Barquisimeto.- Familiares de cinco de los veintidós asesinados en las protestas antigubernamentales de 2017 en el estado Lara exhortaron al fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, a ofrecer respuestas sobre las investigaciones de estas muertes. Este jueves, 6 de mayo, ofrecieron una declaración con el respaldo de la Red de Derechos Humanos del estado Lara, Movimiento Vinotinto y la Alianza de Familiares y Víctimas.
El titular del Ministerio Público anunció que enviaron un informe a la Corte Penal Internacional (CPI) sobre el enjuiciamiento a funcionarios del Estado por violaciones al derecho a la vida y a la integridad de manifestantes. La Red de Derechos Humanos del estado Lara, integrada por una veintena organizaciones no gubernamentales (ONG), califica esta actuación como una afrenta para las víctimas de represión.
«No han realizado la correspondiente citación a los funcionarios involucrados, en las fiscalías se han presentado múltiples obstáculos a los familiares para el acceso a los expedientes y no se ha identificado a los responsables de ordenar y ejecutar las acciones armadas contra las personas fallecidas o torturadas. Incluso, existen evidencias de pérdidas de pruebas y documentos en los expedientes”, reza un pronunciamiento realizado por la coalición.
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A casi cuatro años de la represión en las protestas, familiares de las víctimas relataron que todavía no hay detenidos ni imputados por estos crímenes. «Seguimos buscando justicia», comentaron Luis Alejandro Sosa, papá de Manuel Sosa, asesinado por la Guardia Nacional en Cabudare el 25 de mayo, y Yaneth Hernández, madre de Yoinier Peña, joven con déficit cognitivo que recibió un impacto de proyectil en el oeste de Barquisimeto cuando iba de regreso a su casa.
Durán perdió a su hermano Roberto, de 24 años, en una manifestación en Barquisimeto en junio de ese año. «Se desempeñaba como auxiliar de camarógrafo, eso le permitía aún más ver la realidad detrás de las cámaras. Vivíamos el año 2017. Momentos duros de crisis por escasez de alimentos y largas colas para poder adquirir artículos de primera necesidad. Nuestra familia no escapaba de esa realidad y mucho menos él, que tenía dos niños. Tenían tres y cinco años cuando su papá decidió salir a protestar (…) Señor fiscal, su trabajo es garantizar que todos podamos tener acceso a la justicia, no engavetar los expedientes y decir mentiras con un informe», agregó tras recordar que el homicida de su hermano todavía no ha sido identificado y la investigación fue cerrada porque el MP alegó falta de pruebas.
Siete años de impunidad
Según cifras de Movimiento Vinotinto, la impunidad se mantiene en 91% de los asesinatos registrados en protestas antigubernamentales entre 2013 y 2020. «Queremos hacer un emplazamiento al fiscal general. Si realmente existe una voluntad para determinar responsabilidades, que establezca un cronograma, en conjunto con las organizaciones de familiares y de derechos humanos, para evaluar caso por caso. Son casi 300 venezolanos que murieron en manos de los cuerpos de seguridad«, declaró el abogado y representante de Movimiento Vinotinto, Manuel Virgüez. Igualmente, exhortó a Saab a autorizar la visita de una comisión de la CPI al país.
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