Una década de Maduro en Miraflores: la profundización de la crisis venezolana multidimensional

Por Jesús Abreu, Kemberlyn Talero y Williams Brito

Caracas.- El gobernante Nicolás Maduro cumple una década al frente de la Presidencia de la República. Su llegada a Miraflores, tras obtener una ajustada victoria el 14 de abril de 2013 –con una diferencia de 223.599 votos frente al opositor Henrique Capriles–, auguraba un nuevo período conflictivo en Venezuela, tanto en el contexto político como en el ámbito económico y social.

En diciembre de 2012, Maduro –entonces como vicepresidente de la República– fue elegido por Hugo Chávez para liderar el proyecto político que él mismo aspiraba a dirigir más allá de 2021, como solía referir el militar de Sabaneta.

“Elijan a Nicolás Maduro como presidente”, ese fue el último mandato de Chávez a sus seguidores, en diciembre de 2012, antes de viajar a Cuba para tratar el cáncer por el que fallecería en marzo de 2013.

La muerte de Chávez activó la maquinaria electoral del oficialismo con la que Maduro competiría para mantener en el poder a la llamada revolución bolivariana, apenas seis meses después de la elección en la que Chávez obtuvo la victoria frente a Capriles, entonces candidato unitario de la oposición.

La tendencia irreversible de Maduro

En la elección presidencial del 14 de abril de 2013, Maduro obtuvo la victoria con 7.587.579 votos (50,61 %) frente a los 7.363.980 votos (49,12 %) que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le adjudicó a Capriles.

La encargada de anunciar el resultado de la elección, con una diferencia de 1 %, fue la entonces presidenta del CNE, Tibsay Lucena, quien falleció recientemente, exaltada por el oficialismo tras su labor en el CNE y que es recordada por incluir en sus anuncios sobre resultados electorales la frase “tendencia irreversible”.

Capriles no reconoció los resultados. En su segunda elección presidencial en menos de seis meses, el candidato opositor denunció irregularidades que se registraron antes, durante y después de la votación, por lo que planteó la necesidad de que se repitieran los comicios e impugnó el evento electoral, sin éxito, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Capriles acusó a Maduro de robarse la elección. El entonces gobernador de Miranda convocó a protestas indefinidas para reclamar lo que consideraba era un proceso electoral repleto de irregularidades y ventajismo.

Maduro llegó a Miraflores en medio de un tenso contexto político. Con Maduro, el oficialismo perdió casi 600.000 votos en 6 meses, entre las elecciones presidenciales de 2012 y 2013. La caída del apoyo popular, que obligó al oficialismo a cerrar filas en apoyo al sucesor de Chávez –incluida la Fuerza Armada Nacional (FAN)– vaticinaba una nueva etapa conflictiva que llegaría a partir de febrero de 2014.

Sostenibilidad y legitimidad

La forma como llegó Maduro a Miraflores en 2013 fue un factor de preocupación para el chavismo por la sostenibilidad del nuevo Gobierno, que se propuso sobrevivir sin la figura de Chávez.

Las protestas de 2014, lideradas por los dirigentes políticos de oposición Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma, marcaron un punto de inflexión no solo para el Gobierno, sino para la oposición que en 2015 se presentaría unida para obtener una victoria en las elecciones parlamentarias.

Con la mayoría ganada en la Asamblea Nacional, la oposición apostó por enfrentar a un Maduro que consideraban vulnerable, sin prever ningún giro sorpresivo que llegaría con la agudización de la crisis política. 

Desde el Parlamento de mayoría opositora, el entonces presidente del Poder Legislativo, Henry Ramos Allup, aseguró que en seis meses la oposición sacaría a Maduro de la Presidencia.

La respuesta del TSJ en 2017 fueron dos sentencias que declararon en desacato al Parlamento de mayoría opositora y que se sumaron a la suspensión de la solicitud para convocar un referendo revocatorio, propuesta impulsada en 2016 por dirigentes políticos como el propio Capriles.

