Luisa Ortega Díaz: la ruta de una chavista que se separó de Maduro

Caracas.- En el año 2017 parada y con una hoja en la mano, Luisa Ortega Díaz, para ese momento Fiscal General de la República, le dijo al país, a través de un delgado micrófono y por transmisión de Venezolana de Televisión (VTV), que las sentencias 155 y 156, publicadas apenas un par de días atrás por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) constituían una ruptura del orden constitucional.

Pero aquella declaración de Ortega, de ese mediodía de finales de marzo, no fue la única que la separó del madurismo, le antecedieron por lo menos unas tres.

Luis Salamanca, politólogo y doctor en Ciencias Sociales, interpreta que la fiscal es una chavista que decidió no acompañar más a Maduro. Cree que su reacción se debió al miedo del naufragio o simplemente al deseo de figurar en la política nacional.

Tres años después de la decisión que la separó del madurismo, la ahora fiscal general en el exilio continúa ejerciendo medidas legales para hacer frente al régimen de Maduro al que acompañó por un corto tiempo. Sin embargo, en las filas del chavismo su historia sí es de larga data.

Su vida en la política

En 1998 formó parte del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200 (MBR-200), hoy Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), para apoyar la campaña presidencial del fallecido presidente Hugo Chávez, cuenta la periodista Lisseth Boon en un perfil de Ortega publicado en Runrunes.

Sin embargo, en el año 2014, en una entrevista que Ortega concedió a la BBC, el periodista le preguntó que si era chavista y ella respondió: «No, no milito en ninguna organización política. No lo he hecho nunca, porque la Constitución me lo prohíbe… Pero considero que el hombre más humanista que ha existido en el planeta se llama Hugo Chávez”.

Otro vínculo de Ortega con el chavismo es que está casada con Germán Ferrer, quien actualmente está en el exilio luego de que el gobierno de Maduro lo acusara de corrupción y extorsión, justo después de que Ortega Díaz se revelara. Ferrer fue diputado suplente a la Asamblea Nacional por el Partido Socialista Unido de Venezuela en representación del estado Lara. Además, fue diputado principal en el período 2006-2010 y recibió preparación política en Cuba, según Poderopedia. La hija de Ferrer y algunos sobrinos de Ortega se le han atribuido incorrectamente como sus hijos. Sin embargo, una fuente aclara que la fiscal en el exilio no tiene hijos.

De la mano de Isaías Rodríguez

Es en 2002 cuando inicia su carrera en el Ministerio Público como Fiscal Séptima del Área Metropolitana de Caracas. Cinco años más tarde es designada como Fiscal General de la República.

Isaías Rodríguez, embajador, exfiscal y exvicepresidente durante los primeros años del gobierno de Hugo Chávez, fue quien le dio ingreso a Ortega al Ministerio Público, cuenta un periodista especializado, con 13 años cubriendo la fuente judicial. Esta misma persona asegura que Ortega, siendo leal y cumpliendo las órdenes, llegó a ser mano derecha de Rodríguez, quien en 2007 la recomienda a Chávez para que ocupara el cargo de Fiscal General de la República.

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Rodríguez y Ortega nacieron en el mismo lugar, Valle de la Pascua, estado Guárico. Además, ambos eran los abogados asesores de los líderes de la lucha de los trabajadores de la industria textil en el estado Aragua.

Meses después de su ingreso al Ministerio Público fue nombrada fiscal sexta a nivel nacional. Entre sus investigaciones en ese cargo destacan la acusación contra los líderes del paro, Carlos Ortega (presidente de CTV) y Carlos Fernández (presidente de Fedecámaras), de los años 2002 y 2003 y la investigación contra la organización no gubernamental Súmate por haber recibido fondos del extranjero.

Luego de la muerte del fiscal Danilo Anderson, Ortega fue una de las fiscales que continuó con sus investigaciones: la acusación contra los excomisarios Iván Simonovis, Lázaro Forero, Henry Vivas y otros ocho funcionarios de la Policía Metropolitana por el caso del 11 de abril y también siguió las investigaciones contra los firmantes del decreto de Pedro Carmona.

Sobre la actuación de Ortega como fiscal sexta a nivel nacional, Alfredo Romero, director del Foro Penal Venezolano, advierte que hubo tergiversación en las investigaciones sobre el caso de abril de 2002, pues quedaron pendientes casos de varias personas asesinadas que simplemente «se engavetaron».

