Caracas.- El Secretario General de la Universidad Central de Venezuela (UCV), Amalio Belmonte, manifestó su rechazo y el de todo el tren rectoral a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en donde se exige la celebración de elecciones de autoridades en seis meses, bajo unos métodos distintos a los de elección tradicional.
Antecedentes
El secretario de la UCV explicó que en 2009, la Asociación Venezolana de Rectores Universitarios (Averu), presidida entonces por la profesora Rita Áñez, rectora actual de la Universidad Nacional Experimental Politécnica Antonio José de Sucre (Unexpo), introdujo una solicitud de nulidad contra la Ley Orgánica de Educación, específicamente los artículos 31, 32, 33 y 34.
«En esa Ley Orgánica de carácter general aparecieron artículos relacionados con la universidad, los mismos que aparecieron en la reforma constitucional que Chávez propuso en 2010, porque siempre ha habido una intención del gobierno de controlar la universidad modificando la concepción de comunidad académica expresada en el artículo 109, de la Constitución», relató Belmonte.
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El artículo 109 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela concibe como miembros de la comunidad a los profesores, estudiantes y egresados, quienes históricamente han votado para elegir a las autoridades. Mientras que el artículo 34 de la Ley Orgánica de Educación establece que la comunidad universitaria también está compuesta por obreros, además de profesores, estudiantes y egresados.
«El gobierno hace esto para que los obreros y empleados del personal administrativo también puedan votar en las elecciones de las autoridades, sin embargo, la comunidad académica está compuesta por profesores, egresados y estudiantes», aseguró el ucevista.
El problema
«El recurso de nulidad es una opción que ofrece la ley para revocar total o parcialmente leyes dictadas por el Estado, cuando estas contengan disposiciones que vayan en contra de la Constitución Nacional o de los principios generales del derecho», explicó la abogada Katherine Galíndez, quien además resaltó que «el principio de celeridad procesal existe para que las partes puedan tener justicia en el tiempo previsto, y que los procesos no se conviertan en medios para generar más daño aún a las partes».
El secretario de la UCV indicó que «se tardaron 10 años en responder la solicitud de nulidad», lo que puede ser calificado como una violación al principio de celeridad procesal.
«El Tribunal Supremo de Justicia a cada momento toma decisiones, porque el gobierno solicita allanar inmunidad y hacer cuanto ‘desbarajuste’ quiere, pero se ha tardado 10 años en responder a lo que solicitamos. Y no solo que se ha tardado, sino que se tomó la decisión en un proceso vacacional, en donde hay receso de la actividad de los tribunales», comentó Belmonte, quien resaltó que la solicitud que se introdujo en 2009 fue a la sala constitucional de los tribunales.
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«El gobierno quiere hacer de las elecciones universitarias una suerte de elecciones municipales o elecciones para el Congreso. No estaríamos eligiendo a un alcalde o a un diputado sino a gente para que gobierne la academia, es decir, deben privar criterios académicos. El gobierno no cree en eso, cree en una cuestión populista», expresó Amalio Belmonte, quien señaló además, que aunque la medida aplica para todas las universidades autónomas, está comunicada directamente a la rectora Cecilia García Arocha.
«Esto nos parece muy extraño, además todas las universidades autónomas tienen el mismo tiempo de vencimiento de nuestras autoridades», aseveró. «El gobierno jamás ganará unas elecciones en la universidad», manifestó Belmonte.
El secretario de la UCV aseguró que no tienen temor a contarse, lo que desean es que sea bajo un mecanismo que no desnaturalice la academia. El cuestionado gobierno de Nicolás Maduro propone un método de elección 1×1, que significa que todos los actores de la comunidad universitaria, que ellos conciben, tenga un voto de igual valor, lo que no ha sido así en las elecciones anteriores.
«Si hacemos el 1×1, podrían participar todos los egresados de la UCV que estén en Venezuela, por ejemplo, y la verdad es que no queremos que el destino de nuestra universidad sea decidido por quienes no están dentro de ella, ni que se defina bajo un criterio que no sea académico», explicó Belmonte.
Las últimas elecciones de autoridades en las universidades autónomas se celebraron en 2008, el método electoral implica que el voto de estudiantes, profesores y autoridades tiene una validez particular.
José Romero, secretario de Cultura de la Federación de Centros Universitarios de la UCV, explicó que la Ley de Universidades define la validez del voto profesoral, de acuerdo al escalafón de cada profesor, asimismo, hay un reglamento que define la participación de egresados y del estudiantado.
Los egresados que participan son los electos representantes al Consejo de cada Escuela. En cuanto a los estudiantes, se trata de una elección de segundo grado. Los estudiantes eligen a sus representantes, que deben ser 25% del número de profesores y son estos representantes los que votan por las autoridades, completó Romero.
Profesores y estudiantes en contra de la sentencia
La Asociación de Porfesores Universitarios (Apucv), en asamblea, se manifestó en contra de la sentencia y la calificó de ilegítima. «Ya la Universidad venezolana ha sido atacada desde hace muchos años, a través de la violencia sistemática ejercida contra su comunidad y a través de la asfixia presupuestaria. Nuestra actitud no es otra que de rechazo a los que pretenden instaurar el pensamiento único», dijo David Sosa, presidente de la Federación de Centros Universitarios (FCU) de la UCV.
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Los estudiantes también se manifestaron en contra de la sentencia, a través de una rueda de prensa el 28 de agosto. «Esto forma parte de la rutina del gobierno para tratar de dividir a los sectores, no pretendamos darle respuesta jurídica a un conflicto político», dijo Lustay Franco, secretaria general de la FCU-UCV.
Acciones
El secretario de la UCV, Amalio Belmonte, sostuvo que se apersonarán al Tribunal Supremo de Justicia para entender mucho mejor lo que está sucediendo y a partir de allí se reunirá el Consejo Universitario. Mientras tanto, se mantienen en rechazo contundente de la medida, ya que viola las disposiciones establecidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en la Ley de Universidades.
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