Maduro se sobrepuso a un nuevo ciclo de protestas durante 2016 y 2017, en las que fueron asesinadas 143 personas, en medio de la ruptura del hilo constitucional –como lo denunció la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz– resultado del conflicto entre los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.

La crisis política y social agudizada entre 2016 y 2017 devino en la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente por parte de Maduro, esa instancia, en enero de 2018, fue la encargada de llamar a elecciones presidenciales.

Fue el 20 de mayo de 2018, cuando Maduro se presentó como el candidato presidencial del oficialismo en un proceso electoral rechazado por la oposición, que calificó la convocatoria de fraudulenta.

El CNE anunció la reelección de Maduro, con 6.248.864 votos (67,84 %) frente al candidato opositor, el único de las filas de los principales partidos opositores que aceptó participar en el cuestionado proceso electoral, Henry Falcón, quien obtuvo 1.927.958 de votos (20,93 %).

El evento electoral registró una abstención de 54 %, según detalló el CNE. De los 20.526.978 electores inscritos para votar, 9.389.056 participaron en la cuestionada elección.

La elección presidencial que convocó la cuestionada Asamblea Nacional Constituyente del oficialismo no fue reconocida por la comunidad internacional y fue el precedente para que en enero de 2019, el Parlamento electo en 2015 proclamara a Guaidó, entonces diputado por Voluntad Popular y titular de la instancia legislativa, como presidente encargado y líder de un gobierno interino.

La oposición, con el Parlamento electo en 2015, calificó a Maduro de usurpador de la Presidencia de la República.

Del desconocimiento a la estabilidad

En 2019, al menos 50 países reconocieron a Guaidó como presidente encargado de Venezuela. El entonces líder del gobierno interino sostuvo que la ruta para el cambio político, a partir de su proclamación, se resumía en una fórmula: cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.

La presión internacional mediante sanciones –tanto individuales como sectoriales–, foco de la estrategia de la oposición a partir de 2019, no fue suficiente para que la fórmula detallada por Guaidó fuera efectiva, pues no se produjo un quiebre en la coalición de gobierno liderada por Maduro.

El gobernante tuvo que sortear diversas acciones que buscaban derrocarlo: primero en abril de 2019, con la participación del propio Guaidó y López, y luego en el inicio de 2020, con la llamada Operación Gedeón.

La llegada de la pandemia del COVID-19, en marzo de 2020, devino en estabilidad para Maduro. El gobierno interino de Guaidó no sobrevivió luego de casi cuatro años y una nueva fragmentación de la oposición se produjo en medio de la consolidación del gobernante oficialista.

Contra muchos pronósticos, en medio de una negociación política y una reciente purga interna en el oficialismo, Maduro llegará a 2024 como candidato presidencial, en pleno ejercicio de Gobierno, luego de una década en Miraflores con un alto costo en lo político, social y económico.

En 2023, al cumplirse seis años de la rebelión popular por las protestas antigubernamentales de 2017 que hicieron tambalear la estabilidad de Maduro, la organización no gubernamental Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) califica de dictadura del siglo XXI a la administración de Maduro.

Crisis económica, la constante de los últimos 10 años

La economía es un elemento clave en cualquier gobierno, pero en el de Nicolás Maduro destaca porque durante sus 10 años el colapso se hizo evidente. Dólar paralelo, escasez, hiperinflación, sanciones económicas, baja producción petrolera, dolarización, reconversiones monetarias y bajos salarios han sido solo algunos de los elementos que han destacado durante la gestión del sucesor de Chávez.

Sintetizar cada uno de estos factores lleva a otras causas y consecuencias de políticas que han conducido a Venezuela a tener un nivel de pobreza multidimensional que, en 2022, bajó a 50 %, según la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Universidad Católica Andrés Bello (Encovi). La cifra oficial de este indicador se desconoce, así como la de muchos otros, pues la falta de datos, tanto económicos como sociales, ha sido otra de las constantes en las instituciones gubernamentales.

