Caracas.- Diversas organizaciones no gubernamentales (ONG) exigieron en Caracas este lunes, 14 de noviembre, la liberación del activista y defensor de los derechos humanos, Javier Tarazona, director de la ONG Fundaredes, cuando se cumplen 500 días de su detención, ocurrida en Falcón en julio de 2021.
La directora interina de Fundaredes, Clara Ramírez, recalcó la arbitrariedad de la detención de Tarazona, a quien las autoridades acusan de traición a la patria, terrorismo e instigación al odio, tras haber sido detenido el 2 de julio de 2021 en la ciudad de Coro, estado Falcón, cuando el activista denunciaba actos de hostigamiento por parte de funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y de las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), unidad adscrita a la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
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«Javier hoy cumple 500 días de detención arbitraria y de privación ilegítima de libertad. Javier, por años, lo que ha hecho es denunciar las violaciones de derechos humanos en la frontera colombo-venezolana y en todos los estados fronterizos del país», destacó Ramírez en una rueda de prensa en la sede de la Asociación de Profesores Universitarios de la Universidad Central de Venezuela (UCV).
De acuerdo con Ramírez, las autoridades no permiten que Tarazona tenga acceso a un médico de confianza pese al riesgo que implica para su salud el padecimiento de patologías cardiovasculares y respiratorias.
La directora interina de Fundaredes resaltó el retardo procesal entre las violaciones al debido proceso en el caso de Tarazona, detenido junto con otros dos miembros de la ONG Fundaredes quienes fueron excarcelados en octubre de 2021.
Irregularidades en el sistema de justicia
Por su parte, el coordinador de exigibilidad de la ONG Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), Marino Alvarado, destacó que el funcionamiento del sistema de justicia en el país perjudica a los presos políticos como Tarazona y el periodista Roland Carreño.
«No solo es el retardo procesal, sino las violaciones reiteradas al debido proceso. Da la casualidad que en el caso de Roland Carreño y de Javier Tarazona el juez es el mismo. Con esto quiero decir que hay un problema de estructura en el sistema de justicia penal en Venezuela que está afectando a todos los presos políticos», explicó Alvarado.
En julio de 2021, la alta comisionada de DD. HH. de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Michelle Bachelet, manifestó su preocupación por la detención de Tarazona. En enero de este año, la relatora especial de la ONU exigió la libertad plena del activista.
Ramírez recordó que este mes la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), que otorgó medidas cautelares al activista, manifestó su disposición de visitar la sede del Helicoide, el centro de detención ubicado en Caracas, en el que se encuentra Tarazona, para constatar la integridad del director de Fundaredes.
En representación del gremio docente universitario, al que también pertenece Tarazona, José Gregorio Alfonzo, de Apucv, señaló que el activista está preso por opinar. «Sus distintas opiniones se derivan de su acción profesional y académica, en las que investiga sobre realidades efectuando consideraciones críticas a la política del Estado», señaló.
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