Caracas.- Las ONG venezolanas Defiende Venezuela y Acceso a la Justicia vieron como positiva la decisión emitida el 3 de noviembre por el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, de iniciar una investigación al Estado venezolano, luego de cumplir una agenda de trabajo en el país que incluyó reuniones con las autoridades nacionales.
El director de Acceso a la Justicia, Alí Daniels, confesó a El Pitazo sentirse «gratamente sorprendido por la decisión del fiscal Khan porque esperábamos que el pase de investigación no ocurriera en el corto plazo». Considera que esta sentencia es un enorme progreso, ya que «significa un gran avance para todos aquellos que esperamos que se haga justicia en este país».
Por su parte, el coordinador de Defiende Venezuela, Carlos Briceño, dijo a El Pitazo que, aunque estima que se pudo haber anticipado desde hace meses, la apertura de la investigación «pone todavía más presión sobre el Estado, obligándolo a la conducción de investigaciones genuinas. A la vez abre un abanico de facultades a la Fiscalía (de la CPI) para el esclarecimiento de los hechos».
Briceño hizo una comparación entre Venezuela y Colombia: «El Estado venezolano ha venido insistiendo en la necesidad de permitir al sistema de justicia nacional investigar y enjuiciar los casos, manteniendo el examen preliminar abierto, pero en una fase de letargo, que fue el escenario de Colombia hasta la visita de la semana pasada».
No obstante, agregó que entre ambos países hay diferencias sustanciales. «Venezuela no ha entrado todavía en un proceso legítimo de justicia transicional y no había justificación para no abrir una investigación», explicó.
Escenario planteado
Con el memorándum emitido por la CPI, en el que se confirma el avance a la cuarta fase de investigación en caso de Venezuela, ambas ONG se plantean un escenario similar:
Basado en el artículo 18 del Estatuto de Roma de la CPI, en el que se expone que cuando se pasa a la fase de investigación, el Estado tiene la facultad solicitar que los casos que se vayan a presentar puedan ser juzgados por el sistema de justicia interno. De ocurrir esto, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional se compromete a mantenerse vigilante en el proceso con el compromiso de avanzar en las indagaciones si el Estado no cumple con su parte.
Ante esto, Briceño afirma que con el nuevo acuerdo, la Fiscalía le da al Estado venezolano «un margen importante de tiempo para poner en marcha procesos de investigación internos y evitar que esta avance». Sin embargo, está comprometida a monitorear esos procesos y conservar la potestad de avanzar ante un hipotético incumplimiento del Estado.
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