Considerar los niveles más altos de presión y acción contra Maduro tomando en cuenta que, según fue discutido en la Cumbre de Lima, lo que ocurre en nuestro país amenaza la seguridad de toda la región, ¿qué significa? Pues, por lo pronto, lo que significa está muy lejos de una intervención armada.
Significa avanzar con la política y estrategia de sanciones al punto de que, el día de ayer, el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, anunció la sanción de cuatro gobernadores: el de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, todas regiones fronterizas; dos de ellas además con puertos importantes.
En el caso del gobernador del estado Carabobo, Rafael Lacava, es un golpe duro para quien se conservaba incólume hasta ayer y para quien no solo se ha reconocido a sí mismo en numerosas oportunidades como capitalista, sino para quien además fue hasta hace poco (específicamente hasta que se celebraron las elecciones de la Federación de Centros Universitarios, FCU, de la Universidad de Carabobo) una pieza clave en la difícil comunicación entre el gobierno de Maduro y algunos elementos del Congreso estadounidense. «Fue» hasta el día en el que se le ocurrió defender el supuesto triunfo de la plancha chavista en la Universidad de Carabobo, desconociendo el incontestable triunfo del actual presidente de la FCU de esa Universidad, el joven Marlon Díaz. De los otros tres, pues muchos aseguran que más bien las sanciones se habían demorado.
Se lee claramente que el objetivo sería presionar para que estos gobernadores admitan el ingreso de la ayuda humanitaria. Pero además, lo ocurrido ayer en la cumbre del Grupo de Lima significa también: «congelar de inmediato los activos de Petróleos de Venezuela en los países de la región; transferir los activos venezolanos al gobierno del presidente encargado, Juan Guaidó; y restringir la entrega de visas al círculo cercano de Maduro», que fueron los anuncios de Pence ayer.
Una intervención armada con el consenso en bloque de toda América, en principio, requerirá mayor lobby y cabildeo en lo sucesivo. Ni hablar de que Europa pueda acompañar esta iniciativa, un continente que sabe bien cuáles pueden ser las consecuencias de una guerra y que siempre se mostrará reticente a apoyarla.
No obstante, y lo ha dicho ayer el embajador de Estados Unidos en Paraguay, la opción militar en el caso de Venezuela es la última opción. Por lo que se concluye que, en efecto, sigue estando sobre la mesa. Pero además, y ya que hablamos de Paraguay, donde funciona una sede del Comando Sur, hoy se discutirá en el Congreso local la posibilidad de que un grupo nutrido de marines realicen ejercicios militares desde el 9 de marzo y hasta el 11 de abril.
Una intervención armada no haría más que exacerbar el sentimiento nacionalista y antiyankee de «green gos go home» que necesita Maduro para empoderarse aún más, porque para nadie es un secreto ni un descubrimiento (aunque para los venezolanos sí sea una cosa nueva habida cuenta de que nunca hemos vivido una situación parecida) que frente a la posibilidad de morir en una guerra, cualquiera consideraría la situación actual, de hambre y miseria, «tiempos mejores». El riesgo político de una intervención armada es enorme.
Quienes ven en la quema de tres camiones repletos de ayuda humanitaria una concha pisada por el gobierno, un anzuelo en las fauces de la revolución, probablemente no se hayan dado cuenta de esto.
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