El fiscal general de la República designado por la Constituyente de 2017, Tarek William Saab, rechazó la decisión de la Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional que este viernes 1 de marzo ordenó que la investigación por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad que adelanta el organismo continúe.
Saab negó que en el país se cometan este tipo de crímenes, que están contemplados en el Estatuto de Roma, y acusó a la CPI de querer imponer un “tutelaje judicial”, al emplear el término lawfare que, explicó, se refiere a una “persecución judicial, guerra jurídica o guerra judicial”.
Afirmó que los casos de las víctimas venezolanas salieron de denuncias en redes sociales y citó la reciente detención y la desaparición forzada por más de 100 horas de la activista de DD. HH., Rocío San Miguel.
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“Se toman denuncias falsas en redes sociales, sin acudir a los entes y mostrar lo ocurrido; sin una certificación con nombre y apellido de víctimas. Hay reportes de detenciones masivas arbitrarias. Aún se dice que el caso de San Miguel fue desaparición forzada”, dijo en una rueda de prensa que transmitió Venezolana de Televisión la noche de este viernes 1 de marzo.
Aseguró que la Fiscalía que dirige ha iniciado investigaciones contra las violaciones a los derechos humanos, a pesar de las denuncias que recogió la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI en la que recibió testimonios de 8.900 víctimas en el país en el proceso que se sigue a Venezuela y comenzó en febrero de 2018.
En julio de 2023, el gobierno de Nicolás Maduro introdujo una apelación que pretendía frenar la investigación en su contra, después de que el 27 de junio de ese año la Sala de Cuestiones Preliminares autorizó a la Fiscalía de la CPI a continuar el proceso.
Este 1 de marzo, el magistrado y presidente de la Sala de Apelaciones de la CPI, Perrin de Brichambaut, leyó la sentencia que adoptaron por unanimidad los cinco jueces de esta instancia. Al rechazar los seis argumentos que presentó el gobierno de Maduro, dijo que algunos de sus argumentos eran infundados. Pese a ello, Saab insistió que la investigación fue iniciada por una “estrategia” que supuestamente coordinó el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y el extinto Grupo de Lima.
“Para aupar este caso se ha utilizado todo un arsenal de medios de comunicación, redes sociales, organizaciones y figuras públicas a los fines de construir una realidad paralela a la que se puede vivir en el seno de la justicia venezolana”, mencionó.
Fechas claves
En febrero de 2018 la Fiscalía de la CPI inició una investigación preliminar contra el gobierno de Nicolás Maduro que concluyó en noviembre de 2021, cuando el ahora fiscal Karim Khan dio por concluida la primera etapa de este proceso.
En abril de 2022, el Gobierno pidió a la Fiscalía inhibirse del proceso y en noviembre Khan solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares que continuara la investigación. La respuesta la dieron el 27 de junio de 2023 cuando aprobaron que el proceso siguiera, por lo que Miraflores apeló esta decisión y la respuesta la ofreció este viernes la Sala de Apelaciones.
Antes, la Sala de Cuestiones Preliminares recibió los testimonios de 8.900 personas, 630 familias y dos organizaciones que denunciaron las violaciones de sus derechos humanos, como parte del proceso que adelantan contra la gestión de Maduro.
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