exigibilidad de Derechos Humanos entre enero y septiembre de 2021, a través de la prensa nacional e internacional y otras ONG.
Durante la elaboración del documento se evidenció el estado de deterioro del Sistema de Salud Pública en todo el país. Además, las cifras de 2021 reflejan la precaria situación dentro de los 139 centros hospitalarios monitoreados en 21 estados, con una capacidad de atención sanitaria limitada.
«Las situaciones documentadas y ocurridas en los centros de salud revelan que no existe capacidad suficiente para atender a la población, lo que tiene un impacto grave en personas con condiciones crónicas de salud y otros grupos vulnerables como mujeres, niños, niñas y adolescentes, además del personal de salud», precisa el informe.
De los incidentes vinculados al derecho a la salud que logró recopilar Acción Solidaria en su informe, la mayor parte se ubicó en el gremio sanitario por las precarias condiciones en las que trabajan, bajos salarios, escasez de insumos, falta de equipo de protección, acceso prioritario a vacunas (en el contexto de la pandemia) y alto índice de denuncias de persecución en el ejercicio de las protestas por las condiciones generales de trabajo. Por lo tanto, no hay variaciones significativas con respecto a 2020, lo que quiere decir que la situación de emergencia se mantuvo en 2021.
Los niños, niñas y adolescentes son el segundo grupo vulnerable más documentado y la mayoría de los registros están asociados a alguna condición de salud, crónica o no. En el documento se considera preocupante el alto número de registros de enfermedades prevenibles con vacunas como es el caso del sarampión, la malaria, el dengue y la difteria.
En el monitoreo de 2021, las mujeres siguen sufriendo obstáculos para acceder a bienes y servicios de salud. Al igual que en el monitoreo de 2020, existe una relación entre las situaciones que afectan a menores de edad y mujeres, asociada al rol y estereotipo de género. Sobre este último aspecto, resalta el peso económico con el que cargan las mujeres, que se ven obligadas a mantener a sus familias como consecuencia de la Emergencia Humanitaria Compleja.
Sin capacidad para enfrentar la pandemia
Con respecto al impacto de la pandemia por el COVID-19, el monitoreo arrojó que el sistema de salud pública no tuvo la capacidad, en general, para enfrentar la crisis causada por el virus, debido a las limitaciones en el acceso a oxígeno y otros insumos médicos para enfrentar la enfermedad y la vacunación que presentó grandes deficiencias, así como los múltiples casos de discriminación evidenciados en el informe Salud en emergencia.
De igual manera, el monitoreo consiguió que las personas con condiciones renales crónicas, se mostraron afectadas notablemente por las fallas en los servicios públicos y en el deterioro del sistema sanitario. La situación se agravó por la paralización del Sistema de Procura de Órganos y Tejidos, además de las limitaciones para dializarse en el sector público.
La desnutrición apareció como una de las condiciones de salud con más registros en 2021, lo que revela las consecuencias graves de la Emergencia Humanitaria Compleja sobre la población venezolana, especialmente sobre personas privadas de libertad, comunidades indígenas, menores de edad, mujeres y adultos mayores. Esto refleja que la afectación al derecho a la salud en Venezuela es sistemática y se extiende por todo el territorio nacional. Asimismo, los registros demuestran que existe vulneración de todos los estándares que componen el derecho humano a la salud, según el documento presentado.
Exigen garantía en la red de centros asistenciales
Desde Acción Solidaria exhortan al Estado venezolano a garantizar en la red de centros asistenciales, los insumos médicos básicos, la lista de medicamentos esenciales que establece la Organización Mundial de la Salid (OMS), equipos médicos, agua, electricidad, transporte y personal de salud calificado y debidamente remunerado, así como el suministro de tratamientos a todas y priorizando la atención de grupos vulnerables.
De igual manera, piden al Gobierno de Nicolás Maduro que atienda de forma urgente la situación del personal de salud, priorizando políticas de mejora de condiciones generales de trabajo y absteniéndose de aplicar medidas coercitivas y persecutorias en contra de su trabajo. Además, instan a retomar la publicación periódica de estadísticas sanitarias y epidemiológicas, que no se encuentran actualizadas desde 2016.
Por último, la ONG Acción Solidaria recomienda a mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, a emitir instrucciones específicas dirigidas a que el Estado garantice el acceso a la salud a favor de todas las personas, especialmente de aquellas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad.
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