Reynaldo Cortés, de 47 años, fue apresado en Guárico el 7 de julio de 2022, bajo el supuesto de participar, junto a otros 5 partidarios de Bandera Roja, de un asalto al Fuerte Caribay, en Mérida, para apoderarse de 120 fusiles con los que el grupo secuestraría a la familia de Tareck El Aissami, ministro de Petróleo para esa fecha
En San Juan de los Morros, capital del estado Guárico, no hay ninguna duda de que Reynaldo Cortés es un preso político del régimen de Nicolás Maduro. Así lo aseguran, en señal de auxilio, sus familiares y compañeros de Bandera Roja, el partido político del cual es secretario general regional y militante activo desde los 14 años de edad.
Cortés, de 47 años, fue apresado en su San Juan natal el 7 de julio de 2022, bajo el supuesto de participar, junto a otros 5 partidarios, de un asalto al Fuerte Caribay en la ciudad de Mérida, a 570 kilómetros de su domicilio, para apoderarse de 120 fusiles con los que el grupo secuestraría a la familia de Tareck El Aissami y cometería sabotaje contra los actos conmemorativos del 211 aniversario de la firma del Acta de la Independencia nacional, que presidiría el primer mandatario en Caracas.
Desde esa fecha, el proceso judicial de Cortés, así como su aprehensión, ha sido amañado y cruel, según la apreciación de Yecenia Álvarez, coordinadora del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de Guárico, entrevistada por El Pitazo este 21 de enero.
Lo arrestaron y lo incomunicaron. No tuvo derecho a llamar a un abogado. Durante el procedimiento de captura no asistieron defensor público ni fiscales. Tampoco se le informó del porqué de la detención
Contrario a lo que prevé la ley, Cortés no es procesado por sus jueces naturales. El sábado 9 de julio, 3 días después de su detención, fue presentado al Tribunal 4° de Control con competencia en terrorismo del área metropolitana de Caracas, a cargo del juez José Márquez, e imputado por la Fiscalía 74 del Ministerio Público, cuyos titulares son Elin León y Yaneth Espinoza, de acuerdo con la versión del comité de libertad.
Los delitos imputados inicialmente a Cortés fueron cambiados en la fase de investigación, que duró 74 días, en vez de 45 como lo establece la ley venezolana. “Se le consideró solo el delito de sabotaje. El secuestro y el robo de armas ya no aplicaban. Esto, según presunciones, pues a sus abogados se les ha negado la copia certificada del expediente”, confirma Álvarez.
Las pruebas de los delitos precalificados se resumen en mensajes difundidos por supuestos grupos de WhatsApp. Sus teléfonos fueron retenidos sin orden judicial por la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) en el mismo acto de la detención, se lee en distintos documentos públicos de la tolda roja.
El caso está en un tribunal de juicio contra el terrorismo, sin fecha de apertura aún, lo que evidencia retardo en todo el proceso, acusaciones bajo supuestos y subjetivos, sin pruebas de hechos
Yecenia Álvarez, coordinadora del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de Guárico
Eran las dos de la madrugada del jueves 7 de julio cuando una docena de agentes armados de la Dgcim llegó a la casa de Cortés en seis vehículos civiles. Le decomisaron sus dos celulares, lo arrestaron y lo incomunicaron. No tuvo derecho a llamar a un abogado. Durante el procedimiento de captura no asistieron defensor público ni fiscales. Tampoco se le informó del porqué de la detención, precisa Yecenia Álvarez.
Este hombre, a juzgar por sus actuaciones públicas, era un personaje incómodo para el mandatario Nicolás Maduro, comentan sus amigos. Además de líder político, Reynaldo Cortés es dirigente estudiantil, vecinal y sindical en el estado llanero. Ejerce de delegado del consejo regional de la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), vocero del consejo comunal de su comunidad y líder en el Instituto Pedagógico Rural Luis Fermín, en San Juan de los Morros, adscrito a la Universidad Pedagógica Experimental Libertador (Upel). En ningún espacio daba tregua al régimen, confirma Álvarez.
Traslados y calabozos diversos
Entre el 7 y el 9 de julio, Cortés fue ruleteado por distintos cuerpos de seguridad. Desde su casa en el callejón Negro Primero, en el casco central de San Juan, fue trasladado a los calabozos de máxima seguridad del Dgcim en la urbanización Pariapán, del municipio capital.
Luego, fue reseñado por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) y entregado a la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en las oficinas de la Dgcim en el Fuerte Conopoima, en jurisdicción del municipio Juan Germán Roscio.
Una vez que el líder de Bandera Roja fue trasladado a la sede del circuito judicial de San Juan de los Morros, los tribunales declinaron su caso y lo mandaron a la capital de la República. Alegan que la detención fue una orden directa, emanada desde Caracas.
Desde San Juan, Cortés fue enviado a las celdas de la PNB en la urbanización Altamira, al este capitalino. El 9 de julio fue presentado al tribunal de la causa, conjuntamente con los otros 5 dirigentes sociales y sindicales señalados en la misma investigación: Alcides José Bracho Vivas (Caracas), Emilio Antonio Negrín Borges (Caracas) Gabriel José Blanco Flores (Caracas), Néstor Astudillo (Miranda) y Alonso Meléndez (Falcón).
Desde el tribunal de Caracas, Cortés es trasladado a la PNB de La Quebradita, otro sector de la capital. Allí estuvo hasta el 11 de julio cuando, nuevamente, fue trasladado a otro retén policial. Esta vez lo enviaron a resguardo de la PNB de La Yaguara, donde permanece retenido, hasta la fecha de esta publicación, junto a 5 de sus compañeros de causa judicial. Uno de ellos fue recluido en la PNB de Boleíta. Todos conviven en calabozos con presos comunes.
