Caracas.- El fiscal general, Tarek William Saab, afirmó el 19 de febrero que la activista de derechos humanos Rocío San Miguel había ejercido actividades como espía, dando información militar confidencial de Venezuela a otras naciones. Sin embargo, las declaraciones de Saab trajo consigo reacciones de periodistas, la comunidad internacional, partidos políticos y abogados.
Según Saab, Rocío San Miguel fungió como espía y tenía en su poder 18 mapas cartográficos en los que se detallaban instalaciones militares con zonas de seguridad en Venezuela.
De acuerdo con el funcionario, San Miguel entregó información confidencial sobre el fortalecimiento de los sistemas de defensa antiaérea del país a un embajador europeo y recibió un pago de una transnacional petrolera. Estas acciones, según Saab, constituyen actos que comprometen la seguridad nacional, pues se compartió información no pública con potencias extranjeras.
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Información pública
Según el análisis realizado por Cazadores de Fake News en su cuenta de X (antes Twitter), las pruebas presentadas por Tarek Williams Saab, como las cartas (mapas), son de dominio público y accesibles para su descarga gratuita. Además señalan que las zonas de seguridad mencionadas en la rueda de prensa ofrecida por el fiscal general están definidas en gacetas oficiales, que también son documentos de acceso público.
A su vez, el abogado Joel García publicó una captura de pantalla, obtenida de Google Maps, en la que se ve el Pentágono de los Estados Unidos, y comentó que es posible obtener esa imagen sin ser un espía.
«A través de Google Map miren lo que he conseguido y no soy espía de ningún gobierno», dijo García a través de X.
Rechazo a la detención
El Partido Comunista de Venezuela (PCV) expresó el 19 de febrero su rechazo a la detención y desaparición forzada de Rocío San Miguel. En un comunicado, el PCV repudió las detenciones arbitrarias de dirigentes sindicales llevadas a cabo por organismos de seguridad del Estado, y señaló violaciones a las garantías constitucionales.
Aunque el PCV reconoció las diferencias ideológicas con San Miguel, cuestionó la incomunicación sufrida por la defensora de derechos humanos y destacó la importancia de garantizar el ejercicio de actividades políticas públicas sin represalias por parte del Gobierno.
Por otro lado, este 20 de febrero un grupo de activistas, abogados y miembros de la sociedad civil se concentraron en las afueras de la Embajada de España en Caracas para pedirle a la comunidad internacional que medie por la liberación de la activista Rocío San Miguel.
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