Caracas.- El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (Inac) de Venezuela anunció este viernes, 30 de julio, que iniciará una investigación que puede derivar en sanciones a la aerolínea Plus Ultra por la venta de billetes en la línea Madrid-Caracas, una ruta aérea no autorizada.
«A fin de garantizar la correcta prestación de servicio público de transporte aéreo, informa al público en general que la comercialización de boletos por parte del explotador aéreo Plus Ultra Líneas Aéreas, en rutas no autorizadas por las autoridades de Venezuela, es contraria a la normativa aeronáutica«, reza un comunicado del Inac.
«Esa venta vulnera las restricciones establecidas por el Ejecutivo nacional sobre el espacio aéreo a los fines de mitigar los efectos de la pandemia», agrega el documento.
Al respecto, el instituto reiteró que las únicas rutas aéreas autorizadas son las que unen a Venezuela con Turquía, Rusia, México, Panamá, República Dominicana y Bolivia. Por tanto, el Inac «procederá con la investigación correspondiente a los fines de iniciar el procedimiento administrativo que permita determinar responsabilidad de Plus Ultra» en la venta de billetes «en rutas no autorizadas».
«Esa situación puede generar responsabilidades administrativas, civiles y penales, tanto para el explotador aéreo como para las agencias de viajes que incurran en dichas prácticas», señala el escrito.
Por su parte, el presidente del Inac, Juan Teixeira Díaz, quien difundió el comunicado, subrayó en Twitter que Plus Ultra «comercializó vuelos sin contar con la autorización del Inac».
«La ruta entre Caracas y Madrid actualmente no se encuentra entre las permitidas por el Ejecutivo nacional para vuelos comerciales regulares o no regulares», reiteró la fuente. Por eso afirmó que la aerolínea está en la obligación de proteger a los pasajeros afectados y asumir sus responsabilidades».
También este viernes la Fiscalía de Madrid dirigió un escrito al juzgado que investiga la conveniencia del rescate público a Plus Ultra, en el que insta a desbloquear los 34 millones de euros (40,3 millones de dólares) pendientes al no apreciar delito y para evitar una situación de iliquidez a clientes y acreedores.
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