El Fiscal General designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, Tarek William Saab, anunció que envió un nuevo informe a la Corte Penal Internacional (CPI) en el que detalla que se determinó la responsabilidad de funcionarios de cuerpos de seguridad e inteligencia en las muertes del joven estudiante Juan Pablo Pernalete, del exconcejal y militante del partido Primero Justicia Fernando Albán y del capitán Rafael Ramón Acosta Arévalo.
Defensores de derechos humanos, organizaciones no gubernamentales y familiares de Pernalete, Albán y Acosta Arévalo rechazaron las declaraciones de Saab por considerar que con este cambio solo se intenta hacer ver que el Estado venezolano está impartiendo justicia en casos de crímenes de lesa humanidad.
“Tiene mucho que ver con una intención de mostrar ante la Fiscalía de la CPI la voluntad y capacidad del sistema de justicia venezolano de investigar y condenar crímenes de lesa humanidad en nuestro país, pero eso no es tan fácil”, asegura Marta Tineo, abogada, defensora de los derechos humanos y coordinadora de la ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP).
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Aunque el Gobierno venezolano en un principio negó que Pernalete hubiera muerto por el impacto de una bomba lacrimógena en su pecho, disparada por un Guardia Nacional, William Saab indicó que las investigaciones demostraron lo contrario y que los funcionarios implicados fueron imputados. En el caso de Albán, aseguró que no fue suicidio y que funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia fueron responsables de su muerte, mientras que sobre Acosta Arévalo reconoció que sí había sido torturado por sus custodios.
La abogada refiere que si bien los funcionarios venezolanos son corresponsables de estas muertes como autores materiales, obedecieron órdenes impartidas desde una cadena de mando, lo que denota un patrón sistemático de represión y ataque. “Que William Saab diga que se está investigando a los autores materiales de esos delitos no significa una investigación contra la cadena de mando que en todo caso sería la responsable de ese patrón de ataque”, asegura.
Tineo, además, resaltó que JEP contabiliza 330 ejecuciones extrajudiciales o muertes como parte de un patrón de represión política en el contexto de manifestaciones pacíficas. “En ningún caso ha sido investigada la cadena de mando, en un 97% hay impunidad y apenas en un 3% se ha condenado a los autores materiales, enfatiza.
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