Todo responde a una patraña para sembrar miedo ante el crecimiento de un movimiento de trabajadores que está en la calle desde inicio del año 2022
Yecenia Álvarez, coordinadora del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de Guárico
Al igual que muchos privados de libertad en calabozos policiales de Caracas, Reynaldo Cortés no cuenta con recursos económicos ni familiares en esa capital para la manutención y el apoyo que el Estado le niega.
Cortés es padre de tres mujeres: Valentina (23), Gloris (13) y Natasha (11) y abuelo por su hija mayor. A la nieta Elizabeth (7) la sacó del país en el 2018 y la llevó hasta Argentina para unirla con su madre, quien había emigrado antes, dada la grave crisis económica que se vive en Venezuela.
En su país, al que retornó de inmediato, Cortés continuó con el cuidado de su madre, Iris Gutiérrez, de 79 años de edad, y de su hermano Humberto, quien presenta una discapacidad por deterioro progresivo de la memoria, producto de un accidente de tránsito.
Lo animaban la lucha por la democracia y continuar sus estudios universitarios, postergados en varias oportunidades para atender las necesidades de subsistencia de su familia, que dada la migración forzosa se redujo de 14 miembros a 3.
Sus familiares advierten que la prolongada estadía del dirigente en las celdas de la PNB podría convertirse en un peligro para su salud. “Sus compañeros de partido hacen esfuerzos para garantizar sus alimentos, hidratación y aseo; sin embargo, por la grave crisis por la que transitamos ese esfuerzo tiende a ser difícil de sostener”, informa Yecenia Álvarez.
Una patraña para sembrar miedo
“Nunca ocurrieron tales hechos, ninguna de las cosas de las que se le acusa sucedieron ni iban a suceder. Son paradójicas e inverosímiles las vinculaciones que se le hacen a Reynaldo Cortés con sus otros compañeros apresados”, asegura la defensa judicial. “La vinculación no existe, a muchos no los veía o no se comunicaba con ellos desde hace más de 20 años, y a uno de ellos ni siquiera lo conocía”, agrega su abogado.
La precariedad económica por la que atravesaba Cortés lo imposibilitaba salir a cualquier viaje; su activismo era público, no registra viajes sospechosos días previos a su arresto. “Fue aprehendido en su casa dos días después de lo que supuestamente iban a realizar”, confesó su madre en el acto de solidaridad “A viva voz por la justicia”, realizado en días recientes por la Universidad Central de Venezuela.
“Todo responde a una patraña para sembrar miedo ante el crecimiento de un movimiento de trabajadores que está en la calle desde inicio del año 2022”, relata la coordinadora del Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales de Guárico.
A su juicio, se trata, sin duda, de un plan del régimen para descabezar las luchas de los pensionados, educadores y enfermeros que se desarrollan en el país y que en Guárico también tienen su expresión y sus liderazgos.
Su situación fue expuesta a la mesa de negociación que impulsa la plataforma unitaria en el país azteca.
Cortes no es un advenedizo, se escucha con fuerza en los predios de su partido, donde se exhiben periódicos amarillentos en los que este aparece como líder del movimiento en el Liceo Pedro Gual. Su trabajo partidista es abierto y público desde hace 33 años ininterrumpidos, revelan esos papeles. Durante este tiempo, en el que también ha ejercido de miembro del comité central de Bandera Roja, el dirigente guariqueño ha sido frontal contra las políticas antipopulares de los gobiernos de Carlos Andrés Pérez, Rafael Caldera, Hugo Chávez y Nicolás Maduro.
Las credenciales y la prisión arbitraria de Reynaldo Cortés han tenido eco en la Organización de Naciones Unidas (ONU) y en la Organización Internacional del Trabajo (OIT), entidades internacionales de derechos humanos que se han pronunciado y llevan el seguimiento de su caso.
Su situación, y la de los otros cinco luchadores sociales y sindicalistas presos vinculados a Bandera Roja, fue expuesta al embajador de México en Venezuela y llevada a la mesa de negociación que impulsa la plataforma unitaria en el país azteca, resalta Yecenia Álvarez.
Negado el juicio en libertad
A Reynaldo Cortés se le ha negado un juicio en libertad. En su oportunidad, sus abogados, entre los que se cuenta a Kelvin Zambrano, pidieron una medida cautelar para tal fin, pero tanto el tribunal como la fiscalía la negaron.
El 26 de septiembre de 2022 se cumplió la audiencia preliminar y fue pasado a juicio. “El caso está en el Tribunal 2° de Juicio contra el terrorismo, sin fecha de apertura aún, lo que evidencia retardo en todo el proceso, acusaciones bajo supuestos y subjetivos, sin pruebas de hechos”, destaca Álvarez.
Lo último que se conoció del caso de Reynaldo Cortés fue la negativa de las autoridades locales del Pedagógico Luis Fermín de permitirle concluir sus estudios en la especialidad de lengua y literatura.
El líder político solicitó a su institución cumplir su servicio comunitario en el centro de reclusión donde está destacado y cursar de forma virtual, como lo venía haciendo durante la pandemia, las asignaciones que le faltan para obtener su título de profesor. La petición fue negada, según reportes publicados por Bandera Roja Guárico en Twitter, este 17 de enero.
La universidad lo obliga a congelar su último semestre, consumando así una acción violatoria del derecho a la educación, argumenta la organización política de izquierda.
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