Caracas.- Representantes de las ONG Transparencia Venezuela, Centro de Justicia y Paz, Human Rights Watch y el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello Guayana recalcaron en un foro realizado este viernes, 30 de septiembre, la necesidad de la rendición de cuentas por parte del Estado venezolano tras los recientes hallazgos sobre la situación de derechos humanos divulgados en un tercer informe por la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos sobre Venezuela de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el foro organizado por Freedom House, la directora de los programas para América Latina y el Caribe de esa institución, Alessandra Pinna, resaltó que el trabajo de la Misión Independiente en Venezuela, que documentó delitos contra los DD. HH. cometidos por organismos de inteligencia estatales, representa un estímulo de aliento y la esperanza de justicia para las víctimas de crímenes de lesa humanidad en Venezuela.
«La crisis de derechos humanos es el resultado de un ataque sistemático como parte de un plan gubernamental estructurado; las detenciones arbitrarias, las torturas y los tratos inhumanos y degradantes documentados por la misión, incluida la violencia sexual y de género, fueron prácticas establecidas ordenadas desde los altos cargos políticos», destacó Pinna.
La Misión Independiente presentó el 26 de septiembre en el Consejo de DD. HH. de la ONU los hallazgos del tercer informe, en los que destacaron crímenes de lesa humanidad cometidos por los servicios de inteligencia estatales, así como la situación de derechos humanos en el estado Bolívar en el contexto del Arco Minero del Orinoco.
Anomia en el sur de Venezuela
En el ámbito relacionado con la realidad en el estado Bolívar, la directora de Transparencia Venezuela, Mercedes de Freitas, resaltó la forma en la que operan los grupos armados criminales en el sur del país en connivencia con organismos de seguridad estatales y autoridades gubernamentales, según constataron en investigaciones.
«La operación de los ilícitos no es ajena ni extraña al Estado venezolano, lo que queremos decir con esto es que la inmensa red criminal que funciona en el Arco Minero tiene una estrecha relación con actores del alto gobierno de diferentes maneras», dijo De Freitas en su intervención.
De acuerdo con lo precisado por la Misión Independiente en su tercer informe sobre Venezuela, las acciones de funcionarios estatales y de grupos armados criminales, que controlan minas y territorios de la población, se combinan en delitos de extorsión, desapariciones forzadas, asesinatos, castigos corporales como mutilaciones y violencia sexual y de género.
«Hay unas ganancias gigantescas por el oro. Estimamos una producción de 2.000 millones de dólares al año. Pese a que la ley establece que todo ese oro debe ir al Banco Central de Venezuela, solo entre 25% y 30% va al ente emisor, lo demás se va al contrabando que dirigen las bandas, por un lado, y los actores del gobierno que están en la zona, por el otro», añadió De Freitas.
Por su parte, la coordinadora de la oficina del Centro de Derechos Humanos Ucab-Guayana, Eumelys Moya, calificó de anomia, ausencia de ley, lo que sucede en el estado Bolívar, en donde mediante investigaciones constataron que existe una situación de esclavitud moderna impulsada por las labores extractivas de oro.
«Luego de tres años de investigaciones pudimos validar la situación: jornadas de extracción de oro que se producen en condiciones infrahumanas, de entre 12 y 14 horas diarias, una cadena de explotación sexual que afecta a mujeres, niñas y adolescentes como parte de un proceso que se ha ido agudizando, que se ha normalizado por supervivencia, y que también ha agudizado las condiciones de vulnerabilidad», refirió Moya.
Zona fronteriza con Colombia
La directora adjunta para las Américas de Human Rights Watch, Tamara Taraciuk, se refirió a la situación de DD. HH. en la zona fronteriza que comparten Colombia y Venezuela, a propósito de la reapertura de la frontera, un ámbito en el que, destacó, también operan grupos armados criminales con la anuencia de organismos de seguridad del Estado venezolano, situación que vulnera los derechos de las poblaciones y comunidades en esas zonas.
«Hace años que venimos documentado la violencia en la frontera entre Colombia y Venezuela. Hace varios años documentamos que tanto en Arauca como Apure operan grupos armados por el control de la población: ELN, disidencias de las Farc, Fuerza Patriótica de Liberación Nacional, entre otros, que imponen normas y las fuerzas de seguridad venezolanas los toleran y en ocasiones operan con ellos», expuso Taraciuk.
La vocera de HRW destacó que el restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Colombia y Venezuela no representa un problema en sí mismo en el contexto de vulneración de derechos y tampoco es un impedimento para que el presidente Petro y su administración denuncien la situación de DD. HH. en Venezuela.
La Misión Independiente y la CPI
La oficial de Incidencia Internacional del Centro de Justicia y Paz, Sara Fernández, resaltó que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) puede tomar como referencia en el futuro los casos documentados por la misión, sobre todo en el contexto de inacción de parte de las autoridades venezolanas y a propósito de la investigación formal abierta en 2021 por la Fiscalía de la CPI, tras concluir que existen motivos para creer que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad desde 2017.
«Las recomendaciones que han sido emitidas deben servir de ruta para que las autoridades nacionales implementen reformas que permitan investigar esos hechos y que lo que no se ha investigado se haga mediante el principio de complementariedad con la Fiscalía de la Corte Penal Internacional», añadió Fernández.
La presidenta de la Misión Independiente, Marta Valiñas, también participó en el foro de este viernes y recalcó que la situación de violaciones de derechos humanos en Venezuela requiere de esfuerzos conjuntos internacionales y de un cambio en las prácticas de las instituciones señaladas en los tres informes de la misión.
«La misión pretende apuntar a las acciones que deben cesar y al cambio en las instituciones. Nuestro más reciente informe es muy claro en demostrar que esos actos, los crímenes cometidos por los servicios de inteligencia, siguen sucediendo y que obedecen a una política y a una estrategia por parte de autoridades de alto nivel político. Quisimos dar un paso más allá en nuestra contribución con la rendición de cuentas», concluyó Valiñas.
Las panelistas destacaron, además, la importancia de la renovación del mandato de la Misión Independiente para que continué las investigaciones en Venezuela por los próximos dos años, tal y como manifestaron países como Brasil, Canadá, Chile y Uruguay.
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