Posteriormente, Ortega fue designada directora general de Actuación Procesal, donde solo duró unos meses, porque en noviembre de 2007 se separó del cargo para postularse como candidata a Fiscal General de la República.

En ese entonces, se pronunciaron en contra de la designación el padre José Palmar y el periodista Leocenis García. Ambas figuras argumentaron que Ortega no se inhibió en la investigación de la empresa Multiconsumo Mónaco, involucrada en las denuncias sobre corrupción del exgobernador de Guárico, Eduardo Manuitt, y de quien ella era representante jurídico; en cambio, tomó el caso como fiscal violando el artículo 58 de la Ley contra la Corrupción.

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Sí a la represión de hoy, no a la de ayer

En el año 2014, Ortega fue designada nuevamente como Fiscal General de la República. Tal como lo confesó en su programa Con el Mazo Dando en VTV, el vicepresidente del Psuv, Diosdado Cabello, fue él quien, como presidente de la Asamblea Nacional, convenció a sus colegas de mayoría chavista, de que designaran a Ortega, una vez más, como máxima representante del Ministerio Público.

En 2014 y 2015 la gestión de Ortega se mantuvo igual a los años anteriores, pasiva y sesgada, describe Romero. Las protestas opositoras de 2014, similares a las de 2017, aunque distintas en escala e intensidad, fueron atendidas de modo distinto al que luego le dio la fiscal general antes de se destituida por la Asamblea Nacional Constituyente e irse al exilio.

Según las declaraciones de Ortega a diversos medios, la violencia, durante las protestas del 2014, era ejercida principalmente por los manifestantes. La violencia que envolvió al país de febrero a junio de ese año causó la muerte de 43 ciudadanos y lesiones a 878 venezolanos.

Por las protestas de 2014, que se iniciaron precisamente alrededor de la sede de la Fiscalía en Parque Carabobo, el Ministerio Público, bajo la jefatura de Ortega, acusó a 402 personas y privaron de libertad a 41, de ellos 27 son civiles y 14 funcionarios de la fuerzas de seguridad, de acuerdo con un balance publicado en el año 2015 por la Fiscalía.

Sin embargo, el Foro Penal Venezolano (FPV) y el Colegio de Abogados evaluaron la actuación del Ministerio Público como lenta y sesgada. Ese año, el FPV denunció más de 50 casos de malos tratos y torturas, afirma Romero. Explica que en cuanto a los asesinados sí hubo decisiones y personas condenadas. Pero advierte que «hay casos en los que evidentemente ha habido cierta lentitud en las investigaciones, por ejemplo, el caso de José Alejandro Márquez, que fue una persona torturada y asesinada. Por ello, hay un guardia del pueblo detenido, pero los demás están libres, aunque fue un comando que lo asesinó a golpes entre todos».

A pesar de que no fueron investigadas las más de 50 denuncias sobre casos de torturas que realizó en su momento el Foro Penal, Ortega ese mismo año encabezaba la Comisión por la Justicia y la Verdad, donde se investigaban casos de violación de Derechos Humanos ocurridos entre 1958 y 1998, período de la democracia venezolana que antecedió al chavismo. La investigación, que llevaron a cabo los fiscales del Ministerio Público bajo la presidencia de Ortega, inició en el año 2013 y presentó su informe final en febrero del presente año.

Asimismo, en el año 2015, el dirigente de oposición Leopoldo López fue sentenciado a 13 años de prisión. Se le acusó de incendio intencional, instigación pública, daños a la propiedad pública y asociación para delinquir en el marco de las protestas de 2014. Sin embargo, meses después el exfiscal Franklin Nieves, uno de los que llevó el caso de López, dijo -fuera del país y a través de un video- que las pruebas con las que se condenaron a López eran falsas.

El exfiscal argumentó que recibió presiones de sus jefes jerárquicos y del Palacio Miraflores, y que esas mismas presiones le hicieron huir fuera del país junto a su familia. En ningún momento Nieves nombró a Ortega. Pero sobre esta denuncia, en una entrevista al noticiero de Venevisión, Ortega comentó que el exfiscal no dijo nada en concreto, sólo generalidades, y que si en algún momento lo presionaron él debió inhibirse o actuar según lo que está contemplado en la Constitución.

Chavista, pero no madurista

Antes del quiebre mediático de Ortega con el madurismo, aquel 31 de marzo de 2017, le anteceden al menos tres declaraciones que dan indicios de una fiscal apegada a sus funciones.

