Caracas.- El ministro de Seguridad Pública de Panamá, Juan Manuel Pino, declaró, el pasado 25 de agosto, que el Gobierno de su país evalúa la posibilidad de cerrar su frontera terrestre con Colombia ante el aumento de la migración irregular por la selva del Darién, que alcanzó un nuevo récord y llegó a las 320.098 personas en lo que va de año. Solo en el mes de agosto, 50.000 migrantes habrían atravesado la peligrosa jungla.
En ese sentido, consideró que las acciones de los países de América del Sur para detener el tránsito irregular han sido insuficientes y señaló que Panamá abordará el tema migratorio como un asunto de seguridad nacional y no como un problema humanitario.
“La comunicación y el manejo que ha tratado de darle Panamá a través de la cooperación internacional ha caído en oídos sordos, hay países del sur que no le están prestando la debida responsabilidad a este tema y lógicamente Panamá tiene que tomar sus decisiones internas y externas”, subrayó Pino.
Según las autoridades, de todas las personas que cruzaron la selva en 2023, aproximadamente el 20 % son niños y adolescentes. Venezolanos y haitianos representan la mayoría de los migrantes, seguidos de colombianos y ecuatorianos.
El abogado, defensor de los derechos humanos y uno de los directores de la ONG Acceso a la Justicia, Alí Daniels, recalcó que si bien Panamá es soberano y puede decidir sobre sus fronteras, el cierre de la zona limítrofe con Colombia no sería una medida efectiva para reducir la migración por pasos ilegales y, por el contrario, podría fortalecer las mafias que existen en el Tapón del Darién.
“Ya en la actualidad existen mafias (en el Darién) y personas que se están aprovechando de lo que está ocurriendo ahí, que extorsionan, que roban, que cometen todo tipo de violaciones y de delitos contra las personas que están migrando. Que se cierre la frontera no va a colaborar para que la situación mejore, sino que lo que va a ocurrir es que estas mafias van a realizar todavía una actuación bajo un marco de mayor gravedad (…) Es preocupante, porque lo que se está viendo es una medida más demagógica de cara al público panameño”, recalcó.
A juicio de Daniels, más allá de cerrar sus fronteras, Panamá debería implementar medidas y políticas efectivas que permitan controlar el flujo migratorio que experimenta.
“Nosotros entendemos el problema y lo que esto puede significar para el Gobierno panameño, pero tomar medidas tan extremas como cerrar la frontera no va a cambiar la realidad, lo que debe ocurrir es que el Gobierno panameño establezca estructuras de control efectivas y reales que faciliten que se pueda controlar ese flujo, pero no impedirlo”, añadió.
¿Cómo detener la migración?
Para Daniels, tomando en cuenta que la causa de la migración venezolana tiene sus bases en la crisis humanitaria compleja por la cual atraviesa el país, es necesario activar los mecanismos para alcanzar acuerdos políticos y concretar unas elecciones presidenciales justas y transparentes, con ayuda de la comunidad internacional.
“Hay que hacer un llamado para que la comunidad internacional trate de mediar y lograr que en Venezuela haya acuerdos políticos que permitan tener unas elecciones presidenciales dentro de unas condiciones que permitan que la gente pueda decidir quién dirija los destinos de este país”, aseguró.
Asimismo, recalcó que es necesario el diálogo y el trabajo mancomunado con todas las naciones que se han convertido en receptoras de migrantes, en aras de diseñar y poner en práctica medidas que puedan permitir una atención efectiva.
“Debe haber una conferencia internacional de los afectados por la migración venezolana, pero no para reprimirla, sino para establecer mecanismos de colaboración para los migrantes y los refugiados. Debe haber mecanismos de colaboración porque de acuerdo con el derecho internacional y la Declaración de Cartagena, quienes huyen de un país donde se violan masivamente los derechos humanos, no son refugiados, son migrantes. A partir de ahí, los países deben protegerlos”, concluyó.
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