Brasil registró en 2022 un total de 236.400 personas que no tenían un lugar en dónde vivir, de las cuales el 4 % eran extranjeras, apuntó este jueves un informe del Ministerio de Derechos Humanos y Ciudadanía.
El documento señaló que el 4 % de los sintecho (9.686 personas) eran extranjeros, siendo, de ese número, un 43 % (4.164) venezolanos, 23 % angoleños y 11 % afganos.
En la comparación con 2021, las personas sintecho en el país aumentaron en un 49,5 %, según datos enviados a EFE por la cartera.
Teniendo en cuenta el último censo realizado el año pasado (203 millones de habitantes en todo el país), una de cada 857 personas en Brasil no tiene donde vivir.
El documento sobre la situación de quienes vivían en las calles el año pasado indica que los sintecho estaban en el 64 % de los 5.568 municipios brasileños.
La mayor parte en los estados del sureste (62 %), la región más rica y desarrollada y que cuenta con los principales centros financieros, que terminan atrayendo a personas de las zonas más carentes del país en busca de mejores oportunidades.
Diez de las grandes metrópolis: São Paulo, Río de Janeiro, Belo Horizonte, Brasilia, Salvador, Fortaleza, Curitiba, Porto Alegre, Campinas y Florianópolis concentran casi la mitad (48 %) de toda la población sintecho del país.
En el Distrito Federal de Brasilia, por ejemplo, el porcentaje se eleva a tres sintecho por cada 1.000 personas.
La situación en algunos estados contrasta con el perfil nacional, como Roraima, en la Amazonía y fronterizo con Venezuela, en el que las mujeres representaron el 38 % de los sintecho y los niños y adolescentes el 19 %, pero del total, el 94 % eran personas del vecino país.
Según el informe un 90 % de todas las personas sintecho en Brasil eran alfabetizadas, el 68 % ya tuvo empleo formal y el 17 % ganaba el sustento diario del reciclaje.
La cartera señala que la población de los sintecho sufrió el último año algún tipo de violencia.
De las notificaciones reportadas, el 88 % fue por agresiones físicas y un 14 % por psicológicas, con algunas personas víctimas de ambas.
De acuerdo con el informe, las políticas de atención a los sintecho deben «reforzar el acceso al empleo y a la renta, a derechos básicos como la documentación y la educación y contemplar el consumo nocivo de drogas como un problema de salud pública».
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