Aunque las organizaciones no gubernamentales (ONG) coinciden en que el informe de la alta comisionada de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, marca un antes y un después en la crisis humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, los defensores y activistas presentes en el foro “¿Qué dice el informe de Bachelet?”, realizado este jueves 17 de octubre en la Universidad Católica Andrés Bello, coincidieron en que se requiere contraloría para solicitar otra clase de medidas.
Rafael Uzcátegui, coordinador general de Provea, participó en el encuentro y enfatizó que este informe “es un logro importante”, no solo de los activistas, sino de las víctimas que se atrevieron a denunciar y a relatar sus vivencias. Además, se convirtió en una prueba tangible y objetiva de la crisis que atraviesa Venezuela, dijo.
“Ahora en el ámbito internacional no hay excusas para decir que respaldas acciones de Nicolás Maduro porque no hay información objetiva, porque ese documento está allí y además es un informe realizado por un equipo que viene siguiendo la situación de Venezuela por lo menos desde 2016”, aclaró.
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Uzcátegui reiteró el “alto peso simbólico del informe Bachelet”, y aseguró que a partir de él se convirtió en “políticamente incorrecto respaldar a Maduro”. No obstante, el defensor apuntó que ahora el trabajo de la sociedad civil, de los defensores, de la academia, es “documentar los niveles de incumplimiento de las recomendaciones contenidas en el informe para activar otras medidas de protección”.
El especialista insistió en que la activación de una posterior Comisión de Investigación podría ser clave para encontrar responsables y obtener insumos que sustenten posteriores procesos legales ante la Corte Penal Internacional. Por ello, expuso la necesidad de que las organizaciones manejen el lenguaje de documentación internacional y ajusten sus parámetros.
Mariana Romero, abogada y miembro del Centro para los Defensores y la Justicia, coincidió con el dirigente de la ONG Provea en que el informe de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos es un logro de las víctimas y recordó los parámetros contenidos en este documento. “En Venezuela las violaciones de los Derechos Humanos no solo afectan a la víctima directa, sino que perjudican a todo el entorno e inciden en derechos sociales, civiles, políticos y económicos”, aseveró.
Romero recordó que la administración de Nicolás Maduro intentó desmeritar el informe y apropiarse del triunfo que significa que una comisión de este despacho de Naciones Unidas esté presente en Venezuela. Sin embargo, cree que es tarea de la sociedad civil conocer lo contenido en el informe con 23 recomendaciones (13 de cumplimiento inmediato y 10 de cumplimiento progresivo) y exponerlo frente a cualquier violación posterior de las garantías de los venezolanos.
En la práctica
Lorena Meléndez, miembro del Monitor de Víctimas, explicó que una de estas 23 recomendaciones era la eliminación de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), comando adscrito a la Policía Nacional Bolivariana implicado en más de 500 ejecuciones extrajudiciales en los últimos tres años y responsable de 44 masacres registradas solo en 2018.
La periodista puntualizó que esta solicitud de la oficina del Alto Comisionado para los DD. HH. de la ONU responde a las altas cifras de asesinatos registradas en Venezuela en los últimos tres años que son responsabilidad de cuerpos de seguridad, a los que las propias víctimas y el informe Bachelet tildan de “grupos de exterminio”.
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“De los 3. 139 homicidios que ha registrado el Monitor de Víctimas desde mayo de 2017 y hasta septiembre de 2019, hay 1.276 que ocurrieron a manos de los cuerpos policiales. Hablamos de 40% de todos los casos registrados”, explicó.
Los problemas referidos en el informe atacan también el ámbito social y prueba de ello es el trabajo ejecutado por organizaciones como Alimenta la Solidaridad. Alberto Kabbare, presente en el foro, relató que en la actualidad están gravemente afectados los niveles nutricionales de los venezolanos por la incapacidad de adquirir los alimentos de la canasta básica y la insuficiencia de los que son subsidiados por el Estado en programas sociales.
Kabbare contó que en este momento el principal programa de alimentación a niños es de Fe y Alegría y apoya a 36.000 mil pequeños, seguido de Alimenta la Solidaridad, que hasta el momento alcanza 12.000 niños, lo que “no es suficiente y deja ver a la gran población desatendida que queda en Venezuela”.
Ante la realidad, los ponentes coincidieron en que los próximos pasos tras la existencia del informe Bachelet deben ser la profundización de la observación internacional, los avances en el alcance de la verdad, la justicia y la reparación, la documentación la denuncia y la difusión y el establecimiento de compromisos que apunten al cumplimiento de las recomendaciones o la implementación de nuevos mecanismos que protejan a los venezolanos.
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