Caracas.- El gobierno de Nicolás Maduro ha desnudado una trama de corrupción que involucra a 25 detenidos por la Policía Nacional Anticorrupción, entre altos funcionarios del Estado y empresarios. Pero la información sobre el proceso no escapa del tratamiento opaco con el que la administración chavista suele manejar estos casos, según expertos en Comunicación y Política.
Sin muchos detalles, el 17 de marzo, la Policía Nacional Anticorrupción aprehendió a un grupo de funcionarios por delitos de corrupción y solicitó al Ministerio Público abrir una investigación. Dos días después, la Fiscalía General de la República informó, en un comunicado, la designación de cinco fiscales con competencia nacional para iniciar las averiguaciones. El documento omitió el número de acusados y sus identidades y no detalló los hechos de corrupción en los que estarían involucrados.
Las identidades de los funcionarios públicos y empresarios acusados han salido a la luz a cuentagotas durante la última semana. En una entrevista ofrecida a la agencia de noticias AFP, el fiscal general Tarek William Saab reveló, el 20 de marzo, los primeros cuatro nombres de los acusados, entre ellos destacan funcionarios del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y de Petróleos de Venezuela (Pdvsa). Por otros medios de comunicación y por declaraciones de otros voceros del gobierno se conoció la detención de un empresario del sector construcción, un alcalde y un diputado de la Asamblea Nacional (AN) electa en 2020 y de mayoría oficialista.
Los escasos datos ofrecidos y conocidos por distintas fuentes, entre oficiales y extraoficiales, a juicio de especialistas en comunicación social, reeditan el “patrón de opacidad” con el que el gobierno chavista maneja los asuntos de interés público y, en especial, la información relativa a su gestión.
“La ciudadanía se ha enterado de este nuevo escándalo de corrupción de forma dispersa y con versiones contradictorias, lo que refleja aún más la manera en la que usualmente quienes gobiernan Venezuela manejan la información; con discrecionalidad y poca transparencia, con una finalidad siempre política. Este caso desnuda la opacidad, la desinformación y la ausencia de una política de transparencia en el gobierno”, señala Andrés Cañizales, investigador en Ciencias de la Comunicación y Políticas.
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Sobre este punto, la ONG Transparencia Venezuela manifestó su preocupación. En un comunicado difundido el 20 de marzo, la organización resaltó que la ciudadanía debe tener más información sobre el caso que involucra afectación al patrimonio de la nación. Recalcó, además, que la opacidad que permea la administración pública solo destapa rumores que aumentan la incertidumbre y la desconfianza en las instituciones.
“Aun cuando la investigación está en proceso, el país tiene derecho a saber más sobre los funcionarios detenidos, los delitos de los que se les acusa, los presuntos mecanismos empleados, desde cuándo estarían ocurriendo o el tamaño del patrimonio público comprometido”, reza el comunicado de la ONG que enfatiza que la ausencia de información pública veraz y confiable y la falta de un sistema de justicia autónomo e independiente son un incentivo para que persista la corrupción.
Las últimas declaraciones dadas por funcionarios de gobierno convergen en el interés del Ejecutivo y las instituciones de justicia de hacer frente a la corrupción. Pero Luisa Torrealba, comunicadora social y coordinadora del Instituto de la Comunicación de la UCV (Ininco), detalla que el mensaje oficial suele imponer una narrativa político partidista por encima de los hechos concretos y la información de interés público que, a lo sumo, crea desinformación.
“Sobre este caso, los detalles en información han sido mínimos y el discurso relativo a enfrentar la corrupción está empañado de mensajes propagandísticos. Ocurre lo mismo que se identificó, por ejemplo, con el caso de Alex Saab. Mientras se conocían los casos de corrupción en los que estaba vinculado, el gobierno hacía una campaña para reforzar la idea de que había sido secuestrado por Estados Unidos y que era un diplomático con inmunidad, incluso que merecía un Premio Nobel de la Paz. Pero sobre la mala calidad nutricional de los alimentos importados por sus empresas para el programa de alimentos estatal no hubo información oficial, más allá de la revelada por periodistas de investigación”, indicó Torrealba.
Carmen Beatriz Fernández, experta en Ciencias y Campañas Políticas, enfatiza que una gestión opaca está de espalda a los ciudadanos y, en consecuencia, de la democracia. “La transparencia es un atributo de la democracia y está asociada a la rendición de cuentas porque se entiende que el poder real reside en el pueblo o en los electores. En una verdadera democracia se establecen mecanismos de transparencia, pero en un sistema autocrático impera la opacidad”, expuso.
Fernández observa que la percepción más clara de la ciudadanía es la existencia de pugnas en el poder, más allá de un verdadero interés de enfrentar la corrupción dada la precaria información conocida hasta el momento sobre el caso de corrupción. Explica que la narrativa del gobierno busca que los ciudadanos centren su atención en la corrupción, pero, a su juicio, para el Ejecutivo no resulta fácil que gran parte de los venezolanos acepten su discurso.
