Caracas.- El tribunal a cargo de los delitos de terrorismo y delincuencia organizada condenó el jueves, 4 de agosto, a 17 personas, incluido el dirigente opositor Juan Requesens, tras ser vinculados con el supuesto atentado con drones que sufrió Nicolás Maduro durante un desfile militar en 2018.
«Doce de los acusados resultaron condenados a 30 años de prisión, máxima pena por este aberrante y criminal delito, mientras que otros 5, de manera progresiva, fueron condenados a penas de 24, 20, 16, 8 y 5 años», dijo Tarek William Saab en una transmisión del canal VTV.
La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) informó que, entre las otras 16 personas condenadas, hay 4 militares, que son el sargento primero Juan Monasterios, los generales Alejandro Pérez y Héctor Hernández y el coronel Pedro Zambrano.
La misión de la ONU sobre Venezuela aseguró estar preocupada por el estado de salud de las personas detenidas que requieren con urgencia atención médica: “Emirlendris Benítez (caso drones) sometida a torturas en la Dgcim, no ha tenido acceso a tratamiento médico, dejándola en silla de ruedas”.
Sobre el caso, la ONG señaló que el juicio estuvo plagado de vicios, torturas y violaciones al debido proceso donde abundan las preguntas y escasean las evidencias. «¡Exigimos la verdad!», publicaron en Twitter.
El abogado Alfredo Romero también se refirió al caso y destacó que varios fueron condenados sin evidencias ni responsabilidad alguna. «Emirlendris Benítez, por ejemplo, condenada a 30 años sin que se haya establecido alguna relación de ella con los hechos ocurridos», explicó.
Según la organización Foro Penal, Benítez fue privada de libertad con fines políticos desde el 5 de agosto de 2018. «Víctima de torturas durante su embarazo, que le causaron la pérdida de su bebé».
La ONG Acceso a la Justicia sostuvo desde un principio que el supuesto atentado contra Maduro solo sirvió para arreciar la persecución política. Por su parte, la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia manifestó su solidaridad con los 17 presos políticos condenados. «Seguiremos luchando por una verdadera justicia».
Yanín Pernía fue otra de las condenadas a 30 años de prisión por ser, supuestamente y según el gobierno, la encargada de dirigir las operaciones con el segundo dron. La joven ha sido víctima de torturas por efectivos de seguridad del Estado.
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