El año en el que Maduro recibió la presidencia (2013) cerró con una inflación de 56,4 %, que ya era motivo de preocupación. La escasez comenzaba a ser un problema, con colas en supermercados por productos básicos, como leche y aceite, y los 10 años de Cadivi (Comisión de Administración de Divisas) comenzaban a pasar factura con el crecimiento del mercado negro de dólares.

Para el sector petrolero internacional 2014 fue un año complejo con una vertiginosa caída de los precios, pero en Venezuela fue el inicio del desplome de la principal fuente de ingresos del país.

Desde el inicio del gobierno de Maduro imperó el discurso de la guerra económica y la inflación inducida por especuladores. Sin embargo, los analistas ya advertían que la renta petrolera era utilizada para financiar el enorme gasto público.

Llegaron las sanciones

Hasta 2016 la caída de los precios del petróleo era uno de los principales problemas para Pdvsa. De un máximo de 103 dólares por barril en 2012, el crudo se desplomó a 36 dólares en 2016. La recesión ya acompañaba al país desde 2014, pero en 2017 se sumó un elemento adicional: las sanciones de Estados Unidos.

Si bien algunos analistas y organizaciones consideran que la crisis en la industria petrolera inició mucho antes de las sanciones, y atribuyen la caída de la producción a elementos como la desinversión, corrupción y mala gerencia, las primeras sanciones financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela limitaron las operaciones de Pdvsa, a pesar de que en ese año se recuperaron los precios del petróleo. Esas primeras medidas del país norteamericano prohibieron las negociaciones sobre nuevas emisiones de deuda y de bonos por parte del gobierno de Venezuela y de la misma estatal petrolera, al tiempo que limitaron la negociación de ciertos bonos del sector público venezolano, e impidieron el pago de dividendos al gobierno de Venezuela.

Como alternativa para acceder al sistema financiero, el gobierno de Maduro creó, en diciembre de 2017, la criptomoneda petro, sobre la que la administración estadounidense también emitió prohibiciones en 2018.

Las sanciones a la industria petrolera venezolana se emitieron en enero 2019 e impidieron la comercialización de crudo a Estados Unidos, principal importador, lo que obligó al país a buscar nuevos mercados, rutas y ofrecer descuentos. Según un informe de la ONG Transparencia Venezuela, estas decisiones fueron usadas como excusa por el gobierno de Maduro para alimentar los esquemas de corrupción en torno a Pdvsa.

En medio de ese contexto, la industria petrolera sufrió un colapso en los últimos 10 años que la llevó a pasar de una producción de 3.000.000 de barriles de petróleo diarios, de acuerdo con reportes de Pdvsa, a poco más de 700.000 barriles diarios, según informes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (Opep). La situación afectó severamente el abastecimiento de combustible desde 2020 y las colas volvieron a hacerse presentes, ahora en las estaciones de servicio; también condujo a un aumento del precio de la gasolina en 2021 y a un nuevo esquema de distribución.

4 años de hiperinflación y 14 ceros menos

Con la caída de los ingresos provenientes de la venta de crudo se generó un déficit fiscal (gastos superiores a los ingresos) que era financiado por el Banco Central de Venezuela (BCV), de esa forma aumentaba la circulación de bolívares sin respaldo productivo que impulsaron el incremento acelerado de los precios.

En noviembre de 2017 el país entró en una hiperinflación que alcanzó su pico más alto en 2018, al cerrar en 130.060 %, y de la que pudo salir cuatro años más tarde, aún sin dejar de ser el país con la inflación más alta del mundo. Ese año, la escasez de alimentos y productos básicos fue abrumadora.

Ante la caída de la producción nacional y la disminución de las importaciones de materias primas, el gobierno incentivó las importaciones de productos terminados y nació el boom de los bodegones, locales donde los venezolanos podían acceder a toda clase de rubros extranjeros.

