Caracas.- El fiscal general designado por el gobierno de Nicolás Maduro, Tarek William Saab, se refirió este jueves, 12 de agosto, a un caso de protección al medio ambiente y a mafias desmanteladas que atentan en contra de la familia venezolana.
Desde la sede del Ministerio Público (MP) en Caracas, Saab informó que el 3 de agosto funcionarios de la Guardia Nacional (GN) adscritos a la Coordinación de Guardería Ambiental del estado Vargas en conjunto con funcionarios del Ministerio de Ecosocialismo y del Ministerio para Pesca y Acuicultura, verificaron una solicitud de permiso de exportación de productos hidrobiológicos a la empresa Distribuidora KRM.
Al momento de la inspección se percataron de que se trataba de una carga de 860 kilos de aletas de tiburón de diferentes especies, la cual se pretendía realizar de manera fraudulenta, toda vez que se forjaron diferentes permisos, razón por la que notificaron al Ministerio Público quien actuó de forma rápida y oportuna.
Saab indicó que se pudo constatar que este caso guarda relación directa con una investigación que se venía desarrollando en la Fiscalía 89ª Nacional en Defensa Ambiental, iniciada tras recibirse información oficial de la Autoridad Administrativa de la Cites de Hong Kong (Cites es la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Flora y Fauna Silvestre).
Tarek William Saab aseveró que esta información «refería la llegada a Hong Kong de una exportación de caballitos de mar y aletas de tiburón proveniente de Venezuela, la cual iba amparada con un Registro Cites que presentaba irregularidades».
Explicó que durante la fase de investigación adelantada por el MP, se comprobó la participación en varias exportaciones fraudulentas de la empresa Distribuidora KRM, que era utilizada de fachada para pretender legalizar estos hechos delictivos que atentan contra los ecosistemas y la fauna marina en el país: «Para reunir 860 kilogramos de aleta de tiburón estas personas debieron sacrificar un aproximado de 900 tiburones de diferentes tallas».
Saab aseguró que «se trata de un delito internacional como es el tráfico ilegal de especies en peligro de extinción o amenazadas. Este cargamento de aletas de tiburón está valorado en el mercado internacional en unos 250 mil dólares.
Entre las acciones emprendidas por el MP, resaltó «los allanamientos que se están realizando en este momento en el estado La Guaira, a los fines de colectar elementos de interés criminalístico que permitan la desarticulación completa de esta banda».
Por este caso el Ministerio Público logró privativa de libertad a Moisés Echarry, Luis Capitillo y José Robaina; así como una medida cautelar para Gabriel McConlley, por contrabando agravado, asociación para delinquir, pesca ilícita y forjamiento de documento público. Asimismo, las investigaciones arrojaron además la participación de dos funcionarios de Insopesca, quienes se encargaban de otorgar los permisos irregulares.
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