La preocupación aumenta entre los migrantes en Florida, EE. UU., luego de que el gobernador Ron DeSantis, del partido republicano, promulgara una nueva (y más estricta) legislación contra la inmigración ilegal, firmada el miércoles de la semana pasada.
Según la medida, quien transporte a alguien que ingresó ilegalmente al país podría enfrentar una sentencia de cinco años de prisión o una multa de USD$ 5.000 por persona. También exige a las empresas con al menos 25 empleados que verifiquen el estado inmigratorio de los trabajadores en una base de datos federal llamada E-Verify, y crea sanciones para los empleadores que, sabiendo esto, otorguen trabajo a «extranjeros no autorizados».
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Quienes sean reincidentes, trasladen a menores o a grupos de más de cinco inmigrantes podrán ser considerados como responsables de un delito de segundo grado, un delito que puede pagarse hasta 15 años de cárcel y con una multa de hasta US$10.00 por persona.
Además de estas limitaciones, la nueva ley prohíbe a condados y municipios destinar fondos a alguna persona u organización con el fin de que puedan emitir documentos de identidad o de otro tipo para los extranjeros indocumentados.
Por último, la nueva ley exige a los hospitales que atienden pacientes amparados por el Medicaid, el programa de salud destinado a personas de bajos recursos, que incluyan en sus formularios de admisión una pregunta para saber si un paciente es un ciudadano estadounidense, un residente legal o un extranjero sin autorización para estar en el país.