Caracas.– El triunfo de María Corina Machado en la elección primaria del 22 de octubre reanuda el debate sobre la estrategia que asumirá la Plataforma Unitaria ante la inhabilitación de 15 años que le impuso la Contraloría General de la República (CGR) a la líder de Vente Venezuela.
La sanción es ilegal y desproporcionada, según la ONG Acceso a la Justicia.
La Comisión Nacional de Primaria permitió la inscripción de tres políticos inhabilitados –María Corina Machado, Freddy Superlano y Henrique Capriles– pese a la falta de garantías para asegurar su participación en las presidenciales 2024, en caso de resultar electos.
Machado fue la única candidata inhabilitada que se midió en el proceso de la oposición tras el retiro de Superlano y Capriles. La fundadora de Vente Venezuela obtuvo 93 % de los votos con 26 % de las actas escrutadas, según el primer boletín parcial de la Comisión Nacional de Primaria.
Aunque el recién suscrito acuerdo de Barbados establece una ruta para las habilitaciones, Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, diputados de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020, se han mostrado cerrados a esta posibilidad, en especial si se levanta la restricción a María Corina Machado, la ahora abanderada de la oposición para enfrentar a Nicolás Maduro en las presidenciales previstas para 2024.
“La gente aspira a que la Plataforma Unitaria haga todo el esfuerzo posible para habilitar políticamente a María Corina Machado», explicó el periodista especializado en política y elecciones Eugenio Martínez.
También explicó que el debate sobre la sustitución de Machado en caso de que siga inhabilitada se extenderá hasta que se abra la postulación de candidatos en las presidenciales, el año entrante. En la oposición, agregó, no hay un acuerdo suscrito si se debe cambiar de representante en esa elección.
Una medida ilegal
En respuesta a un rumor sobre la convalidación del Tribunal Supremo de Justicia a la inhabilitación de Machado, el coordinador de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, aclaró que hasta ahora el organismo no se ha pronunciado sobre la validez de esa medida.
La Sala Constitucional rechazó la revisión solicitada en agosto de 2023 sobre la sanción contra Machado por parte de la CGR.
De acuerdo con Acceso a la Justicia, las inhabilitaciones son un arma utilizada por el Gobierno para sacar del juego a dirigentes opositores o disidentes del chavismo que se postulan a cargos de elección popular.
“El primer motivo para considerar ilegal la inhabilitación contra Machado es que ella no es funcionario público, es decir, no desempeña ningún cargo de elección o designación en el Estado ni recibe o administra fondos públicos, ni lo ha hecho desde su cargo como diputada que fue hasta inicios de 2014 por una decisión del presidente de la AN para ese momento, Diosdado Cabello, ratificada por el máximo tribunal”, alertó la misma organización a mediados de 2023.
El artículo 105 de la Ley Orgánica de la Contraloría contempla la inhabilitación como una sanción accesoria a la principal, que suele ser una multa. La acción contra Machado es calificada como inconstitucional y contraria a los tratados de derechos humanos. La Constitución establece la posibilidad de ser elegido para un cargo de elección popular y solo una sentencia emitida por un juez puede restringir este derecho de participación.
Alivio condicionado de las sanciones
El Gobierno de Estados Unidos sostiene que es necesario el levantamiento de las inhabilitaciones y la liberación de los presos políticos para mantener el alivio de las sanciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro, declaró el subsecretario de Estado para América Latina, Brian Nichols, durante una entrevista, el 18 de octubre.
Si la administración de Nicolás Maduro no garantiza la habilitación de candidatos se “desmantelará el alivio temporal de las sanciones petroleras” sobre Venezuela, aseguró en otra entrevista el director de Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Juan González.
“La expectativa nuestra y el entendimiento es que antes del fin de noviembre se vea la rehabilitación de todos los candidatos y las candidatas y que se comience a ver la liberación de estadounidenses detenidos injustamente, pero también de venezolanos”, comentó el alto funcionario a la Voz de América.
El Sistema Automatizado de Postulaciones (SAP) del Consejo Nacional Electoral (CNE) impide que los ciudadanos inhabilitados por la Contraloría puedan optar a cargos de elección. Si la sanción persiste, el candidato no puede inscribirse en el SAP.
Además de Machado, Superlano y Capriles, hay otros líderes opositores que siguen inhabilitados. La lista la completan Leopoldo López, Juan Guaidó y disidentes del chavismo, según Acceso a la Justicia.
Organizaciones de la sociedad civil preparan una carta dirigida al presidente de Colombia, Gustavo Petro, en la que le piden interceder por el levantamiento de las inhabilitaciones políticas, ya que si persisten se vulneran los derechos de participación, asociación y reunión de la población venezolana.
El documento –suscrito por Provea, Espacio Público, Laboratorio de Paz, Civilis, entre otras ONG– cita a la Misión Independiente de Determinación de Hechos de Naciones Unidas, que en su informe de septiembre de 2023 concluye que hay inhabilitaciones selectivas contra líderes y figuras prominentes de la oposición con fines de persecución.
“Se han emitido de manera arbitraria, sin brindar oportunidad a las y los afectados a ejercer adecuadamente el derecho a la defensa y sin la debida publicidad”, reitera la Misión.
Gerardo Blyde, jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, dijo el día de la firma en Barbados que uno de los puntos de los acuerdos “abre una puerta” sobre la ruta para levantar la inhabilitación a dirigentes.
“Se promoverá la autorización a todos los candidatos presidenciales y partidos políticos siempre que cumplan con los requisitos establecidos para participar en la elección presidencial, conscientes con los procedimientos establecidos en la ley venezolana”, dice el punto 11 de este acuerdo.
1.000 inhabilitaciones en los últimos 20 años
El Centro de Justicia y Paz (Cepaz) agrega que las inhabilitaciones siguen un patrón de persecución que mantiene el Gobierno para obstaculizar el camino a elecciones democráticas y lo hace mediante procedimientos violatorios a los derechos humanos, como la destitución de cargos públicos, detenciones arbitrarias, allanamientos, hostigamiento, violencia y ataques contra disidentes o sus familiares.
“El gobierno de Nicolás Maduro, a través del uso indebido del poder del Estado y el control de las instituciones, ha utilizado de forma sistemática la figura de las inhabilitaciones políticas, en muchas ocasiones incluso inhabilitaciones exprés. Se estima que más de 1.000 líderes políticos han sido inhabilitados en los últimos 20 años”, detallan en una nota de prensa de julio de 2023.
De acuerdo con Cepaz, el panorama político –antes de los acuerdos con el Gobierno
de Estados Unidos– conduce al país a un escenario complejo para las elecciones de 2024. “Nos preocupan los ataques contra las instituciones democráticas y los obstáculos que nos alejan de la posibilidad de unas elecciones auténticas y transparentes en el país”, expresa la organización en un comunicado.
En 2021, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea emitió 23 recomendaciones, entre las cuales se incluye “suprimir la prerrogativa del Contralor General de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que negativamente impacta en el derecho a la defensa”, según un resumen de Transparencia Venezuela.
El Parlamento Europeo también condenó la decisión “arbitraria e inconstitucional” de inhabilitar a políticos opositores, así como la interferencia del gobierno de Maduro en procesos electorales del país. El 12 de julio de 2023, la Eurocámara aprobó una resolución sobre este tema con 495 votos a favor. El pronunciamiento dice que el tema de las inhabilitaciones ha evolucionado y que eso es “sumamente preocupante”.
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