Cañizales coincide en la evidencia de la pugna de poder al referirse a la renuncia del ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien abandonó el cargo para contribuir con las averiguaciones que adelanta el Ministerio Público. “En Venezuela nadie renuncia por corrupción y la defenestración de El Aissami demuestra más bien que hay pugna de poder y se usa como excusa en la lucha contra la corrupción. Pero, en otros países, un hecho de malversación produce la renuncia de los responsables de este delito”, enfatiza Cañizales.
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Un derecho irrenunciable
Torrealba recordó que la Constitución vigente establece el derecho de los ciudadanos de solicitar y recibir información oportuna de parte de las autoridades, quienes, a su vez, están obligadas a rendir cuentas sobre su gestión, especialmente si se trata del manejo de fondos públicos. Explica que la poca o nula información impide la contraloría social de la gestión del gobierno por parte de los ciudadanos.
“La opacidad tan recurrente afecta los derechos fundamentales de los ciudadanos. Por ejemplo, se afecta el derecho a la salud y la vida si ese dinero malversado era para la construcción de un hospital o la dotación de medicinas e insumos para un centro de salud; el derecho a la educación, si era para la edificación de una escuela o el derecho al tránsito, si era para culminar una vía. La opacidad impide que el ciudadano tome decisiones, que van desde las relacionadas con el desenvolvimiento cotidiano o aquellas más trascendentales como por quién candidato votar”, explica Torrealba.
Cañizales asoma que, históricamente, la población venezolana siente que la corrupción no les afecta. “No hay una percepción de que el dinero malversado se deja de invertir en el país”, resalta. El investigador, en este sentido, sostiene que las personas perciben la corrupción como un tema ajeno y mantienen la idea de que tienen poca incidencia para resolverlo. “La gente está tan ocupada en sobrevivir en el país en los distintos sectores sociales que no les queda tiempo para estar pendientes o accionar. Las personas pueden revisar información, lo comentan, pero de allí no pasa”.
Desde el 19 de marzo, el gobierno reveló algunos de los nombres de los funcionarios, otras de las identidades se han conocido de forma extraoficial; así como otros datos relacionados con las presuntas tramas de corrupción, que involucran fondos de Pdvsa, y los aparentes vínculos de los acusados con el crimen organizado.
El sábado 25 de marzo, una semana después del anuncio de la Policía Nacional Anticorrupción, Tarek William Saab informó al país los nombres, los delitos y las tramas de corrupción e irregularidades en las que presuntamente están inmersos 10 altos funcionarios del Estado y 11 empresarios de los 25 detenidos hasta ahora, entre los que destacan los 2 accionistas principales de Constructora HP, que fueron imputados este lunes 27 de marzo, según señaló el fiscal general en rueda de prensa. Aunque el presidente de la Asamblea Nacional de 2020, Jorge Rodríguez, aseguró el pasado 21 de marzo que en total eran 19 funcionarios públicos arrestados.
Una investigación transparente
En su comunicado, la ONG Transparencia Venezuela respaldó las investigaciones por corrupción, pero enfatizó que estos procesos deben adelantarse con acceso a la información, rendición de cuentas oportuna y apegados a leyes venezolanas.
En este sentido, la organización destacó que los casos de malversación de fondos podrían detectarse oportunamente si los ciudadanos tuvieran acceso a documentos, como las leyes de Presupuesto y Endeudamiento, los informes de gestión del Ministerio de Petróleo y Pdvsa y demás entes del Poder Ejecutivo; inclusive, si la Contraloría General de la República cumpliera con sus funciones y el Cuerpo Nacional contra la Corrupción ofreciera cuentas de su gestión.
En los últimos años, el acceso a la información pública se ha socavado en Venezuela. La divulgación de datos oficiales sobre indicadores de salud y económicos no se ofrecen constantemente, y cuando se divulgan presentan inconsistencias o son incompletas. Los ministerios tienen seis años sin publicar los documentos en físico de sus informes de gestión y su divulgación se ha reducido a actos públicos donde se ofrecen datos parciales. Las Gacetas Oficiales se publican con retraso y, en algunos casos, no se difunden, según un monitoreo de la ONG Acceso a la Justicia.
Las autoridades venezolanas no gozan de una imagen apreciable cuando se habla de rendición de cuentas. Transparencia Internacional indicó en 2022 que el país es percibido como el más corrupto de América Latina por noveno año consecutivo y uno de los cinco más corruptos del mundo.
Trabajos periodísticos como el Corruptómetro, realizado por Transparencia Venezuela con la colaboración de la Alianza Rebelde Investiga y Connectas, han identificado 316 tramas de corrupción protagonizadas por altos funcionarios del gobierno y el crimen organizado. Los datos revelan que en 45 % de los casos se determinó que 68.000 millones de dólares de los recursos públicos se habían comprometido. Transparencia Venezuela registra 127 casos de presunta corrupción en Pdvsa y sus empresas filiales en las que se manejaron irregularmente 42.000 millones de dólares.
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