Electores de tres circuitos y un estado han quedado sin representación parlamentaria tras la actuación del Tribunal Supremo de Justicia y de la Asamblea Nacional Constituyente en contra de la Asamblea Nacional. Al menos 31 diputados han sido obligados a abandonar su curul y están encarcelados, en la clandestinidad, en el exilio o desaparecidos
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“Hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a Venezuela que ha triunfado la Constitución y la democracia”, dijo Nicolás Maduro la madrugada del 7 de diciembre de 2015, tras conocer que la oposición venezolana había ganado la mayoría de las curules de la Asamblea Nacional. La Mesa de la Unidad Democrática había alcanzado la mayoría calificada, es decir 112 diputados, mientras que el Gran Polo Patriótico se alzaba con 55 escaños.
Sin embargo, el reconocimiento oficial solo duró 23 días. Una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia suspendió el acto de totalización, adjudicación y proclamación de los cuatro diputados —tres opositores y uno oficialista— electos en el estado Amazonas por una supuesta compra de votos, lo cual le quitó facultad a la oposición de aprobar decretos de excepción, presupuesto de la nación o aplicar mociones contra funcionarios del Estado.
Sobre el caso de Amazonas se tejió una tesis de desacato que le ha servido a Maduro para tratar de desmantelar el Poder Legislativo. Desde diciembre de 2015 hasta mayo de 2019, el Poder Judicial ha dictado 97 sentencias en contra de la AN, según el registro de la ONG Acceso a la Justicia. Tales decisiones han afectado a al menos la representación parlamentaria de ocho estados del país, y, en consecuencia, se han violado los derechos políticos de los venezolanos.
De acuerdo con las listas de asistencia de este año, la Asamblea ha cumplido el quórum reglamentario para las sesiones ordinarias, que es de 84. A pesar del manual configurado por el Gobierno, que incluye encarcelamientos, exilio, allanamientos de inmunidad y hasta desapariciones, el parlamento cuenta con 109 diputados, de los cuales 105 son opositores y cuatro son ex chavistas.
De los 105, 25 pertenecen a Primero Justicia, 25 a Acción Democrática, 15 a Voluntad Popular, 12 a Un Nuevo Tiempo, cinco a Cambiemos, cuatro a Vente Venezuela, tres a La Causa R, dos a Movimiento Progresista de Venezuela, dos a Copei, dos a Encuentro Ciudadano, dos a Avanzada Progresista, uno a Proyecto Venezuela, cuatro que son independientes y tres representaciones indígenas. Los otros cuatro son los ex chavistas Eustoquio Contreras, Arkiely Perfecto, Lucila Pacheco y Fernando Orozco. Este conteo se corresponde a la nueva correlación de fuerzas de la Asamblea Nacional, tras el despojo de la inmunidad de 14 parlamentarios y la incorporación de sus suplentes.
A partir del 7 de mayo de este año, una semana después del alzamiento militar, Maduro inició una escalada de persecución a través del Ministerio Público, el TSJ y la Asamblea Nacional Constituyente, cuya facultad para legislar es inexistente.
No obstante, al menos 40 diputados han sido atacados directamente por el régimen desde 2015: una tercera parte pertenece a VP, partido creado por Leopoldo López y al que pertenece Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela; 12 son de PJ, tres de AD, cuatro del MPV, dos de la LCR, dos Independientes,uno de Alianza Bravo Pueblo y un ex chavista.
Diecinueve tienen la inmunidad allanada, de los cuales siete están en la clandestinidad, cinco se encuentran refugiados en sedes diplomáticas, tres permanecen en el exilio, otros tres están encarcelados y uno ejerce funciones, que es Guaidó.
Los atacados por Maduro
Esta actuación en conjunto ha dejado al estado Miranda sin cuatro diputados principales y tres suplentes. Es el caso de Miguel Pizarro (C-3), Adriana D’Elia (C-4), Julio Borges (Lista) y Freddy Guevara (C-2), cuyo suplente, Juan Andrés Mejía, se encuentra resguardado luego de que allanaran su inmunidad, ocasionando el vacío de esta curul. El segundo suplente es Gilber Caro (C-4), quien extraoficialmente fue detenido por funcionarios del Sebin el pasado 26 de abril, pero se desconoce su paradero, y el tercero es Franco Casella, refugiado en la embajada de México.