El tres de febrero del año 2016 Ortega reveló las cifras de homicidio en su rendición de cuentas de 2015. Esta fue la primera vez que lo hizo, luego de ocho años de gestión. En ese momento indicó que en el año 2015, por cada 100.000 habitantes asesinaron en Venezuela a 58 personas.

Asimismo, el 14 de marzo de ese mismo año escribió en su cuenta de Twitter: «Informo al país que hemos localizado los restos de las personas desaparecidas en Tumeremo».

Además en el programa Vladimir a la 1, transmitido por Globovisión, la Fiscal no descartó que cuerpos de seguridad del Estado hayan estado implicados en el hecho. Ambas declaraciones desmienten al gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, quien había asegurado que la noticia de la masacre en Tumeremo era mentira y al ministro de Defensa, el general Vladimir Padrino López, quien había reprochado la asociación de las fuerzas armadas en el hecho.

A esas declaraciones se le suma una más, en julio de 2016, cuando Ortega criticó la actuación de los funcionarios que participan en la Operación para la Liberación y Protección del Pueblo (OLP), pues de acuerdo con las denuncias ante el Ministerio Público violan los Derechos Humanos.

La OLP es un plan de seguridad creado por el presidente Nicolás Maduro en julio de 2015 para «liberar al pueblo de las bandas criminales».

Pero la declaración de Ortega contra la sentencia 155 y 156 del TSJ fue la que marcó un quiebre con el madurismo. En una carta, con fecha de 17 mayo, Ortega declina a la invitación que le hizo Elías Jaua, presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de que la fiscal participara en una reunión que se celebró en Miraflores semanas atrás. En la carta, Ortega escribió sobre la convocatoria a la ANC: «No es necesario, conveniente, ni pertinente”. En cambio, defendió la Constitución de 1999 por ser esta “inmejorable”, además de ser “el mayor legado del presidente Hugo Chávez».

Una semana más tarde, Ortega se pronunció sobre la violencia y los hechos ocurridos en las últimas semanas de protestas en el país. Ese día, Ortega desnudó al madurismo. Dijo que el joven Juan Pernalete había sido asesinado por el impacto de una bomba lacrimógena.

Dicha declaración la desmintió al ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, quien había indicado que posiblemente el joven había sido asesinado con un arma de perno, y al diputado Diosdado Cabello, quien aseguró que en Altamira, en la zona donde fue impactado Pernalete, no estaba la Guardia Nacional.

El despecho de Diosdado

Esta declaración bastó. Pasaron solo horas para que portavoces del oficialismo rechazaran la posición de Ortega y se pronunciaran en su contra. Entre ellos estuvo Pedro Carreño, diputado a la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico; Isaías Rodríguez, embajador en Roma, representante de la Comisión Presidencial para la Constituyente y exfiscal general de la República; Aristóbulo Istúriz, ministro de las Comunas; Néstor Reverol, ministro de Interior, Justicia y Paz, y Vladimir Padrino López, ministro de Defensa.

Diosdado Cabello, por su parte, le dedicó la edición de su programa Con el mazo dando. «Voy a dedicar este programa a algo que no se consigue en ningún lado, sino en los principios y en los valores como la lealtad, porque es algo que no se puede hacer a medias».

A pesar de las reacciones de los dirigentes del chavismo, las declaraciones Ortega continuaron. El primero de junio apareció nuevamente antes las cámaras frente al TSJ. Esta vez para introducir un documento a la Sala Constitucional con el fin de solicitar la aclaratoria sobre la sentencia 378. Ortega explicó a los medios de comunicación que dicha sentencia parece ser un retroceso en materia de Derechos Humanos, así como también cuestionó si se ha perdido en el país las democracia participativa y protagónica.

La declaración de Ortega tuvo su efecto. Horas más tarde, el presidente Nicolás Maduro dijo que la nueva Constitución, producto de la Asamblea Nacional Constituyente, será llevada a referendo consultivo, aunque la declaración no responde a las interrogantes que le planteó Ortega a la Sala Constitucional del TSJ.

Otra de las reacciones a las declaraciones de Ortega fue la protesta de los oficialistas frente a la Fiscalía, el viernes dos junio, para manifestar el rechazo de la postura de Ortega sobre la Asamblea Nacional Constituyente.

