Caracas.- Un conjunto de 125 organizaciones no gubernamentales (ONG) nacionales e internacionales, así como víctimas de violaciones de DD. HH., alertaron este miércoles, 17 de agosto, sobre la necesidad de renovación del mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela por parte del Consejo de DD. HH. de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

En una rueda de prensa vía Zoom, diversos voceros de ONG venezolanas y foráneas vinculadas con la labor de defensa de los derechos humanos destacaron los principales aspectos, avances y ventajas del trabajo de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, que se constituyó en 2019, por presión de la sociedad civil, para investigar los casos de violación de DD. HH. a partir de 2014, según repasó el coordinador general de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui.

«Es el gran mecanismo de verdad que tenemos en Venezuela para las víctimas, para lograr justicia y para que las autoridades venezolanas trabajen en ese sentido; el Gobierno se ha visto obligado a iniciar causas judiciales que estaban congeladas. Uno de los objetivos de la misión es ayudar a los venezolanos a combatir la impunidad y que se garantice la justicia», explicó Uzcátegui.

Por su parte, la directora para las Américas de Human Rights Watch (HRW), Tamara Taraciuk, señaló que la continuidad de labor de la Misión independiente de la ONU en Venezuela es crucial debido a la falta de independencia judicial.

«El mandato de la misión es documentar y reportar de manera pública sobre la violación de DD. HH. con el objetivo de que los responsables rindan cuentas. En Venezuela no hay posibilidad ni capacidad de justicia para las víctimas», advirtió Taraciuk.

Los voceros de las ONG adelantaron que los expertos de la misión presentarán su tercer informe en la próxima sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, desde el 12 de septiembre hasta el 7 de octubre.

Detallaron que, como parte del proceso para exigir la renovación del mandato de la misión, se requiere de una resolución para la extensión luego de septiembre. La labor de solicitud, en el pasado, estuvo a cargo de un grupo de países de América Latina que lideró la iniciativa y presentó un texto en el que establecía la adopción del mandato de la misión, una acción que se debe someter a votación en el Consejo de DD. HH. de la ONU y que requiere de mayoría simple de los votantes para su aprobación.

Las ONG nacionales e internacionales solicitan a las misiones diplomáticas en Venezuela que asuman una vez más el liderazgo para la redacción del borrador de solicitud y su posterior presentación ante el Consejo de DD. HH. de la ONU.

«Este es un mecanismo de obtención de verdad y justicia. Hacemos un llamado explícito y contundente a las misiones diplomáticas, a las cancillerías, en particular de América Latina, por el liderazgo que puedan ejercer en la lucha contra la impunidad», añadió la vocera de Amnistía Internacional (AI), Clara Campo.

En representación de las víctimas, los padres de Juan Pablo Pernalete, joven asesinado en el contexto de las protestas antigubernamentales de 2017, recalcaron que las víctimas, directas e indirectas, de violación de derechos humanos en Venezuela cuentan con la labor de la misión para obtener justicia.

«Los padres y familiares de los asesinados seguimos sin justicia genuina, necesitamos justicia, verdad, memoria, reparación y que los responsables individuales sean castigados. La misión es una voz clara y contundente de nuestro sentir, es la voz que no tenemos en Venezuela”, señaló Elvira Pernalete, madre de Juan Pablo Pernalete.

En 2020, la misión concluyó que había motivos suficientes para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad, que autoridades de alto nivel conocían de los delitos y que autoridades sabían o debían saber de esos hechos y no tomaron medidas para impedirlos. Ese año, el mandato inicial otorgado a la misión por 12 meses se extendió por dos años, hasta septiembre de 2022.

El 26 de septiembre los expertos de la misión presentarán un tercer informe enfocado en las cadenas de mando involucradas en los delitos de violación de derechos humanos, así como sobre el Arco Minero del Orinoco.

La falta de implementación de recomendaciones de la misión por parte de las autoridades venezolanas y las condiciones estructurales que impulsaron la creación de la misión persisten, incluida la impunidad, la ausencia de mecanismos internos de reparación a víctimas y los continuos intentos, por parte del Gobierno, de eludir el escrutinio internacional, de acuerdo con los voceros de las ONG.

«Las autoridades venezolanas han desplegado una estrategia de incidencia internacional muy importante, se intenta normalizar la situación de Venezuela, pero el contexto internacional ha cambiado para Maduro a partir de la investigación de la Fiscalía de la CPI. Somos optimistas en que se va a lograr la renovación de la misión», concluyó Uzcátegui.