Varias ONG expresaron su «profundo pesar y condolencias a familiares de víctimas de la masacre de Santa Elena de Uairén» en los días 22 y 23 de febrero, al tiempo que reiteraron su compromiso para «lograr justicia y que no haya impunidad en este crimen de Estado».
En ese sentido, Provea y otras siete ONG, pidieron a los miembros del gabinete de Nicolás Maduro, así como a militares y policías nacionales a cargo de las operaciones en Santa Elena de Uairén, Maurak y sus alrededores que acaten las medidas cautelares interpuestas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para garantizar la vida e integridad de indígenas pemones y de la comunidad de San Francisco de Yuruaní.
Las Organizaciones no gubernamentales denunciaron que la represión contra el pueblo pemón y comunidades de la frontera con Brasil se mantiene, registrándose entre el 22 y el 24 de febrero, 58 personas detenidas; según reportes del Hospital General en Brasil, hubo 23 heridos de bala.
Persecución contra líderes indígenas
Se hicieron eco de «graves denuncias de allanamientos ilegales», por parte de la PNB junto GN, en casas, comercios de Santa Elena de Uairen, San Antonio de Morichal, Caño Amarillo, el Mercado Municipal, buscando a través de listas que los señalan como disidentes a indígenas y no indígenas, «sembrando el miedo entre la población y obligándolos a huir o a migrar forzosamente».
Aseguran haber documentado casos de al menos nueve personas, que aún no han podido regresar a sus casas ni comunidad por estar amenazados, misma situación que vive el alcalde de Canaima, el indígena pemón, Emilio González.
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Violación del derecho a la asistencia médica y acceso a alimentos
El 1 de marzo el hospital Rosario Vera Zurita se encuentra tomado por efectivos de la Guardia Nacional y de la PNB, quienes limitan y niegan el acceso y estableciendo un control de pacientes y familiares. No permiten el paso a periodistas ni asistencias humanitarias o religiosas, negando el acceso a información de pacientes y su condición. Lo que imposibilita la corroboración del número de heridos que fueron atendidos allí.
«Condenamos el asesinato de indígenas desarmados y en el ejercicio de la manifestación pacífica dentro de sus territorios ancestrales y bajo su jurisdicción, y el sometimiento a torturas, tratos crueles y degradante <s», reza parte del comunicado firmado por Causa Amerindia Kiwxi, Comité de Derechos Humanos de la Guajira, Fundación Centro Gumilla, Laboratorio Ciudadano de Noviolencia Activa (Labo), Laboratorio de Paz (LabPaz), Organización de Mujeres Indígenas Amazónicas Wanaaleru y Revista SIC.
Los activistas exigen:
– El cese inmediato de torturas, tratos crueles e inhumanos contra ninguna persona indígenas o ciudadano/as, por parte de ningún efectivo militar o policial ni tercero. Consisten en crímenes de lesa Humanidad y como tal estamos generando los informes y denuncias a instancias internacionales.
– La protección a la integridad, y vida del pueblo pemón de Manakru (Santa Elena #6 ) y Kumarakapai ( Sector Kawanayen #5) incluyendo Maurak, Turasen, Wuara, Sampai. De los indígenas pemones Nicodemo Martínez, Boris William Hernández y Jorge Gómez, del alcalde Emiliano González y de todos los miembros mujeres y hombres indígenas de la Guardía territorial Pemón, así como de las caciques y autoridades legítimas.
– El cese inmediato de la militarización y la salida de la FANB y PNB de los territorios indígenas pemón de Santa Elena de Uairén, Manakru y Kumarakapai, Maurak, Turasen, Wuara, Sampai.
– El cese del uso de listas persecutorias, los hostigamientos, contra indígenas de la Guardia Territorial Pemón, Líderes y autoridades indígenas, líderes comunitarios, ciudadanas y ciudadanos por razones de discriminación política, así como allanamientos y detenciones ilegales.
– La apertura inmediata de la Frontera con Brasil que permita la normalización de la vida comunitaria, y no el agravamiento de los efectos de la Crisis Humanitaria Compleja extrema sobre todo a sectores de extrema vulnerabilidad como son niños, niñas y mujeres indígenas y no indígenas.
– La liberación plena e inmediata de todos los detenidos por manifestar y disentir que se encuentran detenidos en el Fuerte de Escamoto.
– El cese y retiro de las fuerzas de seguridad y militares del hospital Rosario Vera Zurita en Santa Elena de Uairén, así como del aeropuerto de Santa Elena de Uairén, en territorio y con administración compartida con el pueblo ancestral pemón.
– A la comunidad internacional y a los organismos de protección de los derechos humanos y de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas estar alertas y actuar para frenar y condenar todos estos actos que atentan contra la dignidad individual y colectiva del pueblo pemón y de las comunidades del municipio Canaima y alrededores.
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