El gobierno de Nicolás Maduro y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) suscribieron un memorando de entendimiento por el cual Venezuela se compromete a cooperar con la investigación que la CPI llevará a cabo por denuncias de delitos de lesa humanidad.
La investigación, según el memorando firmado en Caracas este miércoles 3 por Maduro y el fiscal de la CPI, Karim Kahn, tiene “por objeto determinar la verdad y si existen o no motivos para formular cargos contra alguna persona”.
El sociólogo y coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, considera que el acuerdo es un avance para que exista justicia en Venezuela.
“Esta decisión reivindica el valor de las víctimas, quienes superando el miedo y superando las intimidaciones, han ofrecido su testimonio (…) reivindica el rol de los organismos internacionales de protección a los derechos humanos que han tenido que activarse frente a la ausencia de instituciones dentro del país que puedan ofrecer justicia”, detalló Uzcátegui en video difundido para explicar el alcance e impacto del anuncio de Khan.
La pregunta que muchos se han hecho se centra ahora en el papel que debería cumplir el Gobierno de Maduro con la firma de ese compromiso. El coordinador general de Provea enumera cuatro acciones:
1) Remover a las autoridades de las instituciones que han permitido la impunidad y que, además, propician la repetición de crímenes contra la humanidad.
2) Designar a fiscales y jueces por concurso y no como se ha hecho hasta ahora: por una designación unilateral del Ejecutivo.
3) Eliminar los centros clandestinos de detención donde ocurren diferentes situaciones de tortura.
4) Desaparecer determinados organismos, como las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), que han sido señalados como violadores sistemáticos de los derechos humanos.
Uzcátegui expresó su preocupación sobre la voluntad del gobierno de Maduro para ejecutar esas acciones. «Creemos que por presión de la CPI vamos a tener un cambio en el sistema de administración de justicia. Nosotros estaremos muy vigilantes para que esas reformas se hagan según los estándares internacionales en materia de derechos humanos», expresó el activista de derechos humanos.
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