El cambio y sus causas

Romero explica que el cambio en la gestión de Ortega, no fue suficiente. Explica que la Fiscalía, mientras estaba al frente Ortega Díaz, tuvo una actitud pasiva sobre las denuncias de torturas.

El politólogo Luis Salamanca analiza que las causas del cambio de Ortega pueden tener dos explicaciones: salvarse personalmente del naufragio del chavismo o el deseo de ser un líder político. Además, señala que la actitud de Ortega en las declaraciones del 2017 la dibujaron como una líder política: el elemento sorpresivo, apegado al Estado de Derecho, con la intención de hacer justicia. Además comenta que se separa del madurismo, pero en búsqueda de rescatar el legado Chávez.

Sin embargo, para Isaías Rodríguez, que la conoce de cerca y estuvo en sus zapatos, las declaraciones de Ortega obedecieron a que ha caído en las redes antirrevolucionarias.

Los poderes de la Fiscal

La presidenta del Colegio de Abogados de Caracas, Yvette Lugo Urbáez, explicó que Ortega tenía el monopolio de la acción penal. «Ella puede solicitar el antejuicio de mérito a altos funcionarios públicos: a ministros, jueces e incluso al presidente de la República», explicó la jurista a El Pitazo en marzo de 2017.

Lugo Urbáez comentó que Ortega pudo iniciar cualquier procedimiento penal. «Con todas las atribuciones que tiene legalmente puede cambiar muchas cosas en este país», aclaró en aquel entonces.

Otra de las actuaciones que pudo realizar Ortega, explicó Alfredo Romero, es crear una plataforma jurídica para una transición que implica establecer responsabilidades concretas de las personas que están quebrando el hilo constitucional en el país, aquellos funcionarios de alta jerarquía que utilizan el poder para reprimir. Aunado a diseñar los planes de transición de la justicia con diversas instituciones implicadas en el área penal.

Como ya lo dijo Aristóbulo Istúriz, y recalcaron Lugo y Romero, la Constitución venezolana le otorga un gran poder a la Fiscal General de la República y Ortega lo tuvo mientras estuvo al frente del cargo.

Luego de separarse públicamente de la línea madurista, su gestión estuvo más apegada al cumplimiento de sus funciones, señalaron los abogados, a pesar de que no se conoció formalmente la motivación de su cambio.

Desde el exilio

Tras ser destituida de su cargo el 5 de agosto de 2017 por El Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional Constituyente de Nicolás Maduro, Ortega Díaz se va al exilio y desde allí continúa ejerciendo acciones en contra del gobierno madurista al que ahora cataloga como una dictadura. La destitución de Ortega Díaz fue rechazada por la AN, que aseguró ser el único poder legítimo en el país al que le corresponde tomar tal decisión.

Recientemente Ortega Díaz aseguró que la tiranía de Maduro quedó en evidencia tras votar en contra de resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la responsabilidad de proteger a las poblaciones del genocidio, los crímenes de guerra y de lesa humanidad.

También han sido blanco de sus denuncias varios ministros tanto de Chávez como de Maduro, más recientemente el exministro de Obras Públicas,  Haiman El Troudi, a quien señaló de encabezar una trama de corrupción con obras adjudicadas a la constructora Odebrecht y no terminadas.

Otras de las denuncias hechas por la fiscal en el exilio apuntan a los casos de Raúl Gorrín, dueño de Globovisión, investigado también por hechos de corrupción y a quien Ortega Díaz señaló como testaferro del presidente del TSJ, Maikel Moreno.

De acuerdo con Ortega Díaz, la súbita fortuna obtenida por Gorrín se deriva de múltiples operaciones fraudulentas relacionadas con la Oficina Nacional del Tesoro, «que le permitió apoderarse de miles de millones de dólares», según precisó en un video publicado en su canal de Youtube, en el que denomina el caso de corrupción de Raúl Gorrín como «la lavadora del régimen».

La ministra de Asuntos Penitenciarios, Iris Varela, la Masacre del Junquito y más recientemente lo que tiene que ver con Álex Saab, empresario colombiano señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro y haber incurrido en corrupción con las compras de cajas Clap , son algunos de los casos con los que Ortega Díaz, desde su despacho en Colombia, presiona al gobernante que a través del brazo judicial la destituyó en agosto de 2017 y la obligó a exiliarse junto con muchos de los dirigentes de oposición que ella misma, en el pasado, persiguió.