La ONG Foro Penal, líder en la defensa de los presos políticos en Venezuela, pidió este viernes que se evite usar a estos detenidos como piezas de negociación para ganar espacios, una solicitud que hizo de cara al anuncio de diálogo que busca la oposición liderada por Juan Guaidó con el Gobierno.
«El Foro Penal no se hace parte (…) ni apoya ninguna negociación con ese propósito concreto de utilizar a estos ciudadanos como piezas de negociación», dijo el director presidente de la ONG, Alfredo Romero, en una rueda de prensa.
El abogado indicó que defiende la negociación como una vía para resolver los problemas que atraviesa Venezuela, pero dijo que los presos políticos no pueden ser utilizados como piezas para el beneficio de las partes que protagonizan estos procesos y señaló que, de ser así, entonces tienen que solicitar que no haya más detenciones de este tipo.
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«En una negociación, además de liberar a las personas, que deben liberarlas a todas, deben plantear también que no se encarcelen a más personas», sostuvo, pues recordó que tras los últimos procesos de diálogo registrados en Venezuela, la cifra de detenidos ha aumentado, pese a que se han dado liberaciones.
Romero remarcó que en Venezuela hay actualmente 306 presos políticos y aseveró que todos son inocentes. Según detalló, el 85 % de ellos no han sido procesados en juicio, aun cuando muchos tienen más de dos años detenidos y el código penal establece que un preso no puede estar encarcelado por más de 24 meses sin que sea juzgado.
El 15 % restante, dijo, está procesado, pero, aseguró, tras juicios «amañados».
El traslado de los presos políticos
Por su parte, el director vicepresidente de la ONG, Gonzalo Himiob, se refirió a la reciente alarma hecha por sectores de la oposición sobre el traslado de los presos políticos a cárceles comunes y dijo que esto no es algo nuevo ni consecuencia del decreto presidencial sobre la remoción de los detenidos en sedes militares y de inteligencia.
«No se puede pensar que son consecuencia de esa gaceta oficial (…) mucho antes de que se publicara el decreto presidencial ya se venían registrando los traslados (…) esto tiene ya mucho tiempo haciéndose», indicó Himiob, quien destacó que lo preocupante de esta situación es que las autoridades no informen los sitios a los que son trasladados los detenidos.
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Aseguró también que ni la sede del Servicio de Inteligencia (Sebin) ni la de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) ni la de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) ni las comisarías policiales «son instituciones adecuadas para el mantenimiento de personas detenidas por largos periodos de tiempo».
Himiob consideró que el reciente decreto que ordena el traslado de los presos en las sedes militares y de inteligencia está relacionada al examen preliminar que realiza la Corte Penal Internacional (CPI) a Venezuela por las denuncias de crímenes de lesa humanidad.
«Lo que está detrás de esto en realidad (…) es que como en esos centros de reclusión se han reportado innumerables actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes o incluso asesinatos», buscan «de alguna manera, lavarse la cara ante el tribunal internacional», sentenció.
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