Caracas.- Maikel Moreno era uno de los funcionarios que encabezaban la lista, presentada el 26 de marzo de 2020 por el Departamento de Estado norteamericano, acusados de narcoterrorismo. No es la primera vez que es señalado por el Gobierno de EE. UU., también la oposición venezolana lo acusó de favorecer los intereses del gobernante Nicolás Maduro en el máximo tribunal.
El 26 de enero de este 2023, la fiscalía federal del Sur de Florida presentó más cargos contra el ahora expresidente del TSJ. Lo acusa de participar en una conspiración para lavar en Estados Unidos fondos obtenidos a través de operaciones de extorsión en el país.
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Según los documentos de acusación penal, el ahora magistrado de casación penal tenía el poder de influir en las decisiones judiciales en Venezuela por ostentar la autoridad para determinar los jueces que escucharían casos en el TSJ y nombrar o destituir a los menores.
Denuncias de homicidio
Aunque su nombre se ha hecho más relevante desde que tomó las riendas del TSJ, su carrera no comenzó en los juzgados, sino en la antigua Disip. El expresidente del Poder Judicial era, en el pasado, un funcionario del cuerpo de seguridad, conocido hoy como Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Sus vínculos con el sistema judicial no han sido solo como juez, también como acusado. Sobre su carrera pesan dos denuncias de homicidio: una corresponde al año 1987 y otra al año 1989. Según el expediente 552755, Moreno fue acusado de participar en el asesinato de Rubén Gil Márquez; mientras que en 1987 fue relacionado con el asesinato de un hombre en Anzoátegui. Por los dos casos recibió beneficios procesales que lo libraron de pasar largas temporadas en la cárcel.
Su carrera en el sistema judicial venezolano comenzó en 1990. Se formó como abogado en la Universidad Santa María, de donde egresó en el año 1995.
Aunque en su trayectoria también destaca haber sido uno de los escoltas del expresidente de la República Carlos Andrés Pérez, una de las figuras más críticas de Hugo Chávez y a quien este intentó derrocar del poder en 1992, eso no fue obstáculo para que Moreno se acercara al chavismo.
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Dentro de sus decisiones más polémicas se recuerdan la privativa de libertad dictada al excomisario Iván Simonovis y la defensa de Richard Peñalver, quien pasó a la historia como el pistolero de Puente Llaguno en abril de 2002.
Moreno también llevó el caso de la senadora Haydeé Castillo y su esposo. Fueron acusados de tener explosivos C4. El hijo de ambos murió en un supuesto enfrentamiento en Caracas, en medio de vinculaciones con el asesinato del fiscal Danilo Anderson.
La carrera de Moreno en el sistema de justicia venezolano tuvo una interrupción en el año 2007. Una comisión de reestructuración judicial lo destituyó como juez argumentando que aceptó sobornos en el caso de asesinato de la abogada Consuelo Ramírez Brandt, reseña el Nuevo Herald.
Sin embargo, esa medida no alejó al polémico abogado de los círculos de influencia de Maduro. Mientras estuvo alejado del Poder Judicial ejerció de diplomático en la embajada de Venezuela en Roma, asesoró en materia constitucional a la Asamblea Nacional y, pese a las dos denuncias de homicidio y su destitución, fue nombrado en 2017 por Nicolás Maduro presidente del Tribunal Supremo de Justicia.
Muro de contención
Durante el balance de gestión que presentó en 2020 tras un año más a la cabeza del Poder Judicial, el propio Maikel Moreno aseguró que mientras estuviera al frente del TSJ sería un muro de contención para evitar que la oposición atentara contra la gestión del gobernante Nicolás Maduro.
En julio de 2020, el entonces secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció que su país ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares por información que llevara al arresto y al enjuiciamiento de Maikel Moreno. En febrero de 2021 fue reelegido por dos años más para el cargo por los magistrados de la Sala Plena de la alta corte.
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Aunque se dice leal al oficialismo, el propio exasesor de Seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, dijo en abril de 2019 que negociaron con Moreno y Vladimir Padrino López la salida del poder de Maduro.
El exrepresentante del Poder Judicial venezolano no solo aparece en la lista de recompensas de Estados Unidos, también ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro por favorecer la permanencia de Maduro en el poder.
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