Los problemas para manejar el dinero en Venezuela no se hicieron esperar por la acelerada inflación. Pero más allá de generar políticas antiinflacionarias, el gobierno apeló, en agosto de 2018, por la reconversión monetaria, tal como lo había hecho Hugo Chávez en 2008 al eliminar tres ceros a la moneda. En esta ocasión, el BCV suprimió cinco ceros al bolívar, que pasó de fuerte a soberano.

Más allá de resolver el problema de las transacciones, el manejo de bolívares se complicó más con el paso de los meses y se hizo evidente en marzo del año siguiente, cuando Venezuela quedó a oscuras producto de un megaapagón que impidió en gran medida el acceso a la banca y abrió paso a una dolarización de facto, que ya se venía desarrollando y que el gobierno se vio obligado a permitir. En octubre de 2021, el BCV anunció una nueva reconversión (la tercera del chavismo), con la que le suprimió 6 ceros más a la moneda local, con lo que en total ha perdido 14 ceros. Esto quiere decir que 1 bolívar actual equivale a 100.000.000.000.000 bolívares de 2007.

Desigualdad y bajos salarios

La caída del poder adquisitivo es una de las grandes consecuencias de la hiperinflación. Ante el aumento acelerado de precios, el gobierno implementó una política de incrementos periódicos de salario mínimo que financiaba con emisión monetaria, pero la frecuencia de los incrementos salariales disminuyó y desde 2022 no se anuncia un nuevo aumento para el sector público.

El salario mínimo y las pensiones actualmente rondan los 5 dólares mensuales, y, mientras tanto, en Venezuela predomina la desigualdad con personas que sobreviven con un sueldo mínimo y los bonos otorgados por el gobierno de Maduro, otra de las políticas de su administración, junto con la entrega de combos alimenticios. Otros perciben ingresos en dólares y pueden acceder a mayor cantidad de bienes y servicios, aunque en la mayoría de los casos tampoco alcance para cubrir la canasta básica.

Si bien el aumento de precios se desaceleró considerablemente, tomando en cuenta las dimensiones de 2018, se ha disminuido el gasto público, y mejoran las perspectivas económicas para el segundo trimestre de 2023, aún sigue latente la preocupación sobre un retorno a la hiperinflación.

DD. HH., el talón de Aquiles del gobierno madurista

El 3 de noviembre de 2021 fue un día determinante para la administración de Nicolás Maduro. El fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció en el propio Palacio de Gobierno –con la presencia del mandatario y su círculo de poder– la apertura de una investigación formal en Venezuela para determinar responsabilidades en delitos de lesa humanidad cometidos contra los ciudadanos y denunciados ante el alto tribunal.

La decisión de la CPI se dio luego de que el gobierno madurista desarrollara una estructura anti protesta con los cuerpos de seguridad, paramilitares y civiles armados, que se solidificó desde 2014 hasta 2019 para desarticular las manifestaciones ciudadanas. Prácticamente desde el inicio de su mandato, tras unas cerradas elecciones presidenciales en 2013, Maduro enfrentó el descontento popular sobre la base de la fuerza, criminalización de las protestas e intimidación a opositores.

La cifras registradas por organizaciones no gubernamentales, como Provea, revelan cómo escaló la violencia de Estado en 5 años: en 2014 se registraron 41 muertes durante las protestas que se iniciaron en febrero; en 2017 fallecieron 143 ciudadanos en ese contexto; en 2018 murieron 16; mientras que en 2019 otras 61 perdieron la vida en medio de enfrentamientos.

Bajo la gestión de Maduro, que hoy cumple 10 años en el poder, se contabiliza el mayor número de heridos en manifestaciones durante las últimas 3 décadas. Desde 2013 hasta 2019 resultaron lesionadas 6.569 personas, más del doble que las registradas en el período de Hugo Chávez, entre 1999 y 2012, según el estudio de Provea.