Ya desde 2016 la representación parlamentaria de Miranda estaba incompleta por la decisión de la bancada oficialista de retirarse de sus curules alegando el desacato de la AN.
El segundo estado más afectado en su representación parlamentaria es Táchira. La persecución ha sacado de juego a cuatro diputados principales, envió a un suplente al exilio y mantiene a otro con medidas sustitutivas de libertad: Sergio Vergara (C-5), Gaby Arellano (C-2), Sonia Medina (Lista), Rafael Requesens (C-4), Rosmit Mantilla y Renzo Prieto. Con el allanamiento del fuero de Vergara, la oposición perdió el circuito 5, pues Mantilla tiene casi un año fuera del país.
Aragua también perdió cuatro diputados principales, tiene un suplente hostigado y otro con medida sustitutiva: Simón Calzadilla (C-4), Mariela Magallanes (C-4), Dinorah Figuera (Lista), Ismael García (C-1) Adriana Pichardo y Gilberto Sojo. En esta entidad, la curul de Figuera se encuentra en peligro debido a que Sojo, su suplente, tiene medida sustitutiva de libertad.
63.937 electores de Amazonas, que votaron por cuatro diputados, se quedaron sin representación en la cámara tras la sentencia n° 260 del TSJ. Aun así, Nirma Guarulla (nominal) y Romel Guzamana (representación indígena) se incorporaron. No es el mismo caso de Julio Ygarza, quien, tras varias incorporaciones, decidió separarse de la curul, y su suplente, Rosa Petit, se encuentra resguardada tras recibir amenazas. Mientras que Miguel Tadeo, del partido de gobierno, nunca se juramentó.
En el caso de Vargas, el Gobierno atentó contra los derechos políticos de los ciudadanos que votaron por José Manuel Olivares (Lista) y por Winston Flores (C-1), suplente de Milagros Eulates. Sobre Guaidó, juramentado como presidente encargado de Venezuela tras declarar la usurpación de Maduro en el cargo, pesa una investigación del Ministerio Público, una inhabilitación por 15 años de la Contraloría de la República designada por la Asamblea Nacional Constituyente y el allanamiento de su inmunidad, pero el Gobierno aún no ha procedido con su detención. Es el único diputado que continúa en sus funciones pese al allanamiento de su inmunidad.
Distrito Capital, Lara y Mérida son los otros estados que han sido afectados. En el primer caso, se perdió el circuito 3 de Caracas, que ocupaba Henry Ramos Allup (resguardado) y su suplente Ramón López, quien está fuera del país. Los caraqueños también perdieron al diputado Richard Blanco (C-5), refugiado en la residencia del embajador de Argentina, y el diputado Tomás Guanipa tiene una investigación abierta por la Contraloría.
El 7 de mayo, el TSJ atentó de un plumazo contra Luis Florido (C-1) y Edgar Zambrano (Lista), diputados principales por el estado Lara. El primero se encuentra en Colombia y el segundo recluido en Fuerte Tiuna, de acuerdo con el tribunal que lleva su causa; ambos están acusados de participar en los hechos del 30 de abril.
De los 26 diputados principales atacados, cinco se mantienen en funciones, 16 suplentes se han incorporado, otro se encuentra resguardado y tres circuitos se han perdido
El estado Mérida también perdió a su diputado Carlos Paparoni (C-4), resguardado tras el allanamiento de su inmunidad, y a la diputada Milagro Valero (Lista), en el exilio por razones personales. Además, el parlamentario Williams Dávila tiene su pasaporte anulado, lo cual le impide cumplir a cabalidad su cargo en el Parlamento del Mercosur.
De estos 26 diputados principales atacados de ocho entidades, cinco se mantienen en funciones, 16 suplentes se han incorporado, otro se encuentra resguardado y tres circuitos se han perdido. Además, al estado Barinas le quitaron un diputado principal del circuito 1, que es Freddy Superlano, pero su suplente aún no se ha incorporado. Y por Bolívar, Maduro inhibió a Américo De Grazia (C-3), quien se encuentra refugiado en la residencia de Italia. Su suplente, Manuel González, se incorporó a la cámara.
El pasado miércoles, 24 de mayo, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, asomó que “la justicia” irá por otro grupo de parlamentarios, a propósito del alzamiento militar fallido del 30 de abril. El Pitazo conoció que la Organización de Naciones Unidas ha instruido a sus oficinas a acoger a cualquier miembro de la Cámara que sea perseguido por el Gobierno de Maduro.
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