El pasado 17 de octubre las delegaciones negociadoras de la oposición venezolana, representada por la Plataforma Unitaria, y el Gobierno de Nicolás Maduro firmaron dos acuerdos en Barbados, en un nuevo avance de las conversaciones iniciadas en Ciudad de México el año pasado.
Las negociaciones comenzaron en agosto de 2021, pero en octubre de ese año fueron suspendidas tras la extradición a Estados Unidos del empresario colombo-venezolano, Alex Saab, acusado de lavado de activos y señalado de ser testaferro del mandatario venezolano.
No obstante, volvieron a reanudarse pero en noviembre de 2022 se dio una nueva ruptura luego de que el gobierno de Maduro condicionara el diálogo al desembolso de más de 3.000 millones de dólares de fondos congelados en el exterior.
En la nueva fase que comenzó tras la reunión en Barbados, se alcanzaron acuerdos sobre derechos políticos y garantías electorales, además de la protección de intereses vitales de la nación. Asimismo, se estableció la celebración de las elecciones presidenciales en el segundo semestre de 2024 y la defensa del territorio Esequibo.
Para el periodista y exdirector del diario Tal Cual, Xabier Coscojuela, que se haya fijado la fecha de los comicios presidenciales es uno de los aspectos más resaltantes. “Estamos acostumbrados a que durante muchos años, las elecciones siempre fueran en diciembre, eso cambió desde la llegada del chavismo al poder. Ya sabemos lo que pasó en el año 2018, que se adelantaron hasta el mes de mayo, ahora por lo menos es en el segundo semestre”, afirmó.
Diálogo Gobierno y oposición: ¿quiénes son los firmantes del acuerdo de Barbados?
Por otra parte, Coscojuela subrayó la importancia de que el acuerdo de promoción de derechos políticos y garantías electorales incluya una misión de observación electoral de la Unión Europea (UE) en las presidenciales de 2024. “Recuerdo claramente una intervención de Jorge Rodríguez, quien encabezó la delegación del Gobierno, donde dijo que no volverían los observadores de la UE, pero en el acuerdo está la invitación a esos observadores”, sostuvo.
Sin embargo, hizo énfasis en que no hubo resolución en cuanto a las inhabilitaciones políticas. “No quedó claro lo de las inhabilitaciones (…) Ya hubo una declaración de Jorge Rodríguez de que los inhabilitados no pueden participar, mientras que Gerardo Blyde dice que se abre una ruta para que eso pueda concretarse. Eso será parte de las siguientes negociaciones pero desde el Gobierno han sido categóricos en señalar que no van a levantar las inhabilitaciones”, aseveró.
El acuerdo sobre derechos políticos y garantías electorales incluye 12 puntos y además del cronograma de las presidenciales, incluye la depuración y actualización del Registro Electoral (RE) dentro y fuera del país a través de jornadas especiales, garantía de auditorías, observación internacional calificada; respeto a los candidatos durante la campaña y el reconocimiento público de los resultados.
El punto 11 deja entrever lo que ocurrirá en el caso de las inhabilitaciones. “Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos, siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, consistentes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana; asimismo conforme a los principios de celeridad, eficiencia y eficacia recogidos en la Constitución”, recoge el acuerdo.
Si bien Coscojuela califica como positivo la firma de los acuerdos, recalcó que lo más importante es que se cumplan. “Como siempre, una cosa es lo que está escrito y otra es que se concrete. Esperemos que se concrete la mayor parte de lo que se fijó. Todos los venezolanos tenemos que presionar para que esos acuerdos no se queden en el papel y se hagan realidad”, subrayó.
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