Caracas.- “Alarmante”. Así califica la organización no gubernamental (ONG) Un Mundo Sin Mordaza, el estado de la libertad de expresión y el acceso a la información en Venezuela en su informe semestral sobre estos derechos. Y es que, basándose en información de prensa y otras organizaciones, esta ONG registró 29 incidencias en el “ejercicio de difusión y acceso libre a la información” que incluye la detención de 15 periodistas.
También denunciaron que en los primeros seis meses del año se registraron 63 actos de hostigamiento y amenazas a civiles y trabajadores de la prensa. Parte de esas agresiones fueron ejercidas por cuerpos de seguridad (44 %) y por funcionarios públicos (22 %).
Asimismo, recabaron información en cuanto a la afectación a medios clásicos como televisión y radio con 22 y 63, respectivamente, al tiempo que denunciaron, al menos, 13 bloqueos a páginas web.
En cuanto a la obligación de aseguramiento y garantía que se traduce en la responsabilidad del Estado venezolano en garantizar el derecho a la libertad de expresión, Un Mundo Sin Mordaza considera que ha habido un claro incumplimiento y que el Estado no solo no garantiza este derecho sino que también lo viola.
La ONG destaca cómo los problemas de servicios públicos atentan contra la libertad de expresión y el acceso a la información. Por ejemplo, en los primeros seis meses del año se registraron 38.004 fallas eléctricas, según el Comité de Afectados perjudicando así a los medios digitales al estar imposibilitados de estar en línea.
Sin Mordaza finalmente recordó que Reporteros sin Fronteras coloca a Venezuela en el puesto 148 de 180 en su ranking sobre libertad de prensa. Mientras que Freedom on the Net reportó la mayor caída en cuanto a la libertad de internet en cinco años puntuando al país con 28 sobre 100.
El director de la ONG, Rodrigo Diamanti también destacó el embargo a El Nacional, el cual considera “fue un castigo ejemplarizante para que otros medios se vean reflejados” tal y como ocurrió con RCTV, dijo.
Como conclusión, Un Mundo Sin Mordaza señaló que no existen acciones positivas que permitan condiciones mínimas para el desarrollo efectivo de la libertad de expresión y sostienen que no existe intención del Estado para cambiar este escenario.
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