De acuerdo con un informe del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2014 se produjeron 4.833 protestas vinculadas a derechos políticos, la mayoría en contra de Maduro. Estos movimientos vinieron después de la muerte de Hugo Chávez, el 5 marzo de 2013, y la posterior ascensión al poder de su sucesor en abril de ese año. El resultado de la elección presidencial, que dio ganador a Maduro sobre Capriles por un estrecho margen, movilizó a simpatizantes de oposición a la calle, que fueron reprimidos por los cuerpos de seguridad del Estado y grupos armados.  

Lo que comenzó con marchas de estudiantes en Mérida y Táchira para reclamar en contra de la inseguridad, se extendió a estados importantes del país tras la detención de varios manifestantes. El 12 de febrero de 2014 se registró en Caracas una movilización de universitarios al centro de la ciudad que culminó con la muerte de 3 personas y 66 heridos.

Un trabajo de investigación periodística del medio Últimas Noticias determinó que los cuerpos de seguridad asesinaron de un tiro en el cráneo a Bassil Da Costa, de 24 años, y no los manifestantes opositores, como había denunciado el Gobierno. Horas más tarde, en el municipio Chacao, también mataron a Robert Redman, quien acompañaba a Da Costa. El líder social Juan Montoya recibió un disparo en la cabeza ese mismo día.

La máxima muestra de represión se dio en 2017. El Observatorio Venezolano de Conflictividad publicó en su página que en las 6.729 manifestaciones, que contaron desde abril a julio, murieron 163 ciudadanos. La ONG Foro Penal destaca que fueron 133 personas las fallecidas en este contexto, de las cuales 101 fueron asesinadas en protestas por cuerpos de seguridad y civiles armados. Mientras que el Ministerio Público reconoció la muerte de 129 venezolanos. 

Precisamente en abril se encendió la chispa de las protestas de 2017 cuando el Tribunal Supremo de Justicia, dominado por el Gobierno, intentó usurpar las funciones de la Asamblea Nacional. El descontento en contra de la gestión de Maduro aumentó y durante varios meses opositores salieron a las calles. La respuesta gubernamental fue arremeter de manera más férrea y sistemática que en años anteriores.

Además de los muertos y heridos, cientos de manifestantes fueron detenidos y algunos fueron procesados por tribunales militares. En ese lapso, Human Rights Watch documentó 88 casos que involucran a 314 personas a las que les fueron violados sus derechos fundamentales. 

La inestabilidad en las calles siguió en enero de 2019. En varios estados, opositores se levantaron mientras Juan Guaidó, nuevo presidente de la Asamblea Nacional de 2015 se proclamaba presidente interino, el 23 de enero. Más de 50 países desconocieron a Maduro como mandatario de Venezuela.

Según el Observatorio Venezolano de Conflictividad, en 2019 hubo 16.739 manifestaciones en todo el país, la cifra más alta de la década. De las 61 personas que fueron asesinadas ese año en el contexto de la violencia política, Provea destaca que 40 son responsabilidad de la fuerza pública (Guardia Nacional, Fuerzas de Acciones Especiales de la Policía Nacional Bolivariana, Policía Nacional y policías municipales).

Una década después del ascenso de Maduro como presidente, Venezuela ha recibido señalamientos de organismos internacionales por la violación sistemática de los derechos humanos. Datos de Foro Penal, publicados por Human Rights Watch, señalan que más de 110 presos políticos han permanecido en detención preventiva durante 3 años, algo que contraviene el Código Penal; 875 civiles –de los casi 16.000 que fueron detenidos en protestas desde 2004 hasta 2012– fueron procesados por tribunales militares.

Karim Khan, fiscal de la CPI, determinó que hay motivos para investigar a Venezuela por posibles crímenes de lesa humanidad. Lo dijo en noviembre de 2021 frente al propio Nicolás Maduro, además lo ratificó el 4 de abril pasado, cuando desestimó las razones esbozadas por Miraflores sobre la apertura de la investigación.

Mientras, quedan las marcas de las torturas denunciadas por ONG; la migración de casi siete millones de personas; la crisis humanitaria compleja con la falla en el sistema de salud y alimentario; el ataque a los medios de comunicación independientes y la falta de independencia de los Poderes Públicos.