Caracas.- La mayoría de diputados opositores encabezados por Juan Guaidó, llevaron a cabo una sesión virtual este jueves 28 de mayo, para discutir varios puntos. Uno de ellos, la reciente decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que reconoce al diputado Luis Parra (Yaracuy) como presidente del Parlamento y la cual califican de “acción política”.
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La sesión también sirvió para retar, de cierta forma, lo estipulado en la decisión número 65 y que prohíbe la realización de sesiones virtuales y amenaza con cárcel a los diputados si se reúnen o sesionan sin ser convocados por el diputado Parra.
Los diputados ratificaron que la única junta directiva que reconocen es la encabezada por Juan Guaidó en la presidencia; Juan Pablo Guanipa en la primera vicepresidencia y Carlos Berrizbeitia en la segunda vicepresidencia.
Según Guaidó, quien criticó que se le llame TSJ a lo que dice es un grupo de abogados al servicio de Nicolás Maduro, la decisión tenía dos objetivos: confundir a la opinión internacional y generar miedo.
Aseguró que no acatarán lo que calificó de acción política y que seguirán adelante en sus acciones por lograr un cambio político y un gobierno de emergencia.
Por su parte, el diputado Rafael Veloz (Distrito Capital-VP) señaló que la decisión fue un “mero trámite político” y recordó el antecedente de los alcaldes Enzo Scarano y Daniel Ceballos en cuanto al desacato.
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Mientras el diputado Juan Pablo Guanipa (Zulia-PJ) llamó a “no caer en el juego del chavismo-madurismo” y a intensificar la lucha. El acuerdo aprobado por los diputados contempla no solo rechazar y desconocer la decisión número 65 del TSJ sino también investigar a los diputados Luis Parra, Franklin Duarte y José Gregorio Noriega por soborno, chantaje y usurpación.
Pedirán a Luisa Ortega Diaz que investigue y determine las responsabilidades penales a que hubiese lugar.
Alertan también a organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la ONU, la Unión Interparlamentaria y el Parlatino y Parlasur la posibilidad de privar de libertad a diputados y personal parlamentario.
En cuanto a la investigación a Parra y el resto de diputados que han pretendido instalar una Asamblea paralela, se le consultó a Guaidó que ha pasado con el informe de la Comisión especial que investigó los hechos de corrupción ocurridos en la Comisión de Contraloría y que lleva cuatro meses de mora. Al respecto, no especificó cuándo sería consignado este informe.
Caso Crystallex
Los diputados opositores también debatieron sobre el reciente caso de la empresa canadiense Crystallex y la demanda que se lleva a cabo en un tribunal de Delaware y que pone en riesgo las acciones de la filial Citgo.
El diputado Elias Matta (Zulia-UNT) pidió declarar la responsabilidad política de Nicolás Maduro y de su procurador Reinaldo Muñoz Pedrosa y también que la Asamblea investigue “a profundidad “ las decisiones tomadas en 2018 con respecto a este caso y que pudieron generar un daño a la República.
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“Citgo está por perderse por culpa de Maduro y el gobierno interino se ha encargado de protegerla”, dijo Matta.
El acuerdo plantea además de declarar la responsabilidad política de Maduro Muñoz, al haber suscrito una inconstitucional transacción entregando más de cuatrocientos millones de dólares a esa empresa al margen del control presupuestario de la Asamblea Nacional, ratificar la nulidad de la transacción firmada por representantes de Crystallex International Corporation y el régimen de Maduro en septiembre de 2018.
También se iniciará una investigación para determinar la legalidad, eficiencia y eficacia de los contratos celebrados por el régimen de Hugo Chávez con la empresa Crystallex International Corporation, y estudiar las posibles acciones legales que resulten pertinentes.
Además, exhortan al Gobierno interino a que ejerza todas las acciones judiciales que aseguren la protección de las acciones de PDV Holding, Inc. frente a cualquier medida de embargo, tal y como fuera declarado por el Departamento del Tesoro a través de la Oficina de Control de Activos en el Extranjero (OFAC) el pasado 9 de diciembre de 2019, todo ello sin perjuicio de la posibilidad de renegociar cualquier reclamación legítima que pudiera desprenderse del laudo de 2016, que fue confirmado por las Cortes de Estados Unidos debido a las omisiones del régimen de Nicolás Maduro.
Por último, piden informar al gobierno de Canadá, país en el cual está domiciliada Crystallex Internacional Corporation y en el cual se adelanta el juicio de bancarrota de esa empresa, del acuerdo y los hechos en que se sustenta, a los fines de que se puedan iniciar las investigaciones correspondientes.
Fuerza Armada debe exigir respuestas
Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por más de 50 países, accedió a responder algunas preguntas de periodistas.
En relación a la llamada Operación Gedeón y al conocerse este jueves que el empresario Franklin Durán quedó privado de libertad acusado de financiamiento al terrorismo y traición a la Patria entre otros cargos, Guaidó insistió en que Durán es contratista del gobierno de Maduro y que eso confirma cómo y fue financiada la operación que se dio entre el 3 y 4 de mayo.
Hizo un llamado a la Fuerza Armada a que exijan respuestas de lo que verdaderamente ocurrió y no descartó que salgan más pruebas a la luz con respecto a estos hechos.
Guaidó confiesa que la intención de distraer por parte del gobierno de Maduro con este tema, se logró parcialmente ya que se estuvo hablado de lo ocurrido durante dos semanas.
Por otro lado, reconoció qué hay un reclamo al gobierno interino que lidera por no haber salido de la “dictadura” pero aseguró que siguen trabajando y escuchando las críticas para lograr el cambio efectivo de gobierno.
En relación a la reunión que sostuvo con presidentes de la región, indicó que se discutieron sobre los próximos pasos a seguir y Migración.
Uno de esos pasos podría estar relacionado con el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) del cual espera se pase de lo “técnico a la acción”.
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