Caracas.- Ante los hechos ocurridos el viernes 1° de mayo, en el Centro Penitenciario de Los Llanos occidentales (Cepello), ubicado en Guanare, estado Portuguesa, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) emitió un comunicado oficial mediante el cual exigió al gobernante Nicolás Maduro justicia para los fallecidos y sus familiares.
En el texto, suscrito por la directora del OVP, Carolina Girón, se ofreció acompañamiento y apoyo a los familiares de las víctimas para exigir justicia y respeto a los derechos humanos ante instancias nacionales e internacionales.
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Asimismo, recogió manifestaciones de «profundo dolor y sinceras condolencias a los familiares de los privados de libertad que perdieron la vida a manos de las personas encargadas de su custodia y protección en nombre del gobierno de facto».
Según las investigaciones preliminares del OVP, los internos reclamaban que no les recibieran los alimentos que sus familiares llevaron al centro penitenciario. Presuntamente, la comida estaba retenida por efectivos de la Guardia Nacional (GN), hecho que los motivó a acercarse a la cerca que divide el área administrativa de la prevención y autoridades, para reclamar por la situación. A cambio, los efectivos les dispararon.
Por esta razón, la institución rechaza la tesis de que lo ocurrido fue un motín con intento de fuga, una pelea entre los internos o un enfrentamiento con los custodios, que esgrimió el Ministerio de Servicios Penitenciarios.
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El OVP destacó que ningún recluso fue encontrado en las afueras del penal. «Todos murieron o resultaron heridos dentro de las instalaciones del centro penitenciario, es decir, fueron masacrados por disparos provenientes del personal uniformado, ya que, dado el alto número de víctimas muertas o heridas, es evidente la desproporcionalidad de la reacción utilizada por los funcionarios hacia los presos», reseña el documento.
Resulta forzoso informar -reseña el documento- que el Centro Penitenciario de Los Llanos tiene una capacidad instalada para 750 reclusos. «Sin embargo, para el momento de la tragedia se encontraban 2.500 personas privadas de libertad en el recinto que, de acuerdo con estándares internacionales, implica un 333 % de hacinamiento crítico, el cual se agrava en la actualidad, al no cumplirse los requisitos mínimos para evitar la propagación de la Covid-19, tales como el uso de tapabocas, guantes y desinfección de los espacios físicos», indica el texto dado a conocer este domingo 3 de mayo.
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De acuerdo con el documento, el OVP formaliza las siguientes peticiones:
Es perentorio que se publique a la brevedad la identidad completa de las víctimas, fallecidas o sobrevivientes heridos para informar a los familiares.
Que los cadáveres sean entregados a los familiares para darles sepultura.
Una investigación inmediata, exhaustiva e imparcial, a los fines de establecer la
veracidad de los hechos, quiénes son los responsables materiales e intelectuales
de las muertes y lesiones a los privados de libertad, de manera que sean puestos
a la orden de la justicia.
Reparación integral que abarca a las familias: Investigación de los hechos, satisfacción mediante actos en beneficio de las víctimas, garantías de que no repetirán las violaciones de los derechos humanos e indemnización compensativa por daño material e inmaterial.
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