Caracas.- La organización no gubernamental Acceso a la Justicia alertó este miércoles, 8 de febrero, sobre cómo el proyecto de ley de fiscalización y regularización de las ONG, aprobado en primera discusión en la Asamblea Nacional electa en 2020, afecta a casi la totalidad de las organizaciones civiles sin fines de lucro, sean de hecho o de derecho.
En una nota de prensa que se difundió este miércoles, la ONG destaca que, aunque la propuesta del oficialismo se refiere a las ONG, «en realidad atañe a casi todas las instancias de la sociedad civil organizada en Venezuela, sin importar si son de derechos humanos, asistenciales, humanitarias, educativas, culturales o de cualquier otro ámbito, siempre que no estén reguladas por leyes especiales, como sindicatos o gremios».
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La ONG detalla que las conclusiones se desprenden del análisis de los artículos 2, 6 y 8 del borrador aprobado en primera discusión el 24 de enero, en sesión plenaria del Parlamento presidido por el oficialista Jorge Rodríguez.
«Las disposiciones antes mencionadas están redactadas de tal manera que no solo serán afectadas por el texto organizaciones como el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Súmate o las otras sesenta agrupaciones que el diputado Diosdado Cabello dijo tener en una lista, sino un universo enorme de organizaciones civiles sin fines de lucro sin importar su objeto», añade la ONG.
Sobre el registro obligatorio
Acceso a la Justicia precisa que, en caso de concretarse su aprobación, tal y como está, instituciones como fundaciones empresariales Bigott, Santa Teresa, Polar; clubes sociales, instituciones culturales e incluso deportivas, como Criollitos de Venezuela y la Asociación Scouts de Venezuela, serán consideradas ONG y deberán registrarse, pues de lo contrario no podrán funcionar.
«Todas las instituciones antes mencionadas son organizaciones civiles ‘sin fines de lucro’, realizan ‘actividades con fines benéficos, sociales o de interés general’ y, además, ‘por la naturaleza propia de la actividad que ejercen’, no se rigen por una normativa legal especial, por ejemplo, los gremios de profesionales o los sindicatos», agrega la ONG.
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Acceso a la Justicia advierte, además, sobre el cumplimiento de lo que calificó de avalancha de trámites que el proyecto de ley incluye, «so pena de multas o desaparecer».
ONG extranjeras
La organización señala que no solo están en el foco las ONG nacionales, sino también las internacionales que operan o que quieran hacerlo, por lo que detalla lo establecido en el artículo 11, referido sobre el permiso necesario para las ONG.
Acceso a la Justicia añade que en 2020 los ministerios de Interior y Relaciones Exteriores dictaron una resolución conjunta en la que exigían un permiso a las ONG extranjeras que deseen operar en Venezuela, certificaciones que el Gobierno no ha concedido desde entonces.
«En la práctica, unas organizaciones serán disueltas y las ‘autorizables’ serán muy contadas, con lo cual habrá un sinfín que perderán su personalidad jurídica y sus cuentas bancarias, lo que les hará aún más difícil, si no imposible, trabajar en Venezuela», resalta la ONG.
Acceso a la Justicia concluye que la amplitud del proyecto de ley lo convierte en una amenaza para cualquier expresión de la sociedad civil organizada, por lo que espera que, como pidió el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, haya un debate amplio que permita el desarrollo de un instrumento legal que «no restrinja aún más el espacio cívico».
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