Caracas.- La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Gladys Gutiérrez, juramentó a la abogada Katherine Haringhton como nueva presidenta del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. Así lo indica una publicación en Instagram del TSJ, este miércoles 22 de marzo.
En el acto, Gutiérrez invitó a Haringhton a «acompañar las políticas judiciales emanadas del alto tribunal, orientadas a incrementar la eficacia y eficiencia del Poder Judicial, así como optimizar el servicio que se presta los justiciables».
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Katherine Haringhton figura como suplente de la Sala de Casación Penal de Tribunal Supremo de Justicia.
En 2017, el TSJ nombró a Haringhton como vicefiscal y en julio de ese año intentó entrar a la sede del Ministerio Público en el maletero del vehículo de la fiscal Nardia Sanabria. Esta acción la tomó luego de que le negaran la entrada al lugar por órdenes de la fiscal general de ese entonces, Luisa Ortega Díaz, quien ahora está en el exilio. Ortega había nombrado a Rafael González como titular de ese despacho, con respaldo del Parlamento.
Este hecho ocurrió el 6 de julio de 2017. Según reportaron periodistas en ese entonces, los trabajadores alertaron al personal de seguridad al notar la presencia de Haringhton dentro de las instalaciones y procedieron a retirarla del lugar. Además, el 13 de julio de 2017 se le negó la entrada a la reunión extraordinaria de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, según detalla el portal Poderopedia.
En la lista de los sancionados
La funcionaria también fue fiscal 20 nacional del Ministerio Público e intervino en las causas contra la dirigente María Corina Machado, el exalcalde Antonio Ledezma y el exgobernador de Carabobo, Henrique Salas Romer.
En marzo de 2015 la incluyeron en la lista de funcionarios a los que el gobierno de Estados Unidos revocó la visa y congeló bienes en el exterior. A un mes de estas sanciones, el gobernante Nicolás Maduro la nombró viceministra del Sistema de Investigación Penal.
Otro de los datos que revela Poderopedia es que el 30 de marzo de 2018 el Gobierno de Panamá la sancionó por ser considerada de alto riesgo por blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Tres meses después, el 25 de junio, fue sancionada por la Unión Europea.
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