Ginebra.- La alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet, mencionó en su actualización del informe sobre la crisis venezolana, que un equipo de su oficina -cuyo tamaño no precisó- pudo volver a trabajar dentro de Venezuela y confirmó que el viernes 6 de septiembre logró ingresar por sexta vez en la cárcel militar de Ramo Verde.
En la sesión de apertura del Consejo de Derechos Humanos, Bachelet formuló denuncias contra las fuerzas de seguridad por abusos que están bien documentados, pero también reconoció que Maduro »ha hecho últimamente ciertas concesiones a su organismo».
Asimismo, admitió que tal como se lo había prometido el cuestionado gobierno de Nicolás Maduro, se excarcelaron a 83 personas, pero hizo hincapié en que quedan pendientes la liberación de la jueza María Lourdes Afiuni y del periodista Braulio Jatar.
Las críticas de Bachelet fueron, sin embargo, mucho más numerosas e incluyeron denuncias sobre casos de tortura y malos tratos físicos y psicológicos, de personas arbitrariamente privadas de su libertad, en particular de militares.
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Lamentó igualmente, que Nicolás Maduro no haya evidenciado ninguna voluntad de atender su solicitud de disolver la Fuerza de Acciones Especiales (Faes) adjunta a la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a la que se atribuyen ejecuciones extrajudiciales, y que en lugar de ello haya optado por reafirmarle públicamente su apoyo.
La ONU teme que el espacio democrático se reduzca aún más en Venezuela en caso de que se apruebe una ley que criminaliza las actividades de organizaciones de derechos humanos nacionales que reciben fondos del extranjero.
«Si esta ley es aprobada y se aplica reducirá más el espacio democrático. También lamento los ataques del gobierno contra la independencia de las universidades», dijo hoy Bachelet, al presentar información actualizada sobre la situación en Venezuela.
Por otro lado, sostuvo que empeora la crisis económica y social en Venezuela, que ha obligado a 4,3 millones de venezolanos a que abandonen el país, y que este se ha convertido en el caso de hiperinflación más grave experimentado en Latinoamérica.
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»Si en junio el salario mínimo mensual equivalía a 7 dólares, hoy representa solo 2 dólares, lo que significa que una familia necesitaría el equivalente a 41 salarios mínimos para cubrir la canasta básica familiar», sostuvo Bachelet.
En este ámbito, la alta comisionada reconoció el impacto que están teniendo las sanciones de Estados Unidos en el agravamiento de los derechos humanos en Venezuela.
Asimismo, el informe de Bachelet hace hincapié en la situación de 400.000 personas que sufren de enfermedades crónicas y que tienen acceso limitado a medicinas y tratamiento, mientras que 39 enfermos -incluyendo niños y niñas- esperan viajar al extranjero para recibir trasplantes, dentro de programas públicos.
Según la alta comisionada, algunas ONG que colaboraron con su organismo para preparar el último informe sobre Venezuela han sido denunciadas públicamente y sus representantes amenazados por altos funcionarios.
«Las represalias por colaborar con la ONU son inaceptables. Insto a las autoridades a que tomen medidas preventivas», señaló.
La situación en Venezuela será seguida de cerca en la sesión de tres semanas que ha iniciado el Consejo de Derechos Humanos, con el impulso del llamado «Grupo de Lima», conformado por países de la región que han reconocido a Juan Guaidó presidente legítimo del